¿A qué vienen las manifestaciones contra los migrantes en Sudáfrica?

Las calles de los barrios periféricos y del centro de Johannesburgo (Sudáfrica) muestran las cicatrices de una tensión que lleva meses fraguándose. En Hillbrow y Yeoville, zonas conocidas por albergar populosas comunidades de inmigrantes de diversas partes del continente africano, el silencio de estos días es tenso, interrumpido únicamente por el patrullar constante de vehículos blindados y los pasos de miles de soldados fuertemente armados.

Es la estampa que describen medios internacionales como AP y Reuters, después de que el Gobierno de Pretoria haya tomado una medida drástica: el despliegue a gran escala de las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) para contener una marea creciente de protestas y disturbios de carácter fuertemente antiinmigrante. 

La orden, firmada directamente por el presidente Cyril Ramaphosa y comunicada oficialmente al Parlamento el viernes pasado, contempla el despliegue de más de 3.400 militares en todo el territorio nacional, con un coste estimado de 54,6 millones de rands (unos tres millones de euros). Este contingente permanecerá en estado de alerta máxima durante todo el mes presente para dar apoyo a una policía civil, desbordada por una serie de manifestaciones semanales que amenazan con sumir al país en un nuevo ciclo de derramamiento de sangre afrofóbico.

El desencadenante inmediato de este despliegue fue la culminación de un ultimátum extraoficial, fijado para el pasado martes 30 de junio, por movimientos civiles de corte nacionalista, entre los que destacan March and March y la polémica plataforma radical Operation Dudula. Bajo consignas que exigen la expulsión inmediata de todos los extranjeros indocumentados, dichas organizaciones habían advertido a los comerciantes y residentes extranjeros que debían abandonar el país o cerrar sus negocios antes de la fecha límite. Si no, se enfrentarían a sus represalias. 

El Ejecutivo ha indicado que más de 25.000 personas han tramitado sus salidas ante esta crisis en las últimas semanas y otras miles se amontonaban en campamentos improvisados, en espera de un medio de transporte para abandonar el país.

Lo que los organizadores defendieron como una "protesta pacífica y legítima" para exigir un control fronterizo más estricto terminó, en la práctica, por convertirse en episodios violentos en los centros urbanos más grandes del país, a veces conatos y a veces razias, que han provocado que miles de inmigrantes de naciones vecinas busquen refugio desesperado en sus embajadas o consulados o inicien el éxodo masivo de regreso a casa apuntado por el Gobierno. 

El detonante: un ultimátum 

El 30 de junio, miles de manifestantes envueltos en la bandera nacional sudafricana marcharon por las principales arterias de Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo, entre otras ciudades. La marcha principal que se dirigió a Soweto -donde unas 3.000 personas entregaron una petición a las autoridades policiales exigiendo redadas conjuntas y el cierre definitivo de tiendas regentadas por extranjeros- se mantuvo mayoritariamente bajo control, pero en otros puntos la situación derivó rápidamente en el caos.

En barrios de alta densidad migratoria en Johannesburgo, grupos de manifestantes armados con palos, barras de hierro, armas tradicionales como knobkieries (porras de madera tradicionales) y sjamboks (látigos) se separaron de las columnas autorizadas. El pánico se apoderó de los residentes cuando algunos de los concentrados comenzaron a apedrear vehículos que pasaban, a destrozar escaparates de tiendas y a prender fuego a áreas de contenedores de basura en zonas habitadas por personas sin hogar.

"Esto no es una marcha pacífica", relataba a la BBC una residente de Yeoville que mostraba consternada a los reporteros un ladrillo que había destrozado la ventana de su dormitorio durante los disturbios. Los repartidores de aplicaciones de comida, muchos de ellos de origen foráneo, se convirtieron en objetivos móviles; testigos presenciales observaron cómo un conductor de Uber Eats fue rodeado por la multitud y golpeado reiteradamente con palos en la cabeza y el cuerpo. 

