1.000 días del 7-O: una Gaza mutilada y sin soluciones y un Israel sin reparación oficial

Este 3 de julio se cumplen mil días de aquel 7 de octubre de 2023 que cambió para siempre la historia del conflicto palestino-israelí. Los atentados en cadena del partido-milicia de Hamás y el genocidio posterior de Tel Aviv escribieron la página más oscura de Oriente Medio en décadas. Ahora que otras guerras se solapan y acaparan la atención del mundo, aquello parece lejano, pero no: es herida abierta. 

La franja de Gaza permanece sumida en ruinas. Es un hoyo donde se ha enterrado a más de 73.000 víctimas, en el que hasta 30.000 personas pueden yacer aún bajo los escombros, donde la ayuda humanitaria llega en una medida absurda en comparación con las necesidades, donde la reconstrucción es aún una quimera y lo que sí es cierto, diario, es la ocupación creciente de las tropas israelíes. 

Al otro lado del muro y la alambrada, el Gobierno de Benjamin Netanyahu, a las puertas de las elecciones de otoño, sigue sin dar explicaciones a las familias de los 1.200 muertos y 25 secuestrados. Ni se han asumido responsabilidades políticas ni se ha abierto una comisión de investigación seria ni se ha pedido disculpas por los fallos de seguridad que amplificaron las consecuencias de los ataques. 

A pesar de que un frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos ha estado en vigor desde finales del año pasado, las perspectivas de una paz duradera, la reconstrucción de las infraestructuras y la estabilidad política parecen cada vez más remotas. Para los más de dos millones de palestinos atrapados en el enclave, este hito no representa un alivio, sino una profunda y agotadora incertidumbre sobre lo que depara el mañana. 

Sobre el terreno, las cicatrices físicas y psicológicas del prolongado conflicto son omnipresentes. Cientos de miles de familias continúan refugiándose en inmensos campamentos de tiendas de campaña que carecen de los servicios públicos más básicos, o en el interior de las estructuras esqueléticas y semidestruidas de edificios bombardeados. A pesar del cese de las grandes ofensivas militares de los primeros meses, el zumbido constante de los drones de vigilancia israelíes sigue dominando el cielo y la amenaza diaria de ataques militares localizados continúa destruyendo cualquier ilusión de seguridad. Lo cuentan únicamente los periodistas locales (más de 200 profesionales, hasta dejarse la vida), porque Israel sigue vetando el paso a la prensa internacional desde hace mil días, y lo que queda. 

"Es necesario hacer muchísimo más para que pueda volver al menos una apariencia de normalidad, y estamos muy, muy lejos de conseguirlo", advierte Nicolas von Arx, director regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en una declaración que resume la sombría realidad de esta semana.

El costo humano y un goteo incesante de muertes

La campaña militar de represalia lanzada por Israel tras los ataques de Hamás ha tenido un coste catastrófico para la población civil de Gaza. Según las últimas cifras publicadas el martes por el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza, un total de 73.066 palestinos han muerto desde el inicio de las hostilidades y más de 173.000 han resultado heridos . Tanto Naciones Unidas como expertos independientes de ONG internacionales de referencia consideran generalmente fiable esta cifra. Aunque estas estadísticas oficiales no diferencian entre combatientes y civiles, la institución señala que las mujeres y los niños constituyen aproximadamente la mitad de las víctimas mortales registradas. 

La ONU insiste en que esta estadística se queda corta y que, si se logra dar con los cuerpos que aún quedan bajo los edificios destrozados por las bombas, la cifra final de asesinados se acercará a los 100.000. 

Por su parte, el ejército israelí ha declarado en repetidas ocasiones que sus operaciones se dirigen estrictamente contra Hamás y otros milicianos armados. Con frecuencia afirma que sus ataques alcanzan a individuos que planifican atentados de forma activa y acusa a la milicia armada de utilizar a la población civil como escudos humanos al operar dentro de zonas residenciales y urbanas. 

