La última multa de la UE a Google es de menos del 1% de lo que la tecnológica gana en un trimestre: "La decisión envía un mensaje claro"

La Unión Europea viene elevando el tono desde hace meses reivindicando la necesidad de defender la soberanía tecnológica comunitaria: las infraestructuras críticas como centrales eléctricas u hospitales no pueden depender de terceros. Sin embargo, a la hora de tomar medidas las cosas de palacio van más despacio. Este jueves Bruselas ha anunciado unas nuevas multas contra el gigante del buscador, Google.

Son en realidad dos sanciones, una de 460 millones y otra de 430 millones de euros, ambas invocando el Reglamento de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). La Comisión invoca la norma para imponer estas sanciones y lo hace alegando que la multinacional siguió priorizando sus productos en las búsquedas y siguió impidiendo a las apps de Android anunciar ofertas fuera del ecosistema Google Play.

Hasta que Bruselas pudo aprobar su nueva regulación, la Comisión impuso varias multas a la firma estadounidense pero invocando las normas antimonopolio del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Muchas de esas sanciones todavía continúan recurridas ante la justicia. El Tribunal de Justicia comunitario zanjó hace unas semanas que una multa de 4.125 millones de euros.

Si se suman todas las multas que la Unión Europea ha impuesto a Google por estas razones, incluyendo los casi 1.000 millones de euros que se han anunciado este jueves, se tiene que el organismo comunitario ha impuesto sanciones por más de 10.000 millones de euros en una sola década a la tecnológica. De poco parece haber funcionado: 890 millones no es ni un 1% de lo que la empresa gana en un solo trimestre.

El armazón legal que Bruselas buscaba

Prueba de ello es lo visto en los últimos resultados financieros de la propia Google, conocidos esta semana: la multinacional facturó en tres meses, de abril a junio, cerca de 120.000 millones. En beneficio registró unos 112.000 millones de dólares, pero aquí hay truco: contablemente se tiene que incorporar el valor (disparado) de las acciones que Alphabet (matriz de Google) tenía de SpaceX, que salió a bolsa hace semanas.

En cualquier caso, los 890 millones de euros con los que la UE multa a Google no superan ni el 1% de la facturación anual de la compañía. El Reglamento de Mercados Digitales estipula multas máximas de hasta el 10% de la facturación global anual de un negocio, mientras que otra norma (el Reglamento de Servicios Digitales) estipula un máximo del 6%. 

Bruselas antes imponía sanciones relacionadas con los abusos de posición dominante y los oligopolios invocando su tratado fundacional. El problema es que esas sanciones podían ser recurridas y tumbadas por la justicia con más facilidad: que exista el Reglamento de Mercados Digitales le da un armazón legal que era lo que la UE buscaba desde hace años.

Sin embargo, Google ya ha mostrado su disconformidad con esta multa, a pesar de que no es especialmente elevada teniendo en cuenta que son dos sanciones de "poco" más de 400 millones cada una.

Reacciones a las multas: "Un mensaje claro"

Ahí entra el ámbito de las habladurías: durante meses se rumoreó que Bruselas estaba posponiendo sus sanciones a las grandes tecnológicas estadounidenses por temor a las posibles reacciones furibundas de la Administración Trump. Esas reacciones ya se hicieron notar a finales del año pasado cuando la UE impuso la primera multa invocando el Reglamento de Servicios Digitales. Fue contra X, la plataforma de Elon Musk.

Desde entonces la UE ha impuesto sanciones en términos parecidos a firmas chinas como AliExpress o Temu, pero también a estadounidenses como Meta (todavía no hay sanción en firme pero sí conclusiones preliminares sobre el papel de Instagram y sus diseños adictivos) o ahora Google.

Las comisarias de Soberanía Tecnológica Henna Virkkunen y Competencia, Teresa Ribera, ya han reaccionado al respecto. A pesar de que no es una cifra superior al 1% de la facturación de Google, Virkkunen asegura que las sanciones "envían un mensaje claro": "No dudaremos en usar nuestras herramientas para salvaguardar los negocios europeos y las oportunidades de innovación que abre el DMA".

En sus términos, "descubrimos que Google perjudica a los negocios que ofrecen servicios similares, como las compras o los resultados deportivos, al no ofrecerles el mismo nivel de visibilidad en las búsquedas". Teresa Ribera asegura que "los mejores productos y servicios deben triunfar porque son los mejores, no porque son propiedad de quien controla el buscador". Ahora Google tiene dos meses para cumplir la ley.

El gigante del buscador, por su parte, ha denunciado que esto implicará perjudicar las funcionalidades de Google y que supone perjudicar un producto innovador.