"Llevaba más de 15 años viviendo en Sudáfrica, con trabajos poco cualificados, principalmente cuidando niños y haciendo labores de asistencia en el suburbio de Alexandra", una zona residencial en Johannesburgo (norte), dice a la agencia EFE Monica Sibanda, recién llegada a la estación de autobuses Road Port, en Harare, la capital zimbabuense. "El problema surge cuando, al salir del trabajo y volver a casa, te puedes encontrar con ciudadanos sudafricanos que te acosan y te amenazan. Creo que era mejor para mí marcharme ante de que sea demasiado tarde", relata.

La policía local (SAPS) y la Policía Metropolitana de Johannesburgo (JMPD) se vieron superadas por momentos, viéndose obligadas a subir a ciudadanos extranjeros ensangrentados y aterrorizados a la parte trasera de sus furgonetas para salvarlos de ser linchados. Fue esta volatilidad extrema la que forzó al Centro de Operaciones Conjuntas de Gauteng a solicitar formalmente la entrada del ejército en la misma noche del martes.

Las consecuencias directas de estos ataques ya son trágicas. El Gobierno de Nigeria confirmó oficialmente el lunes la muerte de dos de sus ciudadanos en territorio sudafricano en medio de este repunte de la violencia. La Asociación de Prensa Extranjera en Sudáfrica y agencias como AFP reportaron de igual manera el asesinato en las últimas semanas de al menos dos ciudadanos mozambiqueños, un etíope y un malauí, todos víctimas de agresiones de corte xenófobo.

Frente a las embajadas y consulados de países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), las escenas remiten a una crisis de refugiados dentro del propio continente. En la sede diplomática de Malaui, en Pretoria, miles de personas acamparon a la intemperie llevando consigo apenas unas pocas maletas, lo que pudieron rescatar para ponerse a salvo. La presión ante el pánico generalizado obligó a varios gabinete africanos -incluidos los de la propia Malaui, más Mozambique, Zimbabue o Nigeria- a coordinar de urgencia el envío de flotas de autobuses y vuelos chárter para repatriar y poner a salvo a sus nacionales.

Muchos de los afectados han relatado haber sido expulsados sumariamente de sus puestos de trabajo o desalojados por sus propios caseros sudafricanos, que justificaron sus acciones por el temor a que sus propiedades fueran incendiadas por las turbas o a recibir fuertes multas gubernamentales en medio de la histeria colectiva y del ultimátum.

El relato y las elecciones

Los analistas locales señalan la proximidad de un factor político determinante para calentar el ambiente en estos días, que diferencia las tensiones actuales de las que se han vivido en el pasado: las elecciones municipales y regionales programadas para noviembre de este año. La retórica antiinmigrante ha pasado de los márgenes sociales a convertirse en una moneda de cambio habitual en los discursos de varias agrupaciones políticas que buscan capitalizar el descontento popular.

Jacinta Ngobese-Zuma, una líder de las movilizaciones, dijo a la prensa el día de la marcha que los próximos seis meses pedirán al Gobierno que utilice los recursos de la nación para "sacar a los inmigrantes ilegales. Deben irse edificio por edificio". El 70% de los sudafricanos opina que los inmigrantes son responsables del desempleo, argumenta, tratando de avalar su propia postura.

El presidente Ramaphosa ha tratado de mantener un delicado equilibrio que, para algunos, llega tarde. En sus intervenciones tras el inicio de las marchas, el mandatario reconoció que las preocupaciones de los ciudadanos sudafricanos respecto al control migratorio y la informalidad laboral son "legítimas" y deben ser atendidas con seriedad por el Ministerio del Interior. No obstante, condenó de forma categórica el uso de la violencia. "El derecho constitucional a protestar no otorga a nadie la potestad de amenazar, intimidar o agredir a otros, ni de incurrir en actos de vandalismo", advirtió. "Tomar la justicia por mano propia no es civismo, es paramilitarismo y delincuencia pura. Aquellos que utilicen estas marchas como fachada para cometer crímenes sentirán todo el peso de la ley", sentenció. 

La oposición radical, encarnada en sectores vinculados al partido Umkhonto Wesizwe (MKP), ha sido acusada por organizaciones de derechos humanos de alentar solapadamente estas demostraciones para erosionar la gobernabilidad del Congreso Nacional Africano (CNA). Al utilizar el lema de la lucha contra la "inmigración ilegal", estas organizaciones logran barnizar con tintes de legalidad y patriotismo lo que, en la práctica en las calles, se traduce a menudo en un crudo sentimiento tribal y xenófobo.

