La dictadura argentina explicada a los jóvenes: lo que no podemos olvidar en el 50º aniversario del golpe de Videla

"Nadie nos advierte, pero el infierno vive en nosotros bajo la forma de la indiferencia". En Teoría de la gravedad (Libros del Asteroide), la periodista y escritora argentina Leila Guerriero avisa del terror del olvido y la deshumanización. Está ocurriendo en su propio país, que este martes conmemora el 50º aniversario del golpe de Estado que llevó a la dictadura militar y donde, desde la propia presidencia del ultraderechista Javier Milei, se aboga por el revisionismo y la desmemoria. 

La tiranía encabezada por el militar Jorge Rafael Videla comenzó el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron al Gobierno constitucional de Isabel Perón e instauraron el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Todo un eufemismo que escondía un régimen cívico-militar caracterizado por el terrorismo de Estado, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, la censura, la persecución política y una profunda reestructuración económica que no ponía a los más necesitados por delante. 

El país americano vivía en una situación compleja, de una severa crisis económica y una fuerte inflación, con alta conflictividad social y sindical, con violencia política entre grupos armados (como los Montoneros o Ejército Revolucionario del Pueblo) y grupos parapoliciales como la Triple A. El Ejecutivo de Perón estaba en entredicho y las fuerzas sublevadas justificaron su intervención afirmando que venían a "restaurar el orden". 

"Combatiremos sin tregua a la delincuencia subversiva hasta su total aniquilamiento", prometió Videla. Lo cumplió, dejando por el camino más de 30.000 desaparecidos, unos 500 bebés robados de sus padres y entregados a familias afines al poder, casi 600 centros de tortura donde se refinaron técnicas brutales. No, no fue una "guerra", como dice Milei. Fue una apisonadora, una trituradora de carne. Aún quedan muertos por encontrar, cuerpos por enterrar, identidades por recomponer, familias por unir, torturadores y asesinos por pagar.

En El HuffPost hacemos repaso de lo que fue y lo que supuso, para que no ganen ni el olvido ni la manipulación. 

El golpe

El 24 de marzo de 1976,  las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta legítima, María Isabel Martínez de Perón, interrumpiendo su mandato constitucional. Argentina ya tenía experiencia golpista: desde 1930 en adelante, el país fue escenario de al menos un golpe de Estado por década (1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976), lo que mostraba la debilidad de las instituciones democráticas y la constante presencia castrense en la vida política.

Esta vez, en cambio, fue dura como nunca. Las tres Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Aeronáutica) conformaron una Junta Militar que ocupó el Poder Ejecutivo, subordinando a todos los cuerpos de defensa y seguridad, y a los demás poderes del Estado, a su timón. La Junta ordenó la disolución de los poderes legislativos y la eliminación de los miembros de las cortes supremas nacionales y provinciales, dispuso el estrangulamiento de los partidos políticos y los sindicatos y suspendió la vigencia de la Constitución Nacional.

Se suele decir que se trató de una dictadura "cívico-militar", debido a que el Gobierno de facto contó con la participación, anuencia y complicidad de sectores de la sociedad civil (principalmente económicos, eclesiásticos y mediáticos), que favorecieron la aceptación social con campañas de desinformación, le ofrecieron un falso marco de institucionalidad y financiaron la empresa genocida para verse beneficiados con las medidas regresivas impuestas. Hay quien nunca salió vivo de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, uno de los lugares más aterradores destinados a interrogatorios y malos tratos, y quien hizo fortunas que aún hoy perduran.

A diferencia de Chile, donde el poder se personalizó en la figura de Augusto Pinochet, las Fuerzas Armadas argentinas ejercieron un poder colegiado con representación de las tres armas en las distintas juntas militares. La primera Junta Militar, conducida por el general Jorge Rafael Videla, gobernó el país desde marzo de 1976 hasta los primeros meses de 1981. Entre 1981 y 1983 se sucedieron otras tres juntas también encabezadas por generales del Ejército: Roberto Eduardo Viola (entre abril y diciembre de 1981), Leopoldo Fortunato Galtieri (de diciembre de 1981 a junio de 1982) y Reynaldo Bignone (de junio de 1982 a diciembre de 1983).

Los supuestos objetivos

Los golpistas mostraron su pretensión de refundar y reorganizar la nación, para cerrar una etapa que definían como de "caos, desgobierno y corrupción", todo lo que había favorecido el surgimiento y desarrollo de la denominada "subversión" que, claro, vinculaban con posiciones de izquierda y aconfesionales. 

