Más de mil juristas alemanes piden al Gobierno que solicite la ilegalización de Alternativa por Alemania (AfD): "La democracia está en peligro"

La conclusión de más de 1.000 juristas alemanes no puede ser más nítida: "AfD (Alternativa por Alemania) es un partido anticonstitucional". En su opinión, que han trasladado en una carta dirigida al Gobierno del canciller Friedrich Merz y a los miembros del Bundestag [el Parlamento alemán], "desde su fundación", los referentes de Vox en Alemania "se han radicalizado cada vez más" hasta representar en la actualidad "una seria amenaza para la existencia del orden libre y democrático". Este millar de profesionales del derecho considera que "el argumento de que faltan pruebas ya no se sostiene". La democracia alemana está "en peligro" y solo puede defenderse de una manera: que el Tribunal Constitucional Federal ilegalice la formación.

Tanto abogados como jueces, incluso un exministro de Justicia, consideran que el conjunto de pruebas que demuestran la inconstitucionalidad de AfD "es abrumador". Se basan, por ejemplo, en las conclusiones del Instituto Alemán de Derechos Humanos, que ya en 2023 dictaminó en un informe pericial de 70 páginas "que se cumplían las condiciones para la ilegalización" del partido. Además, "en noviembre de 2024, 17 de los expertos en derecho constitucional más reconocidos del país reafirmaron esta misma conclusión en una declaración ante el Bundestag". Esperar más antes de iniciar el proceso solo pone en mayor riesgo el sistema democrático. Por ello, instan al Ejecutivo y a los diputados que "inicien los trámites para ilegalizar AfD sin más demora".

Alternativa por Alemania está en el radar de los servicios de inteligencia alemanes desde hace un tiempo. Como mínimo, consideran al partido un "caso seguro de extremismo de derechas". En mayo de 2025, la Oficina para la Protección de la Constitución abrió la puerta a su posible ilegalización al considerar que, por ejemplo, "la concepción étnica y basada en la ascendencia que prevalece en el partido no es compatible con el orden democrático básico". AfD, que usa todos estos señalamientos como material para alimentar su victimismo, disolvió su organización juvenil después de que los servicios de espionaje de Turingia considerasen probado que sus preceptos eran "incompatibles con la Ley Fundamental y la Constitución". "Hay suficientes pruebas concretas de delitos contra la dignidad humana, el principio de democracia y el de un Estado de derecho", señalaron desde la Oficina hace un año.

En su carta, los juristas apuntan que las declaraciones anticonstitucionales de los miembros de AfD "se han vuelto tan comunes que ya ni sorprenden". "Demuestran claramente una actitud racista, islamófoba, antisemita, antigitana y LGTBIfóbica, incompatible con la dignidad humana. Revelan una concepción etnocultural de las personas que contradice el principio fundamental de igualdad ante la ley. En otras palabras, revelan claramente una postura anticonstitucional" que busca "reemplazar el sistema democrático actual por uno inhumano y antidemocrático".

Según la Ley Fundamental vigente en Alemania, un partido se considera anticonstitucional si "tiene como objetivo menoscabar o abolir el orden democrático fundamental libre o poner en riesgo la existencia de la República Federal alemana". Solo el Tribunal Constitucional Federal puede ilegalizar una formación, y únicamente el Gobierno Federal, el Bundestag o el Bundestrat (el Consejo Federal alemán) pueden presentar una solicitud a este organismo para que estudie si hacerlo o no.

Aunque en el Parlamento Europeo están en grupos parlamentarios diferentes, Vox siempre ha apoyado a AfD en Alemania. En las últimas elecciones, el líder de la extrema derecha española, Santiago Abascal, apoyó de manera pública a la líder de Alternativa por Alemania, Alice Weidel. "Te deseo a ti y a AfD el mayor de los éxitos. Solo AfD puede lograr el cambio necesario y correcto que Alemania y toda Europa necesitan", dijo entonces Abascal. Ambos acostumbran a participar, además, en las cumbres de la ultraderecha, como el más reciente CPAC celebrado en Hungría, adonde acudieron para mostrar su apoyo al expresidente Viktor Orbán.