La Corte Penal Internacional estudia pedir órdenes de arresto contra los ministros israelíes Ben-Gvir y Smotrich

La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la conflagración entre Israel y Hamás iniciada el 7 de octubre de 2023. En el mismo documento, se pedía la detención de tres líderes del partido-milicia palestino, hoy dados por muertos. 

Ahora, la CPI puede ampliar su proceso contra líderes israelíes, según acaba de avanzar la prensa local. Este domingo, el diario Haaretz publicó que el fiscal jefe de la Corte ya ha solicitado "órdenes de arresto selladas contra un número indeterminado de funcionarios israelíes", según le informó una fuente conocedora del proceso. Otra fuente diplomática indicó que esas órdenes se dirigirían contra dos políticos y dos militares israelíes, pero que se desconoce la fecha de emisión de la solicitud.

Horas más tarde, medios menos progresistas como Ynet o The Times of Israel han calificado de "imprecisa" o "incorrecta" esta información porque las órdenes, matizan, no se han procesado aún, aunque ninguno de los dos niegan que, en efecto, estén redactadas ya y haya intención de llevarlas adelante. Es más: en estos diarios se sostiene que se estudian cinco y no cuatro órdenes. Todos, eso sí, reconocen que afectarían al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y al titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, así como para otros funcionarios israelíes, políticos y militares. 

La portavoz de la CPI, Oriane Maillet, declaró en una nota a la prensa que el informe no era exacto y que la corte "niega la emisión de nuevas órdenes de arresto en relación con la situación en el Estado de Palestina". "En su declaración, no negó que estuvieran solicitando nuevas órdenes", matiza el Times. 

Eliav Lieblich, profesor de derecho internacional público en la Universidad de Tel Aviv, afirmó al Haaretz que la Constitución de la CPI no exige que el tribunal notifique a los sospechosos sobre la orden de arresto. Ahí es donde puede estar la confusión. "La razón para publicar las órdenes de arresto, como se hizo en los casos del presidente ruso Vladimir Putin, Netanyahu y Gallant, es la disuasión. La razón para mantener el secreto aumenta la probabilidad de que la persona llegue al lugar donde será arrestada" , añade el especialisya. Indicó que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Galant provocaron que "evitaran visitar lugares" donde corren el riesgo de ser arrestados, expone. 

Lieblich también destaca que las órdenes de arresto de la CPI ponen en el punto de mira a la corte y a sus jueces, quienes actualmente están sujetos a sanciones por parte de Estados Unidos. Esto inclinó la balanza a favor de la política de no publicar órdenes de arresto. 

El diario The Wall Street Journal informó en mayo de 2025 que el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, planeaba emitir órdenes de arresto contra el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir ya entonces. Según sus fuentes, Khan investigaba el papel de los dos ultranacionalistas y religiosos socios de Benjamin Netanyahu en la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y si esto violaba los Convenios de Ginebra, que prohíben a los países trasladar a su población a los territorios que han ocupado.

Desde entonces, sin embargo, Khan ha sido suspendido temporalmente de su cargo tras una denuncia por agresión sexual contra una empleada de la corte. El diario digital Middle East Eye desveló en marzo que ha sido absuelto.

Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre, ocho países han prohibido la entrada a Ben-Gvir y Smotrich a sus territorios: Eslovenia, Australia, Canadá, Países Bajos, Noruega, Bélgica, España y Nueva Zelanda. Además, en julio del año pasado, el gobierno neerlandés incluyó a los ministros en una lista negra y les prohibió la entrada a los 29 países europeos signatarios del Acuerdo de Schengen.

En 2024, la CPI encontró motivos razonables para emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Galant por cometer crímenes de guerra en la franja de Gaza, una zona que está bajo un supuesto alto el fuego desde octubre pasado, que se viola a diario. El tribunal determinó en ese momento que eran responsables de hambruna masiva, asesinatos, persecución y de dirigir intencionadamente ataques contra la población civil.

El tribunal había rechazado las apelaciones de Israel con respecto a su autoridad para intervenir en la guerra de Gaza y dictaminó que el consentimiento de Israel para reconocer dicha autoridad no era necesario para aceptar la solicitud de órdenes de arresto.

Israel rechaza la jurisdicción de la CPI, con sede en La Haya, para arrestar o enjuiciar a sus líderes, ya que nunca se adhirió a los convenios internacionales que la crearon, y argumenta que la pertenencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) tampoco otorga jurisdicción a la CPI, debido a disposiciones explícitas de los Acuerdos de Oslo.