La cuenta atrás llega a su fin: PP, Vox y Junts deciden el futuro de los inquilinos

Lo que empezó como un atisbo de plantón por parte de los ministros de Sumar tiene todos los visos de llegar a su fin este martes, apenas un mes después de que el PSOE accediese a aprobar la prórroga de los contratos de alquiler durante dos años y a limitar las subidas anuales al 2%. Pese al apoyo mayoritario de la población a las medidas (un 75% las respalda), no parece que Partido Popular, Vox y Junts vayan a dar su brazo a torcer y votar a favor de la convalidación de algo que, según reveló una encuesta del grupo parlamentario The Left, apoyan incluso sus votantes.

Pese a los malos augurios, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, se mostró este lunes confiado en que, si PSOE y Junts tuvieran la suficiente "voluntad política", podrían alcanzar un acuerdo para que el voto de los independentistas catalanes sea favorable. Según Bustinduy, Junts "puso sobre la mesa algunas condiciones para reconsiderar su voto". Mientras algunas son tan solo "matizaciones" asumibles, otra es la del IVA fraccionado, una "transposición de una directiva europea" que cuenta ya con el apoyo del Gobierno. "El acuerdo es perfectamente viable y posible", señaló el ministro, quien pidió además a todos los partidos que "escuchen a sus votantes".

En las últimas horas, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas también ha elevado la presión. Además de concentrarse frente a la sede del PP en la calle Génova, en Madrid, han enviado más de 100.000 cartas por correo electrónico a los 144 diputados que suman Partido Popular y Vox para "exigirles que no tumben las prórrogas". Este domingo, en Génova, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid Valeria Racu consideró un sinsentido "que ni siquiera un mero parche vaya a aprobarse". "La mayoría de sus votantes quieren que voten a favor de la prórroga, y eso que es una medida de mínimos", señaló.

Durante este mes, el ministro de Consumo también se dedicó, entre otras cosas, a enviar misivas, ya fuera a empresas como a Alberto Núñez Feijóo. Además de dirigirse al líder del PP "para solicitarle que reconsidere su posición respecto a una medida necesaria, razonable y provechosa para la ciudadanía de este país", el Ministerio informó también por carta a más de 500 empresas (fondos de inversión, inmobiliarias y bancos) que gestionan más de 50 viviendas cada una "de la obligatoriedad de aceptar las prórrogas de los alquileres" que se hayan solicitado durante este tiempo.

Porque lo que sí ha querido dejar claro Pablo Bustinduy es que, pese al escenario incierto que pueda abrir el rechazo al decreto, todas las prórrogas que se hayan pedido con la medida en vigor son obligatorias y "perfectamente legales". Aunque no se sabe con certeza el número total de inquilinos que han solicitado el aplazamiento, desde Consumo cifran las personas afectadas en "más de dos millones y medio".

"Ni un solo argumento real para votar en contra"

Aunque según Bustinduy pueda existir alguna posibilidad de que Junts reconsidere su posición, que lo haga el PP sería una quimera. Los de Feijóo dijeron desde el día uno que no iban a votar a favor, con el único argumento de que se trata de un decreto "de izquierdas". Si apoyan el decreto de rebajas fiscales, lo harán por ser "de derechas". Según el ministro de Consumo, "en todo este tiempo no ha habido un solo argumento real para oponerse a la convalidación del decreto", a excepción de lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien defendió que "quien tiene diez viviendas es porque se las ha ganado y tiene derecho a ponerlas al precio que le convenga". "Sería demasiado obvio, demasiado fácil, preguntarle a la señora Ayuso qué ha hecho para ganarse el ático en el que vive", deslizó el ministro.

El hecho de que ahora la parte de Sumar en el Gobierno se haya abierto a aceptar algunas de las peticiones fiscales de Junts, aunque no las comparta, el diálogo con los catalanes tampoco ha sido sencillo durante este último mes, sobre todo después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz los tildara de "racistas y clasistas". "Como no le gusta lo que votamos y lo que defendemos en el Congreso español, se revuelve insultándonos y no precisamente rebatiéndonos, que es lo que hacen los populistas. La gente que nos vota merece más respeto por parte de alguien que comparte un espacio político que prefirió pactar con el PP para echarnos de la Alcaldía de Barcelona. En todo caso, buen viento. La próxima vez que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizás viva mejor", escribió Carles Puigdemont, presidente de Junts, tras escuchar a la ministra de Trabajo.

Este lunes, después de la ventana de posibilidad abierta por Bustinduy, fuentes de Junts insistieron en que no votarían a favor de un decreto "que ya no se puede modificar". "No tenemos nada que negociar ni estamos negociando nada", defendieron para luego preguntar al PSOE "qué hará". "¿Seguirá sin aceptar que no tiene mayoría y queriendo aprobar sus propuestas solo por la puerta de atrás, como la regularización masiva o el ahogo de los autónomos? ¿Será el responsable de bloquear las medidas a favor de los inquilinos y pequeños propietarios?", dijeron fuentes recogidas por el diario El País.

Bustinduy ha sido la persona en el Gobierno que se ha echado a la espalda el reto de lograr que la aritmética parlamentaria juegue a favor de los inquilinos. "El compañero de Consumo creía tener la fuerza para hacer que saliera adelante y le hemos apoyado para lograrlo, ojalá de aquí a mañana hayamos conseguido los votos", comentó este lunes la ministra de Vivienda. Isabel Rodríguez, como ella misma recordó, no estaba a favor de aprobar en el Consejo de Ministros un decreto con medidas como la de la prórroga. "Planteábamos que existía esa duda, que este martes lamentablemente será una certeza, de que el decreto pudiera salir adelante. El mayor inconveniente que yo mostraba es que no se daban los votos", dijo en RNE la responsable de Vivienda.

Frente al pesimismo de Rodríguez, Bustinduy, el encargado de defender el decreto en el Congreso, prefiere no rendirse y defiende que todo es posible hasta la hora de la votación. "Si tumban el decreto, PP, Vox y Junts van a tener muy difícil explicárselo a la gente", asegura el ministro de Consumo.