"No es un embargo": un informe desvela que no se ha puesto fin a las relaciones armamentistas entre España e Israel

El Centre Delàs de Estudios por la Paz ha publicado este jueves un informe llamado Opacidad y desinformación en las relaciones armamentistas entre España e Israel en el que constata que no se ha puesto fin a las relaciones armamentistas entre España e Israel, pese a que se aprobó un real decreto-ley (Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre) para ello, hace ya seis meses. 

"No es un embargo", afirma sin medias tintas el centro, de referencia en España para el análisis de paz, la seguridad, la defensa y el armamentismo. "El Gobierno español sigue proporcionando información escasa y deliberadamente imprecisa sobre la implementación de este decreto ley y sobre su eficacia para poner fin al comercio de armas con Israel", denuncia.

El documento aprobado por el Ejecutivo de PSOE y Sumar articulaba y dotaba de seguridad jurídica al embargo de armas a Israel, así como a otras sanciones recogidas en el paquete de presión por el "genocidio" que Tel Aviv estába (y está) perpetrando en la franja de Gaza. La normativa, no obstante, contiene una cláusula de excepcionalidad que permite al Gobierno autorizar una operación contenida en el primer punto -el tránsito de armas a Israel- en caso de que considere que es de interés general para la nación española, por ejemplo. 

El Centre Delàs concluye ahora que el análisis de "medidas, casos y declaraciones concretas" incluidos la aplicación de la cláusula de excepción, el plan de desconexión militar de Israel y los diferentes programas de armamento con participación israelí, "genera serias dudas sobre la verdadera eficacia del Real decreto-ley y hacen pensar, más bien, que las relaciones militares entre España e Israel no se han eliminado". El decreto, aplaudido como positivo, fue para los analistas "una respuesta a la presión popular", pero que "no ha puesto fin a las relaciones armamentistas con Israel".

"El Gobierno mantiene una política de opacidad sobre el Plan de desconexión de la tecnología militar israelí y todo indica que la dependencia de la tecnología israelí se ha mantenido durante el medio año de aplicación del Real Decreto-ley", denuncia. Y aporta, para ello, cinco ejemplos que apuntalan sus conclusiones: 

"Maniobra de desinformación"

Desde el 7 de octubre de 2023 (cuando se produjeron los ataques de Hamás que dejaron 1.200 muertos y 251 secuestrados en Israel, tras lo que se inició la ofensiva de dos años del Gobierno de Benjamin Netanyahu, se ha informado de la anulación de anuncios de adjudicación o de anuncios de formalización de contratos adjudicados a empresas israelíes de defensa y seguridad, lo que no implica la anulación de los contratos en cuestión. Sin embargo, el informe conocido hoy (que puedes leer completo al final de esta noticia) "apunta a una maniobra de desinformación por parte del Ministerio de Defensa" y recoge un listado con los 35 contratos afectados por las anulaciones de los anuncios de adjudicación o formalización".

"Anular los anuncios de los contratos en ningún caso significa anular los contratos en sí", indica la nota de prensa del Centre. Destaca que, de los contratos que siguen en vigor, pesan especialmente los de misiles Spike LR2 (287 millones de euros), el sistema SILAM (697 millones), y el Acuerdo Marco POD Designador para sistemas de combate aéreo (207 millones), acumulando un total de casi 1.192 millones de euros.

Se han presentado alternativas a los contratos de los misiles Spike LR2 y el sistema SILAM, afina, y el Ministerio de Defensa ha confirmado que ambos programas están incluidos en el Plan de Desconexión de la industria militar israelí, "pero hasta la fecha no se ha aportado información concreta sobre cómo piensa sustituir la tecnología israelí asociada a ellos".

En el caso de los misiles contra carro Spike LR2, que desarrolla PAP Tecnos -la filial en España de la empresa israelí Rafael-, "la misma PAP Tecnos presentó en febrero de 2026 una propuesta al Ministerio de Defensa para sustituir el misil Spike por el MELLS, un desarrollo europeo del Spike cuyos componentes, aunque no procedan directamente de Israel, siguen siendo de patente israelí". "El hecho de que sea la propia PAP Tecnos, cuyo accionista único es el Estado de Israel, quien presenta esta alternativa ya debería, por sí mismo, invalidarla", se denuncia.

Según las dos opciones conocidas hasta la fecha, la alternativa propuesta para el Spike LR2 "seguiría siendo de patente israelí e incluyendo a filiales de la industria militar israelí, manteniendo así la dependencia de su industria".

En el caso del SILAM (Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad), un contrato de casi 700 millones €, el consorcio de empresas a cargo (Escribano y Rheinmetall-Expal) ha planteado una alternativa nacional que supuestamente deja fuera la transferencia de tecnología de Elbit Systems. "Sin embargo, y dada la total opacidad respecto a esta propuesta, el Ministerio de Defensa debería aclarar si la alternativa a los componentes israelíes que se ha planteado es introducirlos a través de la filial alemana de Elbit Systems Deutschland o el programa alemán EuroPULS (en el que participa Elbit - principal empresa armamentista israelí)", se lee.

Que sea integral

"Ante la falta de transparencia, los subterfugios y la desinformación, es crucial que el Gobierno rinda cuentas respecto a la relación continuada con la industria militar israelí y rompa definitivamente esos lazos", apunta el investigador del Centre Delàs y autor de la publicación, Eduardo Melero.

Para que el embargo sea efectivo e integral, señala, deberían incluirse otras medidas, como las las "transferencias dentro de la Unión Europea (introducciones y expediciones) de material de defensa y productos y tecnologías de doble uso de patente israelí". 

También deberían establecerse "prohibiciones legales de contratar con empresas israelíes de seguridad y defensa, sus filiales en España o con uniones temporales de empresas en las que participen". Añade medidas concretas para "prohibir el tránsito de barcos y aviones con material militar", o para "frenar el uso de bases militares estadounidenses en España como plataforma para el comercio de armas con Israel".

Estos puntos han sido recogidos en enmiendas concretas que más de 600 organizaciones de la sociedad civil, articuladas en la campaña Fin al comercio de armas con Israel, han demandado que se incluyan en la tramitación del Real Decreto-ley como Proyecto de ley (paralizada desde octubre de 2025) para hacer efectivo de una vez un embargo de armas. 

La sociedad civil ya advirtió entonces que "el texto incluye graves excepciones y no garantiza un blindaje real para poner fin al comercio de armas con Israel" y que, por lo tanto, la norma debe ser enmendada para que suponga un embargo. "Tenemos la misma exigencia para que se incluyan las enmiendas en la Proposición de Ley presentada en julio de 2024 que blinda la figura del embargo. Deben incluirse las enmiendas y cerrarse el periodo de enmiendas para poder avanzar", concluyen.