Eurovisión, la pica en Flandes: el vacío de la rendición de cuentas de Israel por Gaza
Que haya países que abandonen el concurso como protesta al genocidio es la excepción: el mundo entiende que con el alto el fuego todo está resuelto y que no hay que imponer sanciones o romper relaciones con Tel Aviv.

Cuando se acaba una guerra, la urgencia son los muertos sin enterrar, los heridos y los desplazados, la emergencia sanitaria y alimentaria y la recuperación de bienes esenciales. Luego vienen las transiciones y la reconstrucción. Casi siempre queda para la última etapa la rendición de cuentas, si es que llega. Junto a la verdad, la justicia y la reparación, en muchas ocasiones son más anhelos que realidades.
Gaza también está pasando por esa ruta. Israel ha sometido durante dos años a su población a un asedio constante, que ha dejado más de 69.000 muertos (aunque se estima que hay al menos 30.000 más bajo los escombros), tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 (1.200 muertos, 250 secuestrados) y ahora hay un precario alto el fuego en vigor desde hace dos meses. Sigue habiendo muertos diarios por las incursiones del Ejército israelí, que aún domina la mitad de la franja, y no están entrando los camiones de alimento o medicinas o abrigo prometidos, con el invierno a las puertas. Estados Unidos, el mediador que forzó el armisticio entre el Gobierno de Benjamin Netanyahu y los islamistas, dice que antes de navidad habrá una junta para gobernar Gaza y se desplegará una fuerza internacional. Pero nadie paga por lo ocurrido, aún.
Desde la semana pasada, cinco países se han negado ya a participar en el festival de Eurovisión de 2026 para protestar por la presencia de Israel, que usa el concurso para blanquear su imagen, dicen sus detractores. España (RTVE), Países Bajos (AVROTROS), Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO) e Islandia (RÙV) han puesto una pica en Flandes en cuanto a la asunción de responsabilidades por parte de Tel Aviv y es, por ahora, casi el único gesto sonado en esa línea. El resto es vacío.
La tregua ha sepultado a buena parte de las voces que reclamaban sanciones a Israel, ruptura de acuerdos y convenios (si no de relaciones diplomáticas) o persecución judicial de sus mandatarios. Aún claman, pero no tienen eco. Hasta los Gobiernos más movilizados en esa línea se han acomodado, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, se luciera en la firma de una hoja de ruta que no es un acuerdo de paz, que deja innumerables lagunas y un aroma colonialista potente.
"La normalización nos ha llevado a este punto"
"La normalización es justo lo que nos ha llevado a este punto", denuncia Yoav Shemer-Kunz, responsable de incidencia política en la Unión Europea de la ONG israelí B’Tselem. Con una pax americana que no es fiable, cuando la reanudación de la violencia es posible, sobrevuela un aire de "impunidad", la idea de que "se puede cometer un genocidio y salirse con la suya". Expone que hay una doble responsabilidad, recogida en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la ONU el 9 de diciembre de 1948: una es la de prevenir que pase, algo que el mundo "no hizo" en este caso, y otra es la del "castigo a los responsables". "No se comete un genocidio y luego se vuelve a la normalidad", escribe en una tribuna en EU Observer.
Recuerda el experto, radicado en Estrasburgo (Francia), que la comunidad internacional, empezando por Europa, nunca ha pedido responsabilidades a Israel, por lo que lo de Gaza no es nuevo. Y enumera: la ocupación militar desde 1967, los asentamientos en los que residen ilegalmente unas 700.000 personas, los asesinatos de civiles, la política de apartheid, las operaciones previas a la de 2023-2025, el propio bloqueo de Gaza... "Es también esta política de impunidad, este statu quo (...), lo que nos ha traído este desastre a nosotros, a palestinos e israelíes por igual. Pero ya basta. No podemos permitirnos normalizar el genocidio", repite.
