Bruselas quiere que la policía comparta tu cara y tu ADN en 48 horas: alerta por las "lagunas legales" del plan

En la era de la tecnología muchos claman, más que por nuestra pérdida de capacidades o de inquietudes más allá de pantallas, por la de nuestra privacidad y libertad. Lo ven como una creciente tecnocracia, cuando no algo peor, ya sean democracias o no, difuminándose las líneas. Otro paso más lo ha dado la Unión Europea hacia una ¿sociedad orweliana? Suena a película distópica y futurista: tu cara y ADN en 48 horas. 

Lo cierto es que Bruselas avanza a toda velocidad en la digitalización de la cooperación policial. ¿Más seguridad para todos o la excusa para mayor control? Se llama Prüm II, el reglamento que moderniza —y amplía— el intercambio de datos biométricos. 

El objetivo es identificar sospechosos de terrorismo y crimen organizado en cuestión de horas. El problema, según el Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS, por sus siglas en inglés), es que el sistema llega con zonas grises legales y técnicas que pueden afectar directamente a los derechos fundamentales.

En una nota interna a la que ha tenido acceso BFM Tech, el EDPS, analiza un proyecto de decisión ejecutora de la Comisión Europea sobre el uso del llamado router Prüm. Su conclusión no es un veto frontal, pero sí una advertencia: faltan definiciones clave, umbrales técnicos y claridad sobre qué datos se intercambian realmente. 

Qué es Prüm II y por qué importa

El reglamento Prüm II actualiza un sistema que ya permitía a las policías europeas comparar perfiles de ADN y huellas dactilares. La novedad ahora es doble: por un lado, se crea un "router" centralizado que conecta de forma automatizada las bases de datos nacionales, por otro, se incorpora el reconocimiento facial y datos de permisos de conducir. 

La promesa es la velocidad. Cuando el sistema detecta una coincidencia entre países, la autoridad que posee los datos debe facilitar la identidad asociada en un máximo de 48 horas. En la práctica, eso significa que una imagen facial captada en un país puede cruzarse casi en tiempo real con millones de registros de toda la UE.

Desde el punto de vista policial, es un salto cualitativo. Desde el punto de vista de la privacidad, también.

Las "lagunas" que preocupan al supervisor

El documento de EDPS no habla de riesgos hipotéticos, sino de problemas muy concretos.

El primero es jurídico. El texto usa el término re-matching para describir cómo el router clasifica y ordena los resultados de las búsquedas biométricas. El problema: no está definido ni en el propio reglamento Prüm II ni en la decisión ejecutora. Para el supervisor, esa ambigüedad mina la seguridad jurídica y debería corregirse añadiendo una definición explícita en el articulado. 

El segundo punto es técnico. En el caso de huellas dactilares latentes —las que se obtienen de superficies— el sistema asigna puntuaciones de coincidencia que pueden ser muy bajas. 

Eso implica que existe un umbral mínimo para considerar un resultado relevante. El EDPS pide a la Comisión que explique cómo se fija ese umbral, porque de ello depende cuántas personas entran en la lista de "posibles sospechosos".

La tercera crítica apunta a la opacidad sobre los datos transmitidos. El supervisor pregunta si, durante ese proceso de selección y reemparejamiento, se envían datos adicionales a la autoridad solicitante. Cita como ejemplo la "puntuación de confianza" del algoritmo, una información que podría influir en decisiones policiales y judiciales y que debería estar claramente regulada.

El reconocimiento facial, en el centro del debate

China es uno de los países más seguros del mundo, si no el que más, pero eso tiene un precio, que parece que los chinos están dispuestos a pagar sin problema: millones de cámaras con reconocimiento facial monitoreando a los ciudadanos. Lo que antes era crítica, ahora parece necesidad en Occidente: Londres sigue los pasos de Pekín, por ejemplo. 

La inclusión de imágenes faciales es el elemento más controvertido. A diferencia del ADN o las huellas, el reconocimiento facial permite identificar personas a partir de imágenes tomadas en espacios públicos, lo que reaviva el temor a una vigilancia masiva a escala continental. ¿Antes era criticable en China y ahora es correcto en nuestro entorno?, se preguntan muchos. 

El EDPS no prohíbe su uso, pero deja claro que la falta de reglas precisas multiplica los riesgos. En un contexto en el que la UE debate otras iniciativas sensibles —como el control de comunicaciones privadas—, Prüm II se suma a una lista de proyectos que tensan el equilibrio entre seguridad y derechos.

Europol entra en la ecuación

Otra novedad clave es el papel de Europol. Con Prüm II, la agencia europea se convierte en socio de pleno derecho del sistema. Podrá consultar y aportar datos biométricos —ADN, huellas e imágenes faciales— en igualdad de condiciones con los Estados miembros.

Eso refuerza la lucha contra la delincuencia transfronteriza, pero también amplía el perímetro de acceso a información extremadamente sensible. Para el EDPS, cuanto mayor es el número de actores conectados, más necesarias son las reglas claras sobre quién ve qué y en qué condiciones.

Seguridad frente a derechos, otra vez

Volviendo al ejemplo de China, ¿estar y sentirte observado continuamente pero lograr un grado mínimo de delincuencia o ejercer más libertar y privacidad asumiendo sus riesgos derivados? 

La Comisión Europea defiende Prüm II como una herramienta imprescindible contra el terrorismo y el crimen organizado, no se habla de otros tipos de delincuencia. El EDPS no lo discute, pero recuerda algo básico: la tecnología no puede ir por delante del derecho.

Si el plan sigue adelante sin corregir esas lagunas, la UE podría encontrarse con un sistema potentísimo, rápido y automatizado… pero jurídicamente frágil. Y cuando se trata de tu cara, tu ADN y tus huellas, esa fragilidad no es un detalle técnico: es un problema político y de derechos para uno, pero un avance inevitable y positivo para otros.