Sin embargo, el costo humano no ha dejado de aumentar, incluso bajo los términos del alto el fuego formal que entró en vigor el 10 de octubre de 2025. Aunque la intensidad de los bombardeos israelíes ha disminuido considerablemente en comparación con las primeras etapas del conflicto, los ataques armados continúan de forma casi diaria. Sanidad de Gaza informó en el mismo reporte del martes pasado que 1.053 palestinos han muerto desde que se implementó el supuesto armisticio y más de 3.400 han resultado heridos. Entre los fallecidos de los últimos días se encuentran una adolescente que se dirigía a la escuela y una madre que murió junto a su hija de un año.

La persistencia del derramamiento de sangre ha provocado una intensa oleada de indignación y desesperación entre la población desplazada. "¿Dónde está ese alto el fuego del que tanto hablan? ¡Vergüenza debería darles!", exclama Wisal Abu Khater, una ciudadana palestina que expresó su rabia esta semana tras un nuevo ataque mortal, en declaraciones a la agencia Associated Press. Abu Khater dirige su frustración hacia las potencias de la región, criticando a los países árabes por fallarle al pueblo de Gaza mientras se encuentran distraídos con otros eventos, como los partidos del Mundial de Fútbol en curso.

La ONU emitió una advertencia el miércoles señalando que la continua expansión de las operaciones de seguridad israelíes en Gaza introduce riesgos mortales añadidos para los civiles. Estos peligros son especialmente agudos porque las incursiones militares se están llevando a cabo en "zonas que carecen de una demarcación clara sobre el terreno", lo que deja a los civiles sin saber exactamente qué áreas son seguras para buscar refugio.

Las fuerzas israelíes controlaban más de la mitad del territorio cuando el alto el fuego entró en vigor, parapetadas tras la llamada "Línea Amarilla", pero el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahyu dio orden de ampliar ese control y afirma que pretende alcanzar el 70% del territorio. Ahora su zona de poder está tras la "Línea Naranja". Pocas personas pueden entrar o salir de esa zona que ellos entienden de amortiguación y que lo que hace es impedir el acceso de los palestinos a sus casas o tierras de labor de forma apropiada. Esta ocupación ha fragmentado los reductos restantes del territorio, dejando el enclave completamente compartimentado. Una parálisis permanente.

"Fase crítica" humanitaria

La crisis tras dos años de intensos ataques hace que se acaben los calificativos para Gaza. Con el esperado cese de la violencia, la población confiaba en que se cumplieran también los otros compromisos aparejados al pacto logrado por la Casa Blanca, empezando por la entrada de ayuda humanitaria. Lo cierto es que se retrasó muchísimo y que, aunque ya no entra tan a cuentagotas, sigue siendo insuficiente a todas luces ante las necesidades de la población. 

Acción contra el Hambre ha emitido un comunicado ante estos mil días en los que sostiene que la situación humanitaria está en "fase crítica". "Lejos de mejorar, la situación se ha transformado: hoy, el problema ya no es únicamente la falta de ayuda, sino la imposibilidad de que esta llegue a las personas que la necesitan", expone la ONG. Actualmente, según datos del COGAT (el Coordinador de Actividades del Gobierno de Israel en los Territorios), entran al día unos 160 camiones con ayuda, que es lo que entraba antes de la guerra. La diferencia enorme es que si antes había un bloqueo, vivo desde 2007, ahora hay una franja demolida, con necesidades mucho mayores. 

Y es un número engañoso, además, porque el 50% de la ayuda que contienen esos camiones no consigue descargarse y, por tanto, llegar a la población. Acción contra el Hambre da una explicación multicausal: se debe a la falta de camiones permitidos, a la falta de almacenes debido a la inseguridad y a las limitaciones operativas, a los daños masivos en las carreteras que convierten las rutas en interminables horas de dificultades logísticas, a las restricciones de entrada de materiales esenciales (como agua, energía y material sanitario) y a los continuos ataques a pesar del alto el fuego.

Es obligado recordar que todos los pasos fronterizos de Gaza continúan bajo severas y restrictivas inspecciones impuestas por el ejército israelí, que es quien los controla (el de Rafah tiene al otro lado a Egipto) y en ocasiones se cierran por completo durante días. Uno de los principales puntos de fricción entre las agencias humanitarias y el Gobierno israelí radica en los complejos trámites aduaneros y de aprobación aplicados a la ayuda entrante. El mes pasado, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, calificó estos procedimientos de excesivamente "engorrosos" y explicó que las estrictas normas de inspección de Israel limitan la entrada de artículos médicos fundamentales.