La restauración del orden tenía primacía, como expone la historiadora local Gabriela Águila: las Fuerzas Armadas desplegaron una violenta represión con particular intensidad en los primeros años, que tuvo amplios efectos no solo sobre los sectores movilizados sino también sobre parte de la sociedad argentina. Su otro objetivo central fue la reestructuración de la economía, vinculada a la implementación del plan liberal del ministro José Alfredo Martínez de Hoz. "Propugnaba una restructuración profunda del patrón de acumulación vigente mediante la apertura de la economía y la liberalización de los mercados (particularmente el financiero), el drástico recorte de la presencia y el papel del Estado en la gestión económica, el fortalecimiento del sector financiero, la reducción de la centralidad que ostentaba la industria en la estructura socioeconómica y la contracción de los salarios y de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso, para lo que contó con amplios apoyos en ámbitos económicos nacionales e internacionales", expone.

En su mecanismo, necesitaron cambiar el sistema político y la relación con los partidos, la política sindical y laboral, las políticas educativas y culturales, además del autoritarismo, la censura y las restricciones a los derechos ciudadanos, "lo que denota un proceso global de una amplitud y unas características que aparecen como inéditas en la historia nacional por su profundidad y amplitud". Sin embargo, la implementación de las metas y propósitos de los golpistas "mostró vaivenes y contradicciones, derivados en gran parte de la existencia de conflictos, tensiones e incluso de proyectos divergentes en el seno del gobierno militar". 

En lo que no había dudas era en la mano dura. 

Terrorismo de Estado

La dictadura se caracterizó por el ejercicio del terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas impusieron un Plan Sistemático de desaparición, tortura y exterminio de un sector de la población civil, cuya finalidad era generar terror en toda la sociedad, para eliminar cualquier resistencia a sus políticas y disciplinar a los ciudadanos. 

Su metodología de amedrentamiento social consistía en poner los recursos del Estado al servicio de crímenes como el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato de todos aquellos que se oponían a los modelos económicos liberales en el territorio nacional y del ocultamiento y de la negación de esos crímenes. Durante esos años proliferaron los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, los secuestros en la vía pública, los operativos espectaculares, las simulaciones de enfrentamientos o de accidentes, entre muchos otros métodos que aterrorizaban a la población, para desarticular los movimientos de organización social, sindical y política.

En los juicios de lesa humanidad seguidos contra los miembros de la última dictadura, los jueces han ido adoptado con los años el término "terrorismo de Estado" para brindar una definición jurídica justa. 

Los militares ya habían comenzado a reprimir a grupos guerrilleros aún antes del golpe, en 1975, pero obviamente se disparó cuando no había Gobierno ante el que rendir cuentas, porque el poder era propio. Las víctimas potenciales de la represión eran, sobre todo, aquellos con una actuación militante o una vinculación en algún grado con lo que la jerga policial y de inteligencia denominaba "bandas de delincuentes subversivos" o "bandas de delincuentes terroristas", constituidas en primer lugar por las organizaciones político-militares de izquierda, incluidos sus frentes legales o estructuras de superficie barriales, sindicales y estudiantiles. 

Sin embargo, la categoría "delincuente subversivo" poseía alcances tan amplios como difusos, y en ella fueron incluidos tanto los militantes de las organizaciones guerrilleras como los integrantes de otras corrientes, en general de izquierda. Al final, el terror se hizo generalizado y hasta superó fronteras, como demuestra la Operación Cóndor, una red de terror transnacional secreta que permitía a los regímenes represivos de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay perseguir a opositores en el exilio.

En términos más amplios, la dictadura cercenó las libertades públicas, limitó la participación política y censuró las expresiones de disidencia. A la vez que ostentó una faceta clandestina o paralegal en lo represivo, recurrió como estrategia de legitimación a la continuidad de un conjunto de mecanismos institucionales, como la vigencia de la propia Constitución nacional, que no eran más que fachada. 

