Las víctimas eran amenazadas con represalias físicas y sociales, como visitas domiciliarias, difusión pública del supuesto comportamiento, o represalias si tenían pareja.
Este acuerdo entre el Gobierno central y el autonómico entra dentro del primer bloque de transferencia de la Seguridad Social a Euskadi. Ambos Ejecutivos han "encauzado" la entrada de SEPI para cerrar la venta de Talgo.