INTERNACIONAL
01/04/2018 18:13 CEST | Actualizado 01/04/2018 18:13 CEST

El plan de Israel para deportar a 40.000 'soñadores' africanos

El Gobierno impide que tramiten sus permisos como refugiados, alegando que está en riesgo el "hogar nacional judío".

Antes del 1 de mayo, cerca de 40.000 migrantes africanos que ahora viven en Israel tendrán que tomar una decisión drástica: o se dejan deportar al país del que marcharon, o admiten que los manden a un tercer estado que nada tiene que ver con ellos, o entran en prisión por no tener papeles. Aguardar a que se les conceda el asilo no es una opción desde que el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu reformó en diciembre la llamada "ley anti infiltración". Queda la maleta o la cárcel. Tras la medida está supuestamente la "protección de un pequeño estado frente a los ilegales" y "el mantenimiento de su esencia judía", en palabras de Aryeh Deri, ministro de Interior. Las organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas sólo ven nuevos dreamers expulsados del paraíso.

A principios de febrero, Israel empezó a mandar cartas a los afectados -hombres de Sudán y de Eritrea-, informando de su medida. Se les comunicaba que tienen 60 días para irse del país o serán encarcelados y se les ofrecen 3.500 euros de ayuda para su nueva vida y un billete de avión, de ida. Sólo les dicen que el viaje será a "destinos seguros", pero los afectados dudan que lo sean sus países, de los que escaparon por la guerra y la persecución. Se rumorean Uganda y Ruanda como opciones alternativas, pero nadie lo explica claramente. Sí se ha informado de que, por cada persona, el país de acogida recibirá más de 4.000 euros. En esta primera fase de expulsión, quedan fuera las mujeres (unas 7.000), los niños (más de 5.000) y los adultos varones con menores a su cargo (en un número no definido).

Hasta ahora, estos africanos han estado viviendo concentrados en el sur y la periferia de Tel Aviv, la capital, con visas de uno o dos meses, seis a lo sumo, que van renovando a la espera de poder presentar sus peticiones de asilo en el país occidental que menos estatus de este tipo reconoce, 200 en 60 años, según datos de la Línea Caliente (Hotline) para Refugiados y Migrantes y la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI). Menos del 1% de los casos presentados- Por contraste, la media de reconocimiento en el mundo occidental es del 87% para los eritreos y del 63% para los sudaneses, indica el ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.

Hace unos 15 años que estos migrantes comenzaron a llegar a la zona, pero el flujo se incrementó notablemente entre 2010 y 2014. Su ruta y su odisea es bastante desconocida: cruzaban a pie toda la península del Sinaí, en Egipto, y entraban a Israel por alguno de los 250 kilómetros de árida frontera común. En su periplo debían soportar lo mismo que los subsaharianos que llegan a Marruecos y se hacen a la mar rumbo a España o los que arriban a Libia y sueñan con Italia: mafias, tratantes de seres humanos, yihadistas, secuestros, esclavismo, abusos físicos y sexuales, violaciones... El Estrecho de Gibraltar quedaba muy lejos y las primaveras árabes tenían el norte de África en ebullición. ¿Por qué no intentarlo en Israel, país democrático, levantado por perseguidos, tierra que no pasa del 5% de paro y cuna de las start ups?

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Amir Cohen / Reuters
Migrantes africanos, ante la cárcel de Holot, en el desierto del Negev.

Esa vía se cortó a partir de 2013, cuando Netanyahu ordenó levantar un muro con Egipto, que bloqueó paulatinamente la entrada de migrantes. En paralelo, al año siguiente planteó la deportación supuestamente voluntaria de hasta 15.000 personas. "Supuestamente" porque la otra opción, de nuevo, era encerrar a los migrantes en la cárcel de Holot, en pleno desierto del Negev, levantada ex profeso para ellos y con capacidad para 8.000 internos.