Por ejemplo, para tapar la represión hacia el movimiento obrero, que quedó desarbolado, con efectivos militares y policiales ocupando plantas y fábricas en las principales zonas industriales del país, estableciendo rigurosos controles sobre los trabajadores de empresas estatales y privadas y con numerosas detenciones e incluso desapariciones de dirigentes, delegados y activistas, la inmensa mayoría vinculados a corrientes sindicales de izquierda o antiburocráticas. Se prohibieron las actividades político-gremiales y se suspendieron las negociaciones colectivas; se suprimieron los fueros sindicales; se suspendió el derecho de huelga y se modificó el régimen de contrato de trabajo, lo que afectaba la estabilidad en el empleo y eliminaba garantías laborales.

La represión se dirigió también de forma muy señalada hacia el sistema educativo y se tradujo no sólo en la persecución y la desaparición de docentes y estudiantes, sino también en el control de los contenidos de la enseñanza, la imposición de rígidas medidas disciplinarias para los alumnos y la erradicación de las actividades políticas en escuelas y universidades. La nueva propuesta educativa tenía objetivos ambiciosos y la reforma de planes de estudio fue el medio a través del cual se propuso internalizar en los niños y jóvenes un conjunto de valores y dogmas tradicionales, representados en el trípode Dios-Patria-Hogar.

En el caso de la universidad, nido de satanes para Videla y los suyos, hubo una reorganización formidable que eliminó carreras, impuso cupos, cerró campus, cambió planes de estudio... Los custodios de la seguridad interior, la "moral y las buenas costumbres" impusieron también una larga lista de prohibiciones que incluían libros y publicaciones, la censura de filmes y obras de teatro y la difusión de ciertos artistas y músicos, lo que cercenaba las posibilidades de expresión y de creación individual y colectiva, así como el derecho a gozar libremente de ellas. Lo mismo pasó con la prensa, donde la autocensura se impuso para conservar las cabeceras y las emisoras y hasta el pellejo. 

El uso de la violencia operó sobre la sociedad como un "contundente mecanismo de disciplinamiento social, produciendo temor, apatía, inmovilidad o generando conformismo o aceptación pasiva del nuevo orden de cosas y, en otra dimensión, reduciendo al mínimo las expresiones de cuestionamiento al régimen", expone la especialista. Nunca se buscó, dice, una base de masas, sino la despolitización y desmovilización social.

Sistemático robo de niños

En Argentina, durante esta su última dictadura militar, fue habitual el robo de niños, especialmente bebés, hijos de los apresados en centros de detención y ejecución como la ESMA, Campo de Mayo o Pozo de Banfield. Funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios en espera de un nacimiento. Todo familias afines al régimen, amigos, conocidos o socios.

Se calcula que unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como botín de guerra por las fuerzas de represión. Algunos niños fueron entregados directamente a familias de militares, otros fueron abandonados en institutos de menores, otros vendidos... En todos los casos, se les anuló su identidad y se les privó de vivir con sus legítimas familias, se les robó el derecho de pertenencia, de saber sus orígenes. Habitualmente, se les educó precisamente en los valores contrarios a los que los suyos les hubieran dado en casa. 

En 2011, en el marco de la reactivación del proceso de justicia nacional, se realizó un juicio emblemático en el que se demostró la existencia de una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación sobre la población civil, un reconocimiento que estaba pendiente desde el Juicio a las Juntas.

Pero antes de eso, quienes han llevado siempre la bandera por la recuperación de estos niños con las Abuelas de la Plaza de Mayo. Las madres de aquellos detenidos, las abuelas de esos niños desvanecidos, crearon una organización no gubernamental ya en 1977, cuando el rigor de la dictadura lo hacía poco prudente, con la meta de localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos. 

Nada ni nadie detuvo a las Abuelas para buscar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Durante años, han alternado detectivescas con visitas a los juzgados de menores, orfanatos, oficinas públicas, a la vez que investigaban las adopciones de la época. Su trabajo ha dado como fruto la localización de 140 de aquellos niños.

Las consecuencias económicas y sociales

Durante los primeros meses posteriores al golpe de Estado, se llevaron adelante una serie de medidas de ajuste que implicaron el empobrecimiento de los trabajadores, una situación que sólo fue posible debido a la proscripción y persecución de los sindicatos, ya citada. 

Se puso a la cabeza del Ministerio de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz –expresidente de la Sociedad Rural Argentina y hoy un héroe para buena parte del equipo de Milei- que inició un plan de ajuste de los salarios y adelgazamiento del Estado, seguido de una fuerte devaluación e hiperinflación. "La dictadura, en materia económica, significó un cambio en la matriz productiva de la Argentina, ya que se abrió indiscriminadamente la entrada de los mercados financieros internacionales, mientras se desprotegía a la industria nacional", exponía el propio Gobierno de Buenos Aires en una guía contra el negacionismo publicada en 2023. 

