Los trabajos por el accidente en Adamuz entran en una nueva fase cinco días después de la tragedia

Los trabajos en la zona cero del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) han entrado en una nueva fase. Cinco días después de que el tren de la compañía Iryo descarrilara en una recta y otro convoy Renfe acabase chocando contra los tres vagones cruzados en la vía, se ha podido identificar las 45 víctimas mortales de una de las tragedias ferroviarias más graves en la historia de España y cuya vertiente judicial avanza en los juzgados, donde ya han recibid el primer atestado de la Guardia Civil, lo que permitirá avanzar la investigación sobre las causas que ayuden a entender el siniestro.

El hallazgo de los dos últimos cadáveres bajo los restos del tren de Renfe, lo que eleva el balance final de víctimas a 45 personas y permite dar prácticamente por cerrado la fase de búsqueda de desaparecidos. De todas ellas, ya se han identificado a 43 fallecidos: en todos los casos mediante las huellas dactilares, salvo una, para la que ha sido necesario recurrir al análisis de ADN. Entre los fallecidos, hay 22 mujeres y 21 hombres, incluido un menor. Cuarenta eran de nacionalidad española y el resto, tres mujeres de origen ruso, alemán y marroquí, respectivamente. En cuanto al número de heridos, siguen ingresadas 31 personas (28 adultos y tres menores). Seis de ellos continúan en la UCI, de acuerdo con los últimos datos facilitados por la Junta de Andalucía.

Mientras la investigación que aclarará las causas del accidente sigue adelante, las familias de los fallecidos han empezado a despedirse de sus allegados. Uno de los entierros más multitudinarios se celebraba en Aljaraque, donde cientos de vecinos asistieron al último adiós de los cuatro miembros de una misma familia fallecidos en el accidente. Pese a que parte de la familia era originaria de Punta Umbría, residían desde hacía años en Aljaraque, donde la familia era muy conocida, ya que la madre regentaba un comercio de ropa para niños. “Aljaraque ha enmudecido, porque era una familia muy querida y trabajadora. No hay consuelo. No sé qué palabras de consuelo se pueden usar”, afirmó el regidor, Adrián Cano, que acudió acompañado del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano.

En medio de una semana marcada por el duelo, una noticia ha servido para compensar la  angustia de los familiares de los desaparecidos. Boro, el perro de uno de los heridos en el accidente de tren en Adamuz, aparecía este jueves tras varios días de búsqueda, después del llamamiento de la familia de su dueña y de la movilización de servicios y particulares. Un grupo de bomberos forestales localizó al animal y se lo ha entregado a la familia, que han agradecido públicamente los esfuerzos y se lo han llevado a casa, donde lo cuidarán “para toda la vida”. Fue Ana García, hermana de Raquel, dueña del perro, herida grave en el accidente de tren, embarazada y en coma, la que pidió que se buscase a Boro. “Cuando mi hija despierte del coma no quiero que pregunte por su perro, quiero que lo vea. Será fundamental para su recuperación", apuntó en su día la madre. Según la familia, Raquel se golpeó al proteger al perro en el momento del accidente. El Colegio de Veterinarios de Málaga se ha ofrecido para tratar posibles efectos del trauma que pueda sufrir el animal.

La investigación apunta a la vía

La investigación sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz avanza con el foco puesto en la infraestructura. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que le “cuesta creer” que el origen del siniestro esté en el tren de alta velocidad de Iryo que descarriló en primer lugar y ha apuntado a la posibilidad de que la causa se encuentre en la vía. El ministro ha descrito el suceso como “muy extraño”, al tratarse de un tramo que había sido renovado recientemente y que había superado todas las revisiones previas.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Iñaki Barrón, quien este miércoles que “lo que ahora parece más probable” es que se produjera una rotura de carril o de una soldadura, una hipótesis que deberá confirmarse con el análisis técnico de los restos y del trazado afectado. Según un informe del Gobierno, en el tramo concreto del accidente y en la vía utilizada por el tren que descarriló primero no se habían registrado incidencias desde 2021.