Según Fletcher, estas restricciones han afectado incluso a la importación de prótesis de extremidades. Los inspectores israelíes en las fronteras han retrasado o bloqueado estos envíos debido a la preocupación burocrática de que los materiales puedan tener un "doble uso", es decir, que teóricamente puedan ser reutilizados por las milicias para la fabricación de armamento.

La falta de productos ha hecho que los precios hayan subido entre un 40 y un 300%, lo que tiene un especial impacto en los esenciales, los básicos. De ahí, abunda la organización, que un 63% de los gazatíes no pueda acceder a los mercados aún. Producir y no esperar a la ayuda de fuera no es una opción, toda vez que menos del 5% de las tierras cultivables de Gaza son accesibles ahora. Las naranjas, fresas, las sandías o los higos, famosos en toda la región, apenas crecen. Y en el mar no se puede pescar apenas, contaminado como está por la polución y los restos de la guerra. La ONU estima que el 93% de los comercios y la industria de Gaza ya no existe.

Destrozada está también la red de agua: si la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda de 50 a 100 litros diarios para consumo e higiene, en Gaza tienen de seis a 15, "por debajo del estándar de supervivencia". Si no entra combustible, no hay manera de activar los generadores, por lo que no funcionan las desaladoras y purificadoras, así que lo que se bebe, además, es de escasa calidad. 

En la primavera del año pasado, las imágenes de niños en los huesos o directamente muriendo de hambre llevaron a una mayor presión internacional para que parase su ofensiva. ¿Ha cambiado algo ahora? Sí, dice la ONG, pero cambiar no es necesariamente mejorar: "no es sólo desnutrición aguda, sino malnutrición crónica por falta de calidad en la dieta", concluye la nota. La UNOCHA (Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), en su más reciente reporte de situación, confirma que el 70% de los niños de la franja tienen una falta moderada o severa de comida y sólo un 30% de los menores de dos años llegan al mínimo de variedad y cantidad en su alimentación. 

Casi no toman nada con proteínas, vitaminas y micronutrientes, detalla Acción contra el Hambre. "Cuando los niños y las niñas no reciben una alimentación adecuada durante largos periodos, el impacto es irreversible: afecta a su crecimiento, a su salud y a su futuro", advierte Cristina Izquierdo, coordinadora de nutrición del equipo de emergencia de la ONG, tras su paso por Gaza. "Aun cuando las familias logran comer, no lo hacen en condiciones adecuadas. La falta de calidad en la dieta revierte a medio y largo plazo los avances nutricionales que habíamos conseguido", añade.

Frente a estas declaraciones, el COGAT afirma que "las cantidades de alimentos que se están introduciendo superan con creces las necesidades nutricionales de la población civil de Gaza".

Los menores, tan afectados en este genocidio, también han perdido opciones de prosperar: casi 640.000 no tienen acceso a educación formal, sobre todo por el daño a las escuelas que, pese a ser dianas civiles, se han visto muy afectadas por los ataques: el 93% de los centros educativos necesitan reformas elevadas o totales tras las bombas. 

La OCHA añade que se multiplican las plagas y que reaparecen enfermedades supuestamente erradicadas, por falta de vacunas; también, que han crecido un 300% los abortos y las complicaciones en el parto. Hoy sólo hay 33 puntos de servicio sanitarios en funcionamiento, 263 a medio gas y 380 sin servicio; entre estos últimos hay 17 hospitales. Un dato que complica la atención a las nuevas víctimas que caen sin cesar y a los más de 43.000 heridos que se reporta que, antes del alto el fuego, sufrieron daños de los que cambian la vida, como amputaciones, y que necesitan cuidados prolongados. 

También necesitan un techo seguro, pero de eso tampoco hay: el 76,6% de las viviendas particulares están destrozadas o dañadas y 850.000 personas necesitan un refugio, concluye el informe. 