La caída de la industria implicó la pérdida de trabajo, la reducción del mercado interno y el crecimiento de la pobreza estructural. Las condiciones económicas fomentaban la llamada "bicicleta financiera" con la que se expoliaron fondos del Estado: un juego con el tipo de cambio interno y las tasas de interés permitía generar ganancias extraordinarias en poco tiempo, sin necesidad de producir o dejar riqueza en el país. También se inició la escalada de endeudamiento externo, cuando en 1982 el Estado se hizo cargo de las deudas tomadas por las grandes empresas privadas argentinas en el extranjero.

En 1974, la participación del ingreso de los sectores asalariados en el PBI era del 45%, al final de la dictadura se había reducido al 22%. La deuda externa pasó de 7.900 a 46.500 millones de dólares, y de representar el 34% del PBI al 72%. La pobreza pasó del 3,2% de la población al 28%, y el desempleo del 3,3% al 5,3%. Así que no, el ordeno y mando no trajo la prosperidad al país. 

El fin

Ya en 1983, la dictadura argentina cayó debido a la profunda crisis económica, la presión social y el fracaso militar en la guerra de Malvinas, librada contra Reino Unido (unas islas que Milei promete recuperar, por cierto). 

El colapso del régimen fue acelerado por la inflación descontrolada, la resistencia obrera creciente, las movilizaciones de derechos humanos (empezando por las Madres de Plaza de Mayo) y la pérdida de apoyo político general, que acabó llevando a unas elecciones democráticas en octubre de ese año.

La derrota en Malvinas, en el 82, fue clave: la ocupación de las islas, iniciada como un intento de desviar la atención de la crisis interna, resultó en una derrota militar que deslegitimó definitivamente a la junta militar, encabezada ya por Galtieri. De fondo, la fuerte recesión, la hiperinflación, el cierre de bancos y una devaluación masiva erosionaron el apoyo que ciertos sectores de la clase media y, desde luego, la empresarial habían dado al régimen.

A pesar de la represión, la clase trabajadora mantuvo en jaque al poder con huelgas, destacando la gran movilización del 30 de marzo de 1982 bajo la consigna "paz, pan y trabajo", que demostró el descontento popular a las claras. A ello se sumó la enorme sensibilidad social por los desaparecidos, sobre todo por la pista de los niños, que ya se denunciaba abiertamente como posibles crímenes de lesa humanidad. La atención y la presión internacionales ayudaron a que el régimen de Buenos Aires se viera más aislado. 

Ante el colapso generalizado, el último dictador, Reynaldo Bignone, tuvo que pactar una salida electoral, lo que permitió el retorno a la democracia. Raúl Alfonsín se convirtió en el primer mandatario en la vuelta a la democracia, el 10 de diciembre de 1983, en nombre de la Unión Cívica Radical, una mezcla centrista con ramalazos socialdemócratas y liberales. 

La asunción de responsabilidades

Argentina, haciendo un admirable esfuerzo de revisión, ha sabido en estos 50 años hacer de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia su eje de presente y futuro. Ha sabido que no bastaba con dar el portazo, sino que era necesaria la verdad y la reparación, por eso se ha dado una respuesta institucionalizada a las violaciones a los derechos humanos, a partir de la necesidad de enfrentar y reparar las heridas del pasado, sin seguir el modelo de la transición pactada que España estaba implementando y que hizo que más de uno de fuera de rositas. Ahora, hasta atiende represiones de otros lugares, como España, en busca de una justicia realmente universal.

Tras el retorno de la democracia en 1983, el Estado asumió la responsabilidad de juzgar a los responsables de los crímenes, pero es verdad no puso el mismo empeño en buscar los cuerpos de las víctimas. A eso se sumó la negativa de los militares a brindar información sobre su paradero y, más recientemente, a los recortes presupuestarios dispuestos por el ultraliberal Milei en el área de derechos humanos. Ahí sí que queda una enorme laguna de conocimiento, justicia y asunción de responsabilidades. 

