Las madres se quedan en fase 0: qué pasa cuando el teletrabajo ya no es opción

La crisis de la COVID-19 ha acentuado los problemas para conciliar. Ellas tienen las de perder.
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María (nombre ficticio) lleva semanas de tira y afloja con su empresa: finalmente el 1 de junio tuvo que acudir a su puesto de trabajo presencial. Serán sólo dos días a la semana, pero suficientes como para poner patas arriba su hogar y su familia. María tiene dos hijos que no volverán al colegio hasta septiembre, según lo anunciado por el Ministerio de Educación, y un marido autónomo que trabaja desde casa y que a partir de ahora se ocupará de ellos esos dos días durante toda la jornada laboral de su madre.

La situación de María no es la excepción y este es uno de los mejores escenarios a los que se enfrentan 4 millones de familias en España –sin posibilidad de teletrabajar y sin corresponsabilidad–. La nueva normalidad empieza a ser una realidad, los padres y madres vuelven a ocupar de manera presencial sus puestos de trabajo pero los centros escolares permanecen cerrados, los abuelos ahora no pueden ser la principal herramienta para lograr la conciliación, porque es uno de los colectivos más vulnerables, y el cuidado de los niños se convierte en un serio problema.

“Esta pandemia ha destapado la mala gestión del Gobierno en materia de conciliación y la falta de estructuras” aseguró Laura Baena, creadora del Club de Malasmadres, en una entrevista en El Objetivo la Sexta, el domingo 31 de mayo, destacando que en esta crisis ha quedado claro que las familias no son prioridad, que han sido olvidadas y que todo esto solo puede jugar en contra de las mujeres.

Hace unas semanas, desde la organización que dirige puso en marcha la campaña Esto no es conciliar para perdir al Gobierno soluciones reales a la conciliación. Ya ha conseguido reunir más de 185.000 firmas en la plataforma Change.org.

Demandan a las instituciones tres peticiones concretas:

  • Teletrabajo por imperativo legal (como medida correctora temporal, dada la actual situación de emergencia).
  • Facilitar la adaptación de jornada y la reducción de la misma sin pérdida salarial (siendo el Estado el que asuma el coste).
  • Una ayuda retributiva para la contratación de personal para aquellas familias en que todos los progenitores o tutores legales estén trabajando fuera del hogar.

El teletrabajo, la solución de gran parte del problema

En la empresa en la que trabaja María hace unas semanas pusieron en marcha un plan de desescalada por fases para acabar con el teletrabajo con el objetivo de que todos los empleados hayan vuelto a su puesto en la primera quincena de junio. La primera oleada de trabajadores en incorporarse fueron voluntarios que por diferentes motivos preferían ir a trabajar a las oficinas. Terminada esa primera ola, la siguiente fase de vuelta al trabajo se estableció por orden alfabético, sin ningún criterio de conciliación –excepto aquellas personas que perteneciesen a grupos de riesgo–.

Fue ahí donde comenzaron a surgir los problemas para los empleados con hijos o personas dependientes a su cargo. María empezó a asesorar a sus compañeros advirtiéndoles que tenían derecho a acogerse al plan MECUIDA, recogido en el artículo 6 del Real Decreto Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.

En este artículo se reconoce el derecho del trabajador a disfrutar del teletrabajo, de la adaptación de la jornada o de reducción de la misma “cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas en el apartado anterior que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19”. Además, “se considerará que concurren circunstancias excepcionales cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos”. Este artículo estará vigente hasta dos meses después del fin del estado de alarma, que ya se ha decidido que será el 21 de junio.

Las primeras respuestas obtenidas por parte de la empresa en la que trabaja María a quienes plantearon la necesidad de conciliar fue acogerse a una excedencia, con la consiguiente pérdida de sueldo, o adaptar los horarios fuera de su jornada laboral. Luego idearon un sistema mixto y se planteó la posibilidad de ir dos días presenciales. Fue entonces cuando apareció el miedo entre sus compañeros y casi todos terminaron aceptando.

No es imperativo legal

“El principal problema del teletrabajo es la concepción generalizada de que si estás en casa no estás trabajando. Tienes que dar una serie de explicaciones adicionales que no tienen sentido. Si yo desde casa estoy cumpliendo unos objetivos, no tengo que explicar nada más. No tienes que presuponer que estoy tirada en el sillón o leyendo un libro. Y si así fuera, tú me has pedido un trabajo que he hecho, así que eso te da igual”, protesta María. Prueba de esta falta de confianza, es que a los que ya están trabajando en las oficinas se les ha dejado de pedir el reporte de actividades diario. “A los que estamos en casa nos reclaman un informe de actividades pues presuponen que no estamos haciendo algo, cuando ya estás viendo que estamos mandando todo”, aclara.

María monta en cólera cuando alguien le insinúa que estos meses han sido como una vacaciones. “¡Esto no son unas vacaciones de verano! Yo no he estado de vacaciones y los niños no están de vacaciones. Con el cierre de los centros, el cole ha pasado a ser la casa y los padres, además de padres, ejercemos de profesores. Yo no le puedo decir a mis hijos, venga, enciéndete el ordenador y conéctate a la clase. Yo los tengo que acompañar y participar en eso. No estamos de vacaciones porque es materialmente imposible: no tengo campamentos, no tengo familiares… Y en el fondo es que parece que no se dan cuenta de que estamos en una situación de alarma sanitaria, esto es una pandemia que aún nos exige quedarnos dentro de nuestras casas como manera de luchar contra el virus”, clama. “Nunca he sido una abanderada del teletrabajo y en cuanto esto acabe estaré encantada de volver a la oficina. Ahora no puedo.”

Días antes María recibió la notificación de que tenía que incorporarse a trabajar el lunes 1 de junio. No tardó en redactar un escrito con toda la argumentación jurídica que le permitía comunicar a la empresa que se acogía a su derecho a teletrabajar, como así lo recoge el plan MECUIDA. La respuesta de la empresa: el lunes tenía que reincorporarse, habían rechazado su propuesta.

Renunciar al trabajo para no abandonar los cuidados familiares

Tras terminar su jornada en su primer día de trabajo, María reconoce que finalmente ha renunciado a su petición por estrés y por presiones, aceptando ir dos días a la oficina. “Voy a ir dos días, aunque me causa un grave perjuicio a nivel personal. Pero me he acogido al plan MECUIDA que me protege hasta dos meses después del fin del estado de alarma y, si en unos días cambian de opinión y quieren que trabaje allí durante toda la semana, no me pueden hacer volver.”

El miedo a perder el trabajo está jugando en estos casos muy a favor de la empresa y son muchas madres se están planteando malabarismos para poder cumplir con un horario presencialmente. Otras tantas, por el contrario, se están viendo obligadas a renunciar a su trabajo y a unos ingresos por esta situación.

María compartió sus escritos jurídicos entre compañeras y entre un grupo de madres que se veía en la misma tesitura. De momento, no se ha hecho pública ninguna demanda y no hay sentencias acerca del asunto, pero esta tiene que ser la lucha de esos millones de mujeres que ven peligrar su carrera profesional y que van a tener que dejar el trabajo remunerado para no abandonar los cuidados familiares.

“Seis de cada diez mujeres renunciaban a su carrera profesional antes del confinamiento. Ahora seremos muchas más”, advierten desde Malasmadres.

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