Una mirada a la opinión pública sudafricana

Contrario a la impresión de que toda la sociedad sudafricana apoya estas medidas extremas, un estudio exhaustivo publicado en junio pasado por la firma de investigación social GeoPoll revela una realidad mucho más matizada y compleja. La encuesta, realizada a una muestra de ciudadanos de sectores urbanos, suburbanos y rurales de Sudáfrica mediante su aplicación móvil y la plataforma WhatsApp, arroja luz sobre las actitudes reales de la población hacia los ciudadanos extranjeros.

El dato más contundente del informe es un rechazo categórico hacia la violencia. El 75% de los encuestados afirmó de manera tajante que el uso de la violencia contra ciudadanos extranjeros en sus comunidades "nunca es aceptable", frente a un marginal 4% que considera que está siempre justificado. Asimismo, un 55% de los sudafricanos consultados expresó abiertamente su rechazo y desacuerdo con los ataques directos perpetrados contra inmigrantes.

El informe de GeoPoll también derriba el mito de una hostilidad generalizada en la convivencia cotidiana: un 55% de los entrevistados aseguró sentirse "muy cómodo" o "relativamente cómodo" residiendo o compartiendo espacios de trabajo diarios con personas procedentes de otros países. Por el contrario, sólo el 17% manifestó incomodidad personal en estas interacciones del día a día, mientras que un 29% se mantuvo neutral. 

En términos generales, la corriente de opinión mayoritaria se sitúa en la ambivalencia; un 41% de los encuestados definió su postura general hacia la comunidad extranjera como "neutral", lo que sugiere que el núcleo duro de la xenofobia militante es una minoría, aunque altamente ruidosa y movilizada.

¿De dónde nacen entonces las tensiones que capitalizan los grupos radicales? De acuerdo con este instituto de estudios, las causas profundas señaladas por los propios sudafricanos están estrictamente vinculadas a factores de gobernanza y condiciones materiales de vida, no a diferencias de índole social o cultural. 

Al permitir seleccionar hasta tres detonantes principales de la crisis social, los encuestados apuntaron de forma abrumadora a tres realidades. La primera y más destacada es el desempleo crónico y la competencia laboral (50%); en un país donde la desocupación general supera el 32% y el desempleo juvenil roza el 60%, el acceso a un empleo es una batalla diaria por la supervivencia.

Luego está la percepción de debilidad institucional en el control fronterizo (48% de las respuestas), pues existe una desconfianza generalizada hacia la capacidad del Estado para regular el flujo migratorio de manera transparente. Y completan la triada las preocupaciones en torno a la criminalidad (46%). La inseguridad ciudadana y la proliferación de economías informales son frecuentemente vinculadas -en muchas ocasiones sin pruebas, como sucede incluso en Europa- a la presencia de comunidades indocumentadas en Sudáfrica. 

El estudio también subraya el papel fundamental de las plataformas digitales en la amplificación de la crisis. El 63% de los encuestados reconoció que las redes sociales constituyen su fuente primaria de información sobre los incidentes de xenofobia. Los algoritmos de estas plataformas suelen viralizar bulos, desinformación y discursos de odio en cuestión de minutos, catalizando el descontento latente y transformándolo en disturbios físicos en las calles en un fenómeno que los expertos denominan "agitación digital".

La crisis antes de la crisis

El debate sobre si los flujos migratorios son la causa real del declive económico de Sudáfrica divide a los activistas de calle y a la comunidad académica. En un análisis publicado por la plataforma académica The Conversation, los investigadores Justin Visagie y Ruth Castel-Branco, de la Universidad local de Witwatersrand, sostienen que responsabilizar a la población extranjera del colapso de los servicios públicos y la falta de empleo es un ejercicio de distracción política que ignora las fallas estructurales crónicas del modelo económico sudafricano.

