"No es una crisis humanitaria, es un crimen de guerra": el hambre de Gaza como arma y las consecuencias penales

Es una constante en estos días. Los cooperantes o empleados de organizaciones internacionales que trabajan o han trabajado en Gaza (Palestina) se indignan ante el uso generalizado en la prensa de la etiqueta "crisis humanitaria" para hablar de lo que sucede en la zona, asediada por Israel desde octubre de 2023 y ahora, además, sumida en el hambre por la falta de ayuda. 

Ezequiel Cruz, antiguo cooperante mexicano en la franja y en Cisjordania, lo explica con rabia en un grupo profesional de WhatsApp: "Una crisis humanitaria puede venir por una catástrofe ambiental, por un terremoto o una inundación, por una pandemia como la del covid-19 y, claro, por una guerra, pero como daño colateral, digamos, como una consecuencia fortuita y hasta entendible de ese conflicto armado". Sin embargo, lo que se ve en Gaza "es premeditado, es buscado, es voluntario, y eso merece otro nombre, que es el de crimen de guerra", se duele. 

Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), se expresaba en iguales términos esta mañana en la Cadena SER. Cree que lo que vemos en la costa palestina es "una hambruna decidida", por lo que no se puede tildar sólo de crisis, salvo que se quiera diluir su "hipocresía". Y para Jonathan Whittall, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en los territorios palestinos, "lo que Gaza está presenciando no es sólo hambre, sino una política calculada de inanición". Sin medias tintas. La mano del hombre, detrás. 

Según testimonios de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Oxfam o Save the Children, más del 90% de la población gazatí se enfrenta a una dura lucha por sobrevivir. El Gobierno de Gaza alerta de que 40.000 bebés y 60.000 niños pueden morir "en cuestión de días" por el desabastecimiento tanto de alimentos como de medicinas. Ha cifrado en 147 los palestinos muertos ya por hambre o desnutrición, incluidos 88 niños, después de que durante las últimas 24 horas se registraran 14 nuevas muertes por esta causa.

La diferencia entre lo buscado y lo encontrado es el tipo de delito que se puede imputar a quien ordena o perpetra estas acciones. El derecho internacional tiene perfectamente tipificado el uso del hambre como arma de guerra. De momento, sobre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y los líderes de Hamás pesa desde 2024 una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El hambre podría añadirse a demandas posteriores, según esta lectura. 

El Ejecutivo del propio Netanyahu denuncia la supuesta difusión de cifras e imágenes "escenificadas o manipuladas" por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), al que ha acusado de "alimentar la percepción de una crisis humanitaria" en la Franja de Gaza pese a que "Israel ha estado trabajando para garantizar la entrega de ayuda". Ayuda que no llega desde hace tiempo: la zona ha estado sometida a un cerco de Tel Aviv desde 2007, controlando qué entraba y qué no, y ha mantenido el puño cerrado durante toda esta ofensiva, iniciada tras los ataques islamistas del 7 de octubre de 2023. 

Ya eso, de por sí, era denunciado por ONG locales como un crimen de guerra, porque los Gobiernos israelíes incluso han ido midiendo las calorías que necesitaban los gazaríes y regular así la entrada de camiones, antes de la guerra, para no caer en las imágenes que hoy hacen que la comunidad internacional se lleve las manos a la cabeza, una realidad desvelada por el diario Haaretz. 

Desde marzo, cuando fracasó la última tregua, el cerrojazo israelí ha sido total, hasta que hace dos días su Gobierno anunció pausas humanitarias (que están siendo violadas, con casi 100 muertos en 24 horas) y entrada limitada de bienes (unos 70 camiones por día, frente a los 500-600 de antes de la ofensiva).

El delito

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) explica que, aún en 1863, el llamado Código de Lieber estipulaba que "es legítimo hacer padecer hambre a los beligerantes enemigos, armados o desarmados, a fin de acelerar el sometimiento del enemigo", pero ya en 1919 el Informe de la Comisión sobre la Responsabilidad, establecido tras la Primera Guerra Mundial, señalaba que "hacer padecer hambre deliberadamente a las personas civiles" constituía una violación de las leyes y costumbres de la guerra, susceptible de procesamiento penal. Desde entonces, ha estado claro lo que no se puede hacer. 

Los estudios del CICR indican que la inanición se convierte en un arma de guerra cuando se utiliza para causar "daños directos" a la población civil alterando el sistema alimentario y no como consecuencia incidental de un conflicto.

Según el derecho internacional, se considera el hambre buscada como un crimen contra la humanidad especialmente cuando se priva a los civiles de alimentos y medicinas, como está ocurriendo hoy en Gaza con el asedio y la inanición sistemática. Existen varios convenios que prohíben el uso del hambre como arma y advierten contra ella en cualquier guerra:

La prohibición de hacer padecer hambre como método de guerra no prohíbe los estados de sitio (por la vía que sea), "siempre que tengan por finalidad alcanzar un objetivo militar y no hacer padecer hambre a la población civil", dice la Cruz Roja. El propio Israel, cita, tiene un manual sobre el derecho de la guerra en el que explica que la prohibición de hacer padecer hambre "implica claramente que debe permitirse a los habitantes abandonar la ciudad durante un estado de sitio". En caso contrario, la parte sitiante (Tel Aviv, en este caso) debe permitir el paso sin trabas de alimentos y otros suministros esenciales. 

En el caso que nos ocupa, la obligación en el fondo no es nueva, porque Israel es una potencia ocupante de los territorios palestinos (Gaza, Cisjordania y el este de Jerusalén) desde 1967, lo que le obliga, según el derecho internacional, a velar por el bienestar general de los ciudadanos sometidos, tanto en bienes (comida, agua, combustible, electricidad) como en servicios (de la sanidad a la educación). 

Rendición de cuentas

A pesar de la claridad de los textos legales, la rendición de cuentas sigue siendo poco frecuente", especialmente cuando se cuenta con el apoyo de grandes potencias, como en el caso de Estados Unidos e Israel. Sin arrestos, no hay juicio. Sin juicio, no hay asunción de responsabilidades, toda vez que la Corte Penal Internacional no juzga a personas en rebeldía. 

Como pasa con la orden de arresto ya en vigor contra Netanyahu, ni se va a entregar voluntariamente si prospera una denuncia y una orden semejante por el uso del hambre como arma de guerra, ni lo van a entregar países amigos a los que puede seguir viajando sin riesgo (Hungría hasta se ha retirado de la CPI por su supuesto sesgo político). La CPI depende de sus Estados miembros para hacer cumplir sus acciones. No tiene una fuerza policial independiente ni capacidad para ejecutar órdenes de detención. Sin la cooperación de estas naciones, nada sale adelante.

Y hay un problema de base sin el que no podemos llegar ni a esas fases posteriores: el de probar la "intención criminal" en la aplicación de un delito así, demostrar la intención deliberada de causar hambre, especialmente en contextos complejos en los que se entrecruzan factores diversos. La deshumanización de discursos no es suficiente. A ello se suma, además, que se han reducido los testigos en Gaza, de prensa a cooperantes, por el veno israelí a la entrada de personal internacional que podría aportar pruebas para una hipotética demanda. 

Hasta la fecha, ninguna parte en la historia reciente ha tenido que rendir cuentas claramente por el uso de la inanición, a pesar de que se han dado casos tan sangrantes como los de Sudán, Siria y Tigray.