Una niña española entraba en X y se autolesionaba, pero la red social no hizo nada: el Defensor del Pueblo pide explicaciones al Gobierno

Hechos, no palabras. El Gobierno de Pedro Sánchez lleva ya varios años advirtiendo de la necesidad de proteger a los niños y adolescentes de los entornos digitales. Hay consenso ciudadano. También hay una ley en tramitación parlamentaria que no termina de salir adelante y este mismo año el presidente anunció que prohibiría el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. También instó a Fiscalía a investigar a Meta, TikTok y X por la creación y difusión de deepfakes sexuales. Pero los problemas siguen llegando.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha abierto "una actuación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, y la Fiscalía General del Estado". 

El objetivo es conocer "qué medidas están llevando a cabo para abordar las posibles consecuencias nocivas en menores de edad por ciertos contenidos que marcan los algoritmos de las redes sociales". Llega tras escuchar al padre de una menor expuesta a contenidos relacionados con suicidios y autolesiones.

Gabilondo ha escuchado al padre de una "menor indefensa ante las redes sociales". El progenitor ha compartido con el Defensor del Pueblo su preocupación por la "vulnerabilidad" en la que se encuentra tanto la niña como su entorno familiar. "La menor, usuaria de X (Twitter hasta julio de julio de 2023) se autolesionaba y tenía tendencia a prácticas suicidas", enfatiza la institución en un comunicado remitido a los medios. 

En ese sentido, el Defensor del Pueblo también recoge que el padre trató de denunciar la situación ante la plataforma, X, propiedad de Elon Musk desde 2022. La red social respondió, sin embargo, que su contenido era "acorde con la legalidad". Pese a ello, hay artículos en el Código Penal muy explícitos. En concreto el 143 bis y 156 ter del mismo, que castiga con penas de prisión la difusión de contenidos dirigidos a niños y personas vulnerables en redes que alienten al suicidio o a las autolesiones.

Qué le exige el Defensor del Pueblo al Gobierno y a Fiscalía

Por este motivo, el Defensor del Pueblo incide en que hay un potencial "carácter delictivo" en este caso y recuerda que los menores están expuestos "a contenidos nocivos como consecuencia del uso de las redes sociales", lo que puede inducirles "a riesgos para su integridad física e incluso para su vida".

"Es el menor el que accede a redes buscando determinado contenido o incorporándose a grupos que difunden prácticas peligrosas. Después, es el algoritmo el que detecta este comportamiento y proporciona información nociva de forma automática", destaca el organismo que dirige Ángel Gabilondo.

El Defensor del Pueblo requiere de esta manera a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales información "sobre las actuaciones que estén llevando a cabo o vayan a implementar para evitar situaciones" como la descrita. Esta Secretaría depende del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública que dirige Óscar López. Ángel Gabilondo también reclama "conocer si existe la posibilidad de que se informe sobre estas circunstancias a las redes para que suprima el contenido".

En realidad sí que existe dicha posibilidad y no es necesario esperar a que se pronuncie la Secretaría de Estado: en la Unión Europea existe desde hace años el Reglamento de Servicios Digitales. El problema es que en España es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) la designada como Coordinadora de Servicios Digitales que debería velar por su cumplimiento, pero no está habilitada legalmente. El Congreso tiene el proyecto de ley que la habilitaría bloqueado debido a la falta de entendimiento entre los grupos políticos.

El Defensor del Pueblo también se dirige al Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad para averiguar si tienen medios de contactos para que los menores o los familiares "reciban información inmediata o asistencia sobre el protocolo a seguir en estas situaciones" y requiere además a la Fiscalía General del Estado "información sobre las actuaciones en relación con la aplicación de los artículos del Código Penal" antes descritos.