Desde la transición democrática en 1994, Sudáfrica ha luchado contra una desigualdad económica estructural heredada del régimen del apartheid, la cual no ha podido ser corregida. Las políticas macroeconómicas de las últimas tres décadas han estado marcadas por un crecimiento anémico, una desindustrialización progresiva y una falta crónica de inversión en infraestructuras clave. El suministro eléctrico a cargo de la estatal Eskom sigue sufriendo interrupciones intermitentes que lastran la productividad industrial, y la red de transporte ferroviario y logístico presenta deficiencias severas que encarecen los costes de exportación.

"El argumento de que expulsando a los inmigrantes aparecerán mágicamente millones de empleos para los sudafricanos es una falacia matemática y económica", señala el informe de los profesores. Los inmigrantes africanos en Sudáfrica suelen insertarse en los eslabones más precarios de la economía informal -pequeño comercio minorista, agricultura estacional, construcción y trabajo doméstico- o emprenden microempresas que, en muchos casos, terminan generando puestos de trabajo para los propios locales. 

Los análisis económicos más amplios demuestran que la crisis de empleo en Sudáfrica se debe principalmente a la falta de cualificación técnica adaptada a un mercado moderno y a la incapacidad del sector privado formal para expandirse en un entorno de nulo crecimiento económico. Ver las razones en otro lado es retorcer el diagnóstico. 

Igualmente, el colapso de los sistemas de salud pública y de educación responde a años de mala gestión presupuestaria, corrupción institucional y un incremento demográfico general que no fue acompañado por una inversión proporcional en infraestructura estatal. Utilizar a los inmigrantes como el "chivo expiatorio" perfecto permite a las autoridades locales y a los partidos políticos evadir su responsabilidad directa en la falta de prestación de servicios básicos a las comunidades más vulnerables, derivando la frustración de la clase trabajadora hacia un enemigo externo identificable.

Un historial de violencia que no logra sepultar

Las escenas actuales, que ya han tenido antecedentes desde el pasado invierno, despiertan dolorosos recuerdos del pasado reciente del país. Y es que Sudáfrica arrastra un historial de estallidos xenófobos cíclicos sumamente mortíferos, que han empañado su reputación internacional como la "Nación del Arcoíris".

El peor recuerdo se remonta a mayo de 2008, cuando una oleada de violencia que comenzó en el suburbio de Alexandra, en Johannesburgo, y se extendió rápidamente por todo el país, se saldó con la muerte de 62 personas -entre ellas una docena de sudafricanos confundidos con extranjeros-, cientos de heridos y más de 100.000 desplazados. Posteriormente, en los años 2015 y 2016, volvieron a registrarse violentos disturbios dirigidos principalmente contra comerciantes originarios de Pakistán, Bangladesh y Somalia, obligando al gobierno a desplegar al ejército por primera vez para frenar los linchamientos en Durban. 

En 2019, la historia volvió a repetirse en el distrito financiero de Johannesburgo, donde turbas armadas atacaron y saquearon comercios de propiedad extranjera, cobrándose la vida de al menos 12 personas. Hubo más de 60 heridos también entonces. 

La gran diferencia en el presente 2026 radica en el nivel de organización y legitimidad política de los grupos antiinmigración. Lo que hace una década eran estallidos espontáneos de frustración social en zonas marginales (las llamadas townships), hoy se presenta como un movimiento coordinado a nivel nacional, con portavoces estructurados, recursos para movilizar autobuses, estrategias de comunicación digital sofisticadas y un calendario de protestas fijado para todos los jueves del mes. "Grupos de justicieros impidieron que los migrantes accedieran a los servicios públicos de salud y educación", denuncia, por ejemplo, la organización internacional Human Rights Watch en su resumen anual.

Con más de 3.000 soldados patrullando las principales zonas de conflicto y las fronteras bajo estricta vigilancia, el Gobierno sudafricano ha logrado por ahora imponer una calma superficial a un costo financiero y democrático muy elevado. Mientras las causas subyacentes -la falta de oportunidades económicas, la desigualdad extrema y la explotación política del miedo- permanezcan intactas, el despliegue militar actual funcionará meramente como un costoso torniquete sobre una herida social profunda que no para de sangrar. 

La gran incógnita para las semanas venideras es si las fuerzas del orden lograrán contener el anunciado calendario de marchas semanales de los movimientos nacionalistas o si Sudáfica va camino de repetir los capítulos más oscuros de su historia contemporánea.