Montero respeta la sentencia contra la Agencia Tributaria y corregirá la norma "a la mayor celeridad"

“Respeto” y manos a la obra. El Gobierno se mueve tras el varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero y, como ha anunciado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, corregirá “con la mayor celeridad” los elementos sujetos a revisión.

“Vamos a reformular de forma rápida, una vez que leamos con detenimiento la letra pequeña, aquellos aspectos que haya que corregir”, ha asegurado la ministra. Concretamente, los asuntos que están sujeto a revisión son los plazos de prescripción y la cuantía de las sanciones.

El tribunal con sede en Luxemburgo ha declarado ilegal dicha declaración de bienes en el extranjero de la Agencia Tributaria por las “desproporcionadas” sanciones que conlleva y se ha mostrado contraria a las restricciones a la libre circulación de capitales. En concreto, el TJUE apunta que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales.

En este sentido, la justicia europea considera que dicha exigencia de Hacienda, el denominado modelo 720, tiene como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de esos activos como “ganancias patrimoniales no justificadas”, sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción.

Pese a esta corrección, la ministra ha remarcado que se trata de una declaración informativa, por lo que sigue estando vigente. Así que hasta el 31 de marzo del ejercicio corriente tienen los contribuyentes de plazo para hacer la presentación de este modelo 720. La ministra pretende que, antes de que expire el plazo de presentación del modelo se haya corregido la norma utilizando algunas de las leyes que pueden encontrarse en tramitación en el Congreso o el Senado. “Creemos que es más adecuado hacerlo por este mecanismo que no por el mecanismo del decreto ley”, ha afirmado Montero.

Como información general, la ministra ha apuntado que son unos 60.000 contribuyentes los que presentan este modelo anualmente, por lo que se trata de un volumen limitado de personas que hacen esta declaración de bienes en el extranjero. El importe en términos de euros declarados desde la vigencia del modelo está en torno a 225.200 millones.

La ministra ha señalado que en los últimos tres años no se ha impuesto prácticamente ninguna sanción sobre este modelo precisamente para no tener que atender a la posible nulidad de las mismas por la deliberación del TJUE.

Eso sí, antes de estos tres años sí se han impuesto sanciones por esta normativa ―creada en 2012―, que podrían alcanzar los 230 millones de euros. “Habrá que ver ahora a quién le afecta la letra pequeña de la sentencia, si es a la totalidad de afectados o si solo una parte”, ha señalado.