Avisa de que "si no cambiamos este patrón de impunidad, el régimen israelí podría muy bien volver a sus comportamientos y prácticas criminales", tanto en Gaza como en Cisjordania. Y propone una solución: cambiar el paso y exigir responsabilidades tanto a Israel por lo ejecutado como a los países que lo permitieron por inacción, omisión o connivencia. Ya hay gobiernos como los de Bélgica o Italia denunciados en los tribunales por ello. "Es necesario que se rindan cuentas para evitar que estos crímenes se repitan. Los líderes políticos y comandantes militares israelíes responsables del genocidio deben ser llevados ante la justicia y castigados por sus crímenes. No podemos simplemente pasar página", concluye.

Un proceso, no un evento
Con palabras algo más diplomáticas, es la idea que repite Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas. Entiende que el mundo esté en una fase de alivio tras el acuerdo de alto el fuego, tan esperado, un "atisbo de esperanza", sin duda, pero "es imperativo cimentar el proceso de paz en los principios de justicia, inclusión y rendición de cuentas, basados en la realización del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino", indicaba en un reciente comunicado oficial.
Defiende que cualquier plan de paz que se precie debe incluir "un sólido proceso de justicia transicional a largo plazo, que incluya el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones sufridas y las causas profundas del conflicto, la rendición de cuentas penal, las reparaciones, la conmemoración y sólidas garantías de no repetición", y más aún en un entorno como Oriente Medio, tan volátil y en el que el conflicto palestino-israelí es raíz de muchos otros enfrentamientos regionales. Si no, será un acuerdo "superficial". Ya lo está siendo. "No se articula con claridad cómo se establecerá la verdad, cómo las víctimas accederán a una reparación integral ni cómo se exigirá responsabilidades a los perpetradores. Esta vaguedad plantea serias preocupaciones sobre la capacidad de la propuesta para lograr justicia y reconciliación", lamenta.
No hay grandes naciones, sin embargo, que estén entendiendo este mensaje y levanten el dedo avisando de los riesgos. Lo que se ve en la comunidad internacional, salvo excepciones, es un alineamiento absoluto con los planteamientos de Trump, sin indicar estas fallas fundamentales. Avanzar con los ojos cerrados, sin restañar heridas pasadas, nunca ha sido una buena receta ni en la zona ni en otros conflictos. Por eso insiste en que hay que añadir esa previsión en el acuerdo base o acabará fracasando.
Duhaime va más allá y recuerda que, a la hora de rendir cuentas, es esencial tener pruebas sobre las que sustentar las acusaciones y eso se está perdiendo en Gaza, ante la imposibilidad de que acceda a la franja personal internacional independiente, de ONG a prensa, que podría ayudar a documentar, por ejemplo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio. Los profesionales locales que lo están intentando hacer afrontan "ataques y represión" por parte de Tel Aviv, denuncia. El miedo a un borrado de pruebas es real.
"Una solución duradera a un conflicto de este tipo exige un compromiso firme con la justicia. Sólo entonces se podrá construir finalmente un futuro basado en la paz, la dignidad, el respeto y la seguridad mutua", recuerda.
El pasado 30 de octubre, se produjo una reunión informativa del Comité de Derechos de los Palestinos de la ONU con expertos en derechos humanos de la propia organización. En sus actas se repasan conclusiones muy similares, las mismas alarmas, las mismas denuncias. La conclusión es que el genocidio es un proceso, no un evento, y en Gaza aún se están dando los elementos que han permitido, con el tiempo, usar esa etiqueta con propiedad. Si las condiciones del delito no cambian y el daño sigue, hay razones para temer que la violencia se puede repetir. Incluso puede empeorar al volver.