Un proceso de paz paralizado por el desarme

Los esfuerzos diplomáticos para transformar la frágil tregua en un acuerdo de paz permanente han entrado en un punto de parálisis absoluta. Ya había pocas esperanzas cuando se fijó la hoja de ruta, porque los asesores del presidente de EEUU, Donald Trump, pintaron un dibujo irreal que, además de obviar la realidad sobre el terreno, dejaba de lado la voz de los palestinos. Todo por quitarse un problema de delante, por ganar puntos para el Nobel y por abrir las puertas a un negocio a orillas del Mediterráneo. Aún así, era tan hermoso el espejismo que logró el aplauso internacional, incluyendo a España.

En el centro del estancamiento diplomático se encuentra la denominada Junta de la Paz, un organismo internacional de alto perfil creado y liderado por el republicano. Presentada con gran expectación y respaldada por miles de millones de dólares en promesas de ayuda internacional a principios de este año, este cuerpo tenía como único objetivo la recuperación y reconstrucción a largo plazo de Gaza tras la guerra. Sin embargo, el organismo apenas realiza declaraciones públicas en la actualidad y la implementación de las siguientes fases del acuerdo se encuentra congelada.

El martes pasado, por guardar las apariencias, la Junta anunció la llegada de los primeros "vehículos tácticos" a la base de la Fuerza Internacional de Seguridad (ISF) cerca de la franja palestina, mientras continúan los preparativos logísticos para el despliegue de una fuerza multinacional en el enclave, de la que apenas se sabe nada, empezando por los países que se van a comprometer a enviar uniformados. En febrero se adelantó que habrá soldados de Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania. Poco más se ha detallado.

Hazem Qassem, portavoz de Hamás, declaró en Facebook que el grupo espera que la decisión de la junta marque "el comienzo de la implementación de las tareas que se les han asignado", a saber, separar a los palestinos en Gaza de las fuerzas israelíes y trabajar para detener las violaciones israelíes. "Instamos a la Junta de Paz a que comience la aplicación efectiva de las disposiciones del plan para poner fin a la guerra en Gaza", dijo.

Según Nickolay Mladenov, el principal diplomático internacional encargado de supervisar las disposiciones del alto el fuego, el obstáculo fundamental que bloquea el progreso es la espinosa cuestión del desarme de Hamás. El marco general del acuerdo de Gaza contempla una transición política exhaustiva que incluye el establecimiento de una nueva administración civil para gobernar el territorio, junto con el despliegue de una fuerza internacional de estabilización que colabore con la seguridad local y supervise la reconstrucción.

Los mediadores internacionales sostienen que el desarme de las milicias palestinas es el paso indispensable para desbloquear las etapas posteriores del plan. Sin embargo, Hamás no ha rechazado por completo el concepto de deponer las armas, pero se niega firmemente a hacerlo de forma anticipada; sí una vez que Israel "cumpla con sus propios compromisos en virtud del acuerdo de alto el fuego", resume. 

Específicamente, el Movimiento de Resistencia Islámica exige que Tel Aviv detenga los ataques diarios y retire por completo sus tropas del territorio, en lugar de ampliar su presencia física. El grupo ha indicado que tiene la intención de retener una parte de su arsenal durante las fases de transición y ha exigido concesiones adicionales al gobierno israelí antes de iniciar cualquier entrega de armamento.

Más allá de las presiones externas del ejército israelí, los residentes denuncian un inmenso estrés debido al colapso del orden público doméstico. Dentro del territorio, se ha informado de que milicianos de Hamás han llevado a cabo ejecuciones sumarias e ilícitas de ciudadanos palestinos. Las víctimas de estos actos fueron acusadas por el grupo de una presunta colaboración con la inteligencia israelí o de cometer delitos locales como el saqueo en medio de la situación de anarquía que se vive en los campamentos.

Las batallas políticas de Netanyahu

La sombra de la guerra de Gaza se ha extendido mucho más allá de sus fronteras geográficas, arrastrando a la región a una serie de conflictos interconectados. A lo largo de estos 1.000 días, Israel se ha enfrentado a combates en múltiples frentes contra diversos actores regionales que operan bajo la influencia de las milicias respaldadas por Irán. Grupos armados como Hezbolá en el Líbano y el movimiento hutí en Yemen han lanzado repetidos ataques con drones y misiles contra territorio israelí, declarando explícitamente que sus campañas militares se realizan en solidaridad directa con el pueblo palestino y contra el genocidio gazatí. 

