El texto normativo contempla un proceso monitorio especial que permite reclamar judicialmente de forma rápida aquellas cantidades que no superen los 2.000 euros.
Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que obligó a unos propietarios a retirar de su puerta la cámara inteligente: "no era la seguridad sino la simple comodidad", dice el Alto Tribunal.