Pero vayamos a lo hecho: apenas cinco días después de asumir, el Gobierno de Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), una comisión de la verdad presidida por el escritor Ernesto Sábato, y ordenó la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El célebre informe parido por esa comisión, Nunca más, recopiló más de 8.000 casos de torturas y asesinatos cometidos por los militares y sirvió de base para edificar la acusación del fiscal Julio César Strassera contra la Junta militar en el primer juicio por terrorismo de Estado realizado por una democracia. 

El 9 de diciembre de 1985, tras ocho meses de juicio y 90 jornadas de audiencias orales, el Juicio a las Juntas concluyó con las condenas de Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti. Son los nombres de la infamia. Para la gloria de la humanidad, en cambio, quedan los de los fiscales Julio César Strassera o Luis Gabriel Moreno Ocampo. 

Más tarde, al año, la presión de la cúpula militar después de tres intentos de levantamientos -porque no todo el veneno se había evaporado- llevó al Gobierno a promulgar las llamadas "leyes del perdón", que sirvieron como un instrumento legal para frenar los juicios contra los militares de rangos medios y bajos por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y por lo tanto, garantizar su impunidad. 

Mientras la Ley de Punto Final de 1986 estableció la paralización de los procesos judiciales en curso contra los autores penalmente responsables de desaparición forzada, la Ley de Obediencia Debida de 1987 decretó la no culpabilidad de militares de bajo rango al actuar en cumplimiento de las órdenes de sus superiores.

Entre 1989 y 1990, una decena de decretos presidenciales firmados por el entonces mandatario, Carlos Menem, bajo el argumento de alcanzar la pacificación nacional concedieron el indulto a los jerarcas del régimen presos en el Juicio a las Juntas, además de otros líderes de organizaciones guerrilleras, civiles y militares procesados. Los indultos provocaron protestas multitudinarias en las calles del país, en contra de la impunidad, y reafirmaron la urgencia de una sociedad en búsqueda de verdad y justicia.

Las leyes del perdón se mantuvieron vigentes por dos décadas, hasta que en 2003 el presidente Néstor Kirchner anuló ambas normas, reactivando las causas paralizadas desde finales de la década de los 80 del pasado siglo. Dos años después, la Corte Suprema declaró inconstitucionales ambas leyes y reafirmó la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad.

Desde 2006 hasta hoy, un total de 1.231 personas han sido condenadas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en 361 sentencias. Según el último revelamiento de la Procuraduría, existen 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación preliminar.

El paso atrás de Milei

Han pasado 50 años, Argentina ha mirado al abismo, se ha enfrentado a sus fantasmas y sigue peleando para que todas las deudas pendientes de entonces dejen de serlo. Y, sin embargo, a finales de 2023 eligió a un presidente que, entre otras cosas, legitima la dictadura, porque le quita hierro. Unos dicen que blanquea, otros que niega, otros que relativiza, otros que justifica. 

Milei no es tan torpe como para decir abiertamente "qué rebueno fue Videla y su cuadrilla", lo que afirma es que era necesario abordar la inseguridad en las calles, que achaca a la izquierda (los "zurdos", los "comunistas"), y que la junta militar aportó una riqueza económica que aplaude. A su entender, los motivos para el levantamiento estaban ahí, cuando el mandatario habla de "caos" y señala a los grupos guerrilleros, por ejemplo. Afirma que "durante los 70 hubo una guerra" entre el régimen militar y las organizaciones armadas, en la que las Fuerzas Armadas "cometieron excesos", pero no habla de un comportamiento sistemático. 

Una de las cosas que más escuecen es que su gabinete cuestiona la cifra de 30.000 desaparecidos (oficialmente, la dictadura no reconoció más de 8.000 y esa ese es el relato al que se aferra la ultraderecha) y mantiene un asedio constante a los organismos públicos enfocados en la memoria y los derechos humanos, a los que recorta presupuestos e invisibiliza en la vida pública. Como recuerda El País, por ejemplo, destaca la reducción de la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría y el recorte al Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA, instalado en el mismo sitio que hace cinco décadas se asesinaba. 

Va contracorriente, porque apenas el 7% de los argentinos tiene una imagen positiva del régimen militar impuesto el 24 de marzo de 1976, según una encuesta de Pulsar, el Observatorio de la Universidad de Buenos Aires. Argentina sabe, tiene memoria y no la pierde, porque las heridas siguen abiertas. Hace falta que su presidente también entienda la irreversibilidad del "nunca más".