Esto no es todo amigos: la compra de Warner, guerra política made in Hollywood

La compra de Warner Bros.Discovery estaba llamada a ser el golpe definitivo que Netflix iba a dar sobre la mesa para completar su dominio en el mercado del streaming. Con un acuerdo valorado en unos 82.700 millones de dólares, la empresa que llegó a este mundo como videoclub, no solo se aseguraría el acceso a los estudios de cine, a los catálogos de HBO y HBO Max sino también a algunos de los productos y títulos más influyentes de la cultura popular de este siglo: Juego de tronos, Friends, The Sopranos, Harry Potter... 

Era, porque la entrada de Paramount en la pugna por los estudios cambia completamente el tablero, una fusión gigantesca, obligada a superar todos los exámenes del regulador en Estados Unidos y sobrevivir a una batalla política en la que el Congreso estadounidense lanzó el primer aviso porque la operación se acerca peligrosamente el monopolio al nacer un “gigante mediático” con la capacidad para controlar cerca de la mitad del mercado. A ello se sumaron después sindicatos, exhibidores y cineastas, que temían un recorte de los estrenos en las salas de cine, subidas de precios o un ecosistema creativo más reducido. Pese a todo, Netflix insistía que el trato estaba cerrado, los consejos de ambas empresas lo habían aprobado y que, salvo sorpresa, confiaba en que el regulatorio haría su trabajo.

Pero la normalidad duró un suspiro, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido implicarse en la operación y convertir la venta de Warner a Netflix en un asunto presidencial. "Voy a tener algo que decir en esa decisión”, advirtió al llegar a al ceremonia del sorteo que decidiría los grupos del Mundial 2026, en el Centro Kennedy de Washington DC. Allí, junto a la primera dama, Melania Trump, el republicano apuntaba que tendría que evaluar “qué porcentaje de mercado” acabaría concentrando el nuevo gigante del audiovisual porque "puede ser un problema" y porque “ninguna de las dos compañías es especialmente amiga mía”. El mensaje del inquilino de la Casa Blanca era claro: su Departamento de Justicia no pensaba examinar la operación como un trámite normal.

Ese aviso público redefinió el tablero. Y, apenas unas horas después, apareció un movimiento que alteró por completo la pugna. Paramount Skydance lanzó una oferta hostil de 108.000 millones para adquirir toda Warner Bros Discovery, incluidos los canales de cable que Netflix dejaba fuera. Era una operación más grande, más agresiva y con un mensaje directo hacia el consejo de WBD: la compañía estaba “favoreciendo a un solo postor” y “minusvalorando” activos clave. Lo que parecía un proceso de integración ordenado se convirtió en una batalla abierta.

La financiación de esa oferta encendió aún más las alarmas políticas. Paramount cuenta con capital de Affinity Partners, la firma del inversor Jared Kushner —yerno de Donald Trump y exasesor sénior en la Casa Blanca—, además de fondos soberanos de Arabia Saudí, Catar y Abu Dabi. Según The Wall Street Journal, Larry Ellison —padre del consejero delegado de Paramount Skydance y uno de los empresarios más cercanos al presidente— llamó personalmente a Trump el mismo día en que se anunció el acuerdo de Netflix para advertirle de que la operación afectaría a la competencia. La secuencia temporal era demasiado precisa como para atribuirla al azar.

Ese giro político alteró el cálculo regulatorio de inmediato. Hasta las declaraciones de Trump, Netflix era el favorito para sacar adelante la fusión pese a las dudas por concentración. Después de esas palabras, y con la aparición de una oferta respaldada por el círculo íntimo del presidente, Netflix pasó a ser la opción vulnerable. Los republicanos avivaron las dudas sobre el impacto de la fusión en los precios y en la competencia; los demócratas denunciaron una “pesadilla antimonopolio” que podría dejar a los consumidores con menos opciones y a los trabajadores con peores condiciones. El año electoral no ayuda: el regulatorio es ahora un terreno político y no un área técnica.

El sector tampoco ofrece serenidad. Las salas de cine alertan de una “amenaza sin precedentes”, algunos cineastas temen que el nuevo conglomerado retire estrenos de la gran pantalla y productores anónimos han pedido al Congreso “el máximo escrutinio” para evitar un monopolio cultural. Mientras tanto, el Departamento de Justicia —dirigido ahora por Gail Slater, antigua ejecutiva de Fox y asesora económica de J. D. Vance— examina una operación que ya no vive en un vacío jurídico, sino en un clima inflamado por declaraciones presidenciales y movimientos corporativos estratégicamente sincronizados.

El precedente tampoco invita a la calma. Trump ya intentó bloquear la fusión entre AT&T y Time Warner por su rechazo frontal a CNN, una operación que acabó sobreviviendo en los tribunales. Y el caso de Jimmy Kimmel —suspendido temporalmente por ABC tras presiones políticas y amenazas del presidente de la FCC con retirar licencias— ha demostrado que el trumpismo no ve el entretenimiento como un sector económico, sino como una herramienta cultural que conviene vigilar, moldear o disciplinar.

En ese contexto, Warner se mueve sobre un terreno envenenado. Romper con Netflix le costaría 2.800 millones; si el acuerdo fracasa en fase regulatoria, la penalización asciende a 5.800 millones. Paramount asegura que el consejo de WBD no negoció “de forma significativa”. Netflix repite que “hay un trato firmado”. Y los accionistas observan dos ofertas que representan dos modelos de poder radicalmente distintos: Silicon Valley frente al ecosistema político que rodea a la Casa Blanca.

La secuencia lo explica sin esfuerzo: Netflix anuncia la compra; Trump interviene; Kushner aparece en la financiación alternativa; surge una oferta hostil en cuestión de horas; y el regulatorio, lejos de trabajar en neutralidad, queda atrapado en un clima donde la política define los límites de la competencia.

La compra de Warner ya no es una operación empresarial. Es un examen de poder.

Y, a estas alturas, el desenlace depende menos del mercado que del humor del presidente.