El Ejecutivo israelí no ha aportado datos sobre cuántas personas se fueron realmente y dónde acabaron, aunque las ONG locales sostienen que se firmó un acuerdo con Ruanda y Uganda. Sin embargo, el seguimiento que le hicieron a los que se marcharon demuestra que apenas un puñado de ellos se quedaron allá, "porque no tienen nada que hacer en un país que no es su país", resume Shirley Racah, directora de la Hotline. Tienen "constancia" de que decenas de estos africanos han acabado montados en pateras, en el Mediterráneo.

Otros fueron encerrados en Holot, donde ha habido 1.420 presos hasta mediados de marzo, cuando se ha cerrado el edificio como medida de presión temporal, con el Gobierno diciendo que es muy caro mantener a estos "migrantes económicos" en la cárcel. Según el diario Haaretz, se calcula que "eludir el peligro de desvirtualizar el carácter judío de Israel" con este plan costará unos 48 millones de euros.

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Precio a la vida humana

"Es imposible poner precio a la vida humana. Esta práctica debe parar de inmediato. Israel tiene una obligación moral, histórica e internacional de proteger a los solicitantes de asilo y debe asumir la responsabilidad de las personas que han llegado a sus fronteras buscando un asilo", denuncia un comunicado emitido por la Línea Caliente de Refugiados.

El ACRI expone la cronología de ese desamparo: apenas tres años después de nacer, Israel firmó y ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que impide repatriar, deportar o llevar a juicio a los solicitantes de asilo, incluso si han entrado al país de forma ilegal. La ONU dice que hay que crear un proceso administrativo seguro, fiable, por el que estas personas puedan demostrar que estaban perseguidas en sus naciones de origen y, por tanto, deben ser abrigadas por un nuevo estado. Sin embargo, el desarrollo normativo para ello ha sido "absolutamente insuficiente" en Israel y hay "limbos y dilaciones" sobre el protocolo. Hasta 2013, además, Israel "no dejó" que eritreos y sudaneses presentasen sus papeles. Desde entonces, más de 12.000 han comenzado el proceso y hay más de 7.000 expedientes que llevan más de tres años sin resolver. Como decíamos, los permisos de asilo no llegan ni al 1%.

Las ONG denuncian el doble rasero de las autoridades de Inmigración, que han dado miles de permisos a ciudadanos de la extinta URSS o del sureste asiático (Filipinas, sobre todo) para que trabajen en la construcción, la agricultura, la dependencia o el cuidado del hogar. En cambio, "a estos africanos, negros, muchos de ellos musulmanes, no se les ha dado ninguna oportunidad: ni como refugiados ni como seres humanos, porque nadie ha invertido para cuidarlos, darles sanidad y escuelas dignas. Se han alimentado los llamados guetos y se han azuzado las diferencias con el resto de israelíes, denuncia Racah. El dilema moral es importante en un país levantado como "hogar nacional" de los perseguidos del nazismo.

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Amir Cohen / Reuters
Protesta ante la embajada de Ruanda en Israel, hace unas semanas. En un cartel se lee: "¿Importan las vidas negras en Israel?".

La política migratoria de Israel se rige por la llamada Ley de Retorno (1950), que garantiza la ciudadanía de forma automática a los judíos de todo el mundo. Lo que piden las ONG es que, legalmente, como refugiados reales que son la mayoría de amenazados con la expulsión o la cárcel, estas 40.000 personas se queden. No suponen, defienden, un alto impacto en una población de 8,9 millones de habitantes. "Hay 65 millones de refugiados en el mundo. Nosotros podemos quedarnos 40.000", es uno de los lemas de ACRI.

Y esos 40.000, mientras sus papeles se arreglan, necesitan "inversión" para garantizarles servicios esenciales, dispersión por todo Israel para evitar guetos y el fin de la "persecución criminal" a quien no ha cometido delito alguno, reclaman las ONG en un comunicado conjunto que se lee en cada manifestación.