¿Ha cambiado algo en Israel tras el alto el fuego? No. Sus soldados siguen controlando todo desde la línea amarilla pintada en la franja costera, hace incursiones que justifica ante supuestas amenazas a sus uniformados y sigue con redadas masivas en Cisjordania, donde esta misma semana se han aprobado más viviendas en asentamientos... Las raíces del conflicto no se han tocado. Quizá lo peor pasó, pero queda el mar de fondo, y los mutilados, los huérfanos, los traumas, la malnutrición... Y lo no investigado aún, como "la violencia sexual generalizada, la tortura, la desaparición forzada, la violencia reproductiva y la destrucción sistemática de los servicios de maternidad y salud reproductiva", que citó en dicho encuentro Reem Alsalem, relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. "No hay paz sin rendición de cuentas", dicen los expertos de la ONU.

Los procesos en marcha
La petición de asunción de responsabilidades ha sido lenta en este caso. Naciones Unidas tardó casi dos años en denunciar el genocidio israelí, cuando ya se multiplicaban los señalamientos por parte de ONG internacionales. La Comisión Europea se niega a emitir una declaración adoptando el término, por más que lo hacen a título particular países como España. EEUU, que ha sido clave el suministro de armas a Israel, en su defensa diplomática ante posibles sanciones y en la negociación final de supuesta paz, no quiere ni oír hablar de ello, ni desde el Partido Republicano ni desde el Partido Demócrata.
Son las sociedades occidentales las que sí han salido a la calle, se han movilizado y han llevado a sus Gobiernos a dar pasos, desde el reconocimiento del Estado de Palestina al debate europeo sobre el Acuerdo UE-Israel, finalmente no tocado. En octubre, el llamado Tribunal de Gaza actuó ante "el silencio ensordecedor de los sistemas jurídicos y políticos internacionales y su total incapacidad para exigir cuentas a Israel por el genocidio cometido en Gaza". Esta iniciativa de la sociedad civil concluyó que el genocidio en Gaza es "inseparable" de atrocidades anteriores que comenzaron con la Declaración Balfour de 1917, que está en el origen de la partición de la Palestina histórica. También reclamó que haya rendición de cuentas. Aunque potente, su mensaje se ha quedado en lo simbólico.
Lo mollar es lo que se debate en los mecanismos legales reconocidos, como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que pueden emitir fallos jurídicamente vinculantes. Esta última, en 29 de diciembre, empezó a revisar la causa de Sudáfrica, que acusa a Israel de violar la Convención contra Genocidio en el caso de Gaza. En enero de 2024, emitió medidas provisionales legalmente vinculantes ordenando a Israel tomar "todas las medidas a su alcance" para prevenir actos de genocidio en Gaza, castigar la incitación al genocidio y permitir el acceso de ayuda humanitaria urgente.
La Corte ha reiterado y reforzado estas medidas posteriormente. Por ejemplo, en mayo de 2024, ordenó a Tel Aviv detener su ofensiva militar en Rafah si implicaba un riesgo para la población civil palestina y en octubre pasado enfatizó que debe permitir el acceso de la ayuda de la UNRWA (Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos), vetada actualmente.
El proceso principal sobre si Israel ha cometido o no genocidio está en una fase temprana y podrían pasar años hasta que se emita una sentencia definitiva. Las medidas provisionales son pasos cautelares, mientras se resuelve el fondo del asunto, y no están surtiendo efecto, como salta a la vista.
Hace más de un año, además, la Asamblea General de la ONU solicitó una opinión consultiva a la CIJ sobre las consecuencias legales de las políticas y prácticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo Jerusalén Este. En sus conclusiones, la Corte dictaminó que Tel Aviv, como potencia ocupante, está obligado por el derecho internacional a garantizar las necesidades básicas y el acceso a suministros esenciales para la supervivencia de la población civil palestina. Netanyahu no ha actuado tampoco en esto.