Estas tensiones alcanzaron un punto crítico el pasado 28 de febrero, cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presionó al presidente estadounidense, Donald Trump, para lanzar un ataque militar conjunto y directo contra Teherán. La maniobra provocó una intensa reactivación de los combates en la frontera norte de Israel con Líbano. Las fuerzas terrestres israelíes lanzaron una ofensiva hasta el río Litani, avanzando hasta su punto territorial más profundo en el país vecino en más de un cuarto de siglo. En la actualidad, ninguno de estos frentes regionales se ha calmado por completo, manteniendo un perímetro de seguridad altamente volátil. Supuestamente, hay acuerdos de tregua en vigor. 

Esta situación de guerra prolongada y con tantos frentes sin cerrar está generando una gran presión sobre la sociedad israelí y ha fracturado profundamente su escenario político doméstico. Mientras el país se prepara para unas elecciones generales muy disputadas, este otoño, el impacto acumulado de los combates pesa sobre el electorado. Las operaciones militares han dejado un goteo constante de bajas entre los soldados israelíes, mientras que las comunidades de la frontera norte siguen desplazadas por los intercambios de fuego con Líbano. 

Además, el Estado lidia con las repercusiones de los procesos judiciales internacionales, incluidas las acusaciones de genocidio presentadas contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su actuación en Gaza, unos cargos que el Gobierno de Israel y la gran mayoría de su opinión pública rechazan de forma categórica. También hay una orden de arresto contra el primer ministro y su extitular de Defensa, Yoav Gallant, por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), por supuestos crímenes de guerra; una orden similar se mandó contra tres líderes de Hamás que se sabe que han muerto. 

Para Netanyahu, el escenario político es sumamente complejo. A pesar de que proyecta de manera constante una imagen pública de firmeza inquebrantable y confianza estratégica, los datos de las encuestas reflejan un descontento generalizado con su gestión. Según un sondeo publicado el mes pasado por el Instituto de Democracia de Israel, más del 60% de los israelíes consideran que no debería presentarse a la reelección en los comicios de este otoño.

El enfado de la opinión pública sigue arraigado en los fallos de seguridad e inteligencia que permitieron el éxito del asalto de Hamás el 7 de octubre de hace dos años y medio. Los críticos censuran la negativa del Ejecutivo a establecer una comisión de investigación estatal independiente que examine oficialmente responsabilidades. Este oscurantismo ha llevado a que los supervivientes, sus familias y parte de la sociedad civil se manifieste estos días contra el gabinete, reclamando respuestas. 

Por otro lado, la cohesión de la coalición de derechas de Netanyahu se encuentra debilitada por una cuestión interna muy impopular: las exenciones de la obligación de realizar el servicio militar otorgadas a la comunidad ultraortodoxa, cuyos partidos políticos son socios indispensables para mantener al gobierno en el poder. Este asunto ha causado un profundo resentimiento entre los israelíes laicos y nacionalistas, que argumentan que la carga militar de una guerra se está distribuyendo de manera muy desigual en la sociedad.

Lo que ocurre es que, sin los religiosos y los ultranacionalistas, Bibi cae, y eso puede suponerle el fin de la protección que tiene ante los tribunales, cuando los jueces aún lo investigan por un triple supuesto caso de corrupción, por los delitos de fraude, abuso de confianza y soborno.

Así que no, pasa el tiempo pero no llegan las respuestas a ningún lado de la frontera, tan distintas. Siguen las vastas extensiones de hormigón pulverizado, las infraestructuras destruidas y las negociaciones políticas completamente estancadas. Los planes de la comunidad internacional sobre nuevas estructuras de gestión, fuerzas de estabilización y fondos multimillonarios para la reconstrucción siguen siendo puramente teóricos, bloqueados por la disputa en torno a las garantías de seguridad y el control del territorio.

Para los millones de civiles desplazados por casi tres años de conflicto continuo, este bloqueo se traduce en una lucha diaria por la supervivencia. Atrapados entre una ocupación militar israelí en expansión, un liderazgo miliciano que se niega a ceder la influencia que le queda y una diplomacia internacional que guarda silencio, los habitantes de Gaza afrontan los próximos mil días de este conflicto, y los por venir tras 78 años de diáspora y ocupación, sin un camino claro hacia la reconstrucción, el refugio o la recuperación de una vida digna.