A favor y en contra

Aryeh Deri, el ministro del Interior, siempre defiende en las entrevistas que "la obligación de un Gobierno es para con sus ciudadanos, no con los inmigrantes". Cuando se le insiste en que hablamos de personas necesitadas de ayuda, que han escapado, usa el discurso de "los nuestros primero": "No son números, son personas, son humanos y me mueven a la compasión y a la misericordia, pero el pequeño estado de Israel no puede contener una gran cantidad de infiltrados ilegales", dijo hace dos semanas en la radio del Ejército.

​​​Los partidos de ultraderecha y religiosos que apoyan a Netanyahu aplauden sin fisuras este plan, que dicen medios afines como Israel Hayom (un diario gratuito propiedad de Sheldon Adelson, quien quiso levantar el Eurovegas en Madrid) apoya más del 70% de la ciudadanía. Sin embargo, más allá de las ONG de derechos humanos, se está conociendo una oposición potente, muy simbólica: la de grupos de rabinos progresistas que han lanzado la campaña Miklat Israel (Israel refugio) o The Anne Frank Home Sanctuary -por la que se buscan familias que oculten a los perseguidos-, la de la Liga Antidifamación de EEUU que combate el antisemitismo; la de grupos de supervivientes del Holocausto y relacionados con el Yad Vashem, el museo de la memoria de la Shoa de Jerusalén; la de los pilotos de la compañía El Al que ya avisan de que no llevarán a nadie deportado en sus aviones; la de partidos de izquierda y asociaciones vecinales de Tel Aviv, y más de 400 actores, escritores, doctores...

El corazón dividido

"No tenemos ningún otro sitio al que ir". Lo resume, fatalista, Amani Bengui Dimka, más conocido en su barrio como Starry. Es eritreo, aunque con antepasados nigerianos y angoleños, y lleva casi ocho años en Israel. Dice que está "agradecido" a las personas que le han dado asistencia en este tiempo y a las que aún pelean por que se quede, los abogados del partido Meretz que nos lo ponen en suerte. Pero tampoco quiere contar "el cuento de hadas que no es".

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Amani Dimka, en una imagen de su archivo.

"Llegué escapando del hambre y de la guerra abierta en mi país. Dejé atrás mi familia y mis amigos y me encontré un viaje horrible. Nos secuestraron y nos torturaron en Sudán, en Etiopía y en el Sinaí. Pasamos hambre, muy mal. Y al llegar aquí descubrimos que el Gobierno no nos quiere. Hay personas con un enorme corazón, pero si pudiera irme a casa, lo haría sin pensarlo, mañana. No puedo, porque no es seguro. Así que si me mandan la carta, prefiero la cárcel", cuenta desde el sur de Tel Aviv, donde vive con su esposa -igualmente eritrea- y su hijo, de tres años y medio.

Dimka regenta una guardería para hijos de migrantes, los que tienen menos acceso a los servicios educativos ordinarios de Israel. "Estamos haciendo una buena labor, pero es muy difícil", reconoce. Simpático, abierto, se duele de no haber encontrado el refugio que necesitaba. "Europa ahora me parece una opción mejor". Tiene amigos en Alemania y Bélgica. Con esa estabilidad sueña ahora.

Teme hablar mucho, "por si hay consecuencias", pero cierra con una reflexión conmovedora. "He aprendido hebreo, me gusta la música de aquí, quiero tener más hijos y ponerles los nombres de los amigos que me han dado apoyo. Pero hay que superar aún el racismo de las instituciones. ¿Sabe? Me sé el himno, es muy hermoso, se llama Hatikva, y eso quiere decir "esperanza". Yo he hecho mi propia versión, por si llega a Netanyahu: "Mientras en lo profundo del corazón palpite un alma buena, no se habrá perdido nuestra esperanza". Aún confío en las almas buenas. Y, aunque yo no soy judío, soy un buen hombre".

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