En el caso de la CPI, se requiere la cooperación de los Estados para ejecutar las órdenes de arresto internacionales como la que se dictó en noviembre de 2024 contra el primer ministro de Israel y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, además de contra dirigentes de Hamás (Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, todos asesinados ya), por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad. El hecho de depender de los Estados constituye un impedimento formidable para su cumplimiento: EEUU presiona para que no se proceda al arresto en caso de que estos políticos viajen a países cumplidores del derecho internacional y da ejemplo, recibiendo reiteradamente a Netanyahu en la Casa Blanca (el 29 de diciembre es su próxima cita). Hay países como Hungría que hasta han abandonado la Corte y han recibido al líder israelí con normalidad.
Israel ha negado rotundamente las acusaciones y ha desafiado la jurisdicción de la CPI, argumentando que no es parte del Estatuto de Roma, el fundacional de la Corte. En noviembre, Israel solicitó formalmente que retirara las órdenes de detención y recusara al fiscal jefe, Karim Khan, alegando motivaciones políticas, peticiones que no prosperaron.
Civil Rights Defenders, una ONG con sede en Estocolmo (Suecia), sostienen que "el camino a seguir" para una verdadera rendición de cuentas pasa por "apoyar las investigaciones independientes sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", especialmente la de la CPI; "empoderar a los mecanismos internacionales independientes" para que rindan cuentas sin interferencia política; "salvaguardar y respetar plenamente la independencia y el mandato de la CPI"; garantizar "reparaciones y resarcimiento a los sobrevivientes de la violencia y el desplazamiento"; y respetar el derecho internacional "poniendo fin al bloqueo, permitiendo una ayuda humanitaria suficiente y permitiendo que los palestinos desplazados regresen a sus hogares libremente y en seguridad".
"El alto el fuego es el inicio fundamental de un proceso, no su conclusión. La justicia transicional, que incluye juicios, esclarecimiento de la verdad y reparaciones, es esencial para sanar y reconstruir la confianza. Los gobiernos y las instituciones internacionales deben actuar con decisión para garantizar que la justicia no se retrase ni se deniegue", recuerda a los Estados.
La respuesta interior
La rendición de cuentas en este caso no sólo tiene que ver con Palestina, sino también con el propio Israel. Los ciudadanos israelíes entienden que sus gobernantes aún tienen una deuda pendiente con ellos, por todos los fallos de seguridad que se produjeron el 7 de octubre de 2023, los días posteriores y las horas siguientes al ataque masivo de Hamás. Esa cadena que va del no ver venir las cosas al no saber actuar ante ellas, pasando por la nula asunción de responsabilidades.
El Institute for National Security Studies (Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, INSS por sus siglas en inglés) de Israel ha publicado que el 74% de los ciudadanos pide una comisión de investigación estatal, gubernamental, que aclare lo ocurrido, la cadena de mando, las órdenes y los errores. Es un dato de octubre pasado. El dato baja al 52% entre los votantes de la actual coalición de Gobierno, pero sigue siendo alto.
Es uno de los principales puntos de fricción internos, a día de hoy. Una cosa es que hayan regresado los rehenes, los vivos y los muertos, que se haya rebajado el reclutamiento masivo, que las actividades comerciales e industriales se estén recuperando, y otra es que no haya memoria. Y heridas abiertas.
El pasado noviembre, el Ejecutivo decidió el establecimiento de una comisión de investigación "independiente" sobre el 7-O, con "plenos poderes de investigación" y cuya composición "reflejará el consenso público más amplio posible". La idea es que Netanyahu designará un comité ministerial para que presente en un plazo de 45 días su recomendación sobre el mandato de la comisión. Pero con eso elimina la opción de que haya una comisión estatal, propia, que es lo que reclaman las familias para que no haya riesgo de alteración de la información. Temen que se convierta en una "comisión política", tras la que nadie responda adecuadamente.
Eyal Eshel, madre de la soldado Roni, asesinada aquel día, se lo dice con claridad a la CNN: "Nosotros, las familias en duelo, los residentes de la zona de Gaza, los ciudadanos de Israel, no lo permitiremos. Hasta que investigues -dice a Netanyahu- no habrá resurgimiento. Mi Roni no regresará, pero la verdad aún puede".