Al mismo tiempo, la Guardia Civil ha dado por finalizada la inspección ocular del lugar del accidente y ha remitido un primer atestado al juzgado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó este jueves la entrega de ese informe, que se incorpora a las diligencias abiertas para esclarecer las circunstancias del choque entre los dos trenes.

A la investigación técnica se suman también los avisos del colectivo de maquinistas. Así, el sindicato Semaf ha denunciado que "son centenares" los profesionales que comunican incidencias en la red ferroviaria a Adif, el gestor de infraestructuras en España, sin recibir respuesta ni ver que se adopten medidas correctoras. Según el sindicato, estas alertas se repiten desde hace tiempo y afectan a distintos puntos de la red.

Semaf habla de una “tormenta perfecta” y sostiene que, mientras se prioriza la inversión en nuevas infraestructuras y grandes remodelaciones, el mantenimiento no recibe el mismo impulso. Una situación que, advierte el sindicato, coloca a todos los maquinistas en un empleo en el que, a diario, trabajan “jugándose la vida”. Frente a estas críticas, un informe del Gobierno sostiene que el gasto en el mantenimiento de la red gestionada por Adif se ha incrementado un 51,97% en una década, de los 737 millones de 2016 hasta los 1.120 millones en noviembre de 2025.

La derivada política

El accidente de Adamuz, después de unos días de tregua, ha abierto un frente político de primer nivel, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el centro de las críticas. Él, el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, han solicitado comparecer en el Congreso para ofrecer las explicaciones sobre todo lo ocurrido y sobre el estado de la infraestructura ferroviaria en el tramo afectado.

Oscar Puente ha defendido su actuación y la de Adif ante el aumento de las incidencias en la red española estos últimos días. El ministro, que comprende el clima de "zozobra y cierta psicosis” en el que se ha instalado el país en apenas tres días, ha pedido "introducir racionalidad en el debate”. Puente ha señalado que la reacción de los maquinistas, tanto en Rodalies como en las huelgas anunciadas para febrero, son "emocionales". Puente ha descartado cualquier tipo de “sabotaje” y ha insistido en que la mayoría de las vibraciones detectadas afectan a la comodidad de marcha y no a la seguridad del tren, que se evalúa con parámetros técnicos claros y sobre el terreno.

La tregua del PP con el Gobierno ha durado poco más de 48 horas. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, explicó que el partido optó en un primer momento por “prudencia” y “serenidad”, sin “hiperbolizar” las reacciones, pero que ante “la incertidumbre, la inseguridad y la falta de explicaciones del Gobierno” se han visto obligados a pedir responsabilidades.

Bravo sostiene que “lo mínimo” que debe hacer el Ejecutivo es dar explicaciones, ofrecer transparencia y garantizar la seguridad, advirtiendo que “el problema ya no es un episodio concreto”, sino “el miedo a un sistema insuficientemente mantenido por un Gobierno sin presupuestos y sin capacidad de gestión". Pese a que Alberto Núñez Feijóo ha mantenido públicamente una línea más contenida, otras voces del partido ya han elevado el tono. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, habló de “hundimiento total” y de “miseria moral” del Gobiero, mientras que Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado al Gobierno de actuar “sin criterio, sin cabeza y sin credibilidad”.

Desde Bruselas, tras asistir a una reunión de líderes de la Unión Europea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo que preside asume “todas” sus responsabilidades “desde el primer momento” y se ha comprometido a trabajar para restablecer la confianza de toda la ciudadanía en la alta velocidad. Sánchez sostiene que la respuesta del Gobierno se basará en “empatía”, “transparencia”, en la cooperación entre instituciones y el “rigor técnico”, tanto en el siniestro de Adamuz como con el ocurrido en Gelida, y agradeció la labor de los servidores públicos y de los ciudadanos que se han volcado con “humanidad y profesionalidad” desde el inicio de la crisis.

Por su parte, Vox ha comunicado que no asistirá al homenaje de Estado a las víctimas, previsto para el 31 de enero en Huelva, al considerar que supondría “blanquear” una gestión del Gobierno que califica de “criminal”. En Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado visiblemente emocionado al recordar el escenario “prácticamente de guerra” que encontró al recorrer la zona cero del accidente.