El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos y le ha impuesto una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude a Hacienda. La sentencia no se ha adoptado por unanimidad, sino por mayoría de cinco de los siete magistrados que formaron el tribunal.
Según fuentes cercanas a la presidenta Díaz Ayuso, la presidenta "está muy satisfecha", pues esto es "un éxito sin precedentes de la democracia: un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella".
La histórica condena contra el Fiscal General del Estado deja un reguero de interrogantes y cuestiones por resolver. Además, abre un escenario inexplorado respecto a la implicación e impacto del fallo del Supremo en el poder judicial a todos los niveles.
El Gobierno activará el proceso para sustituirle como fiscal general del Estado tras su condena por inhabilitación, pero a él le queda por delante una batalla judicial para revocar la sentencia.
Álvaro García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo. Moncloa ya prepara su relevo en el cargo, mientras la oposición reclama "elecciones" entre ataques al Gobierno por "vergüenza" y "dignidad".
El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo y a una indemnización de 10.000 euros a González Amador por revelación de secretos.
El alto tribunal impone también una multa económica de 7.200 euros y le obliga a indemnizar a González Amador con 10.000 euros. El fallo se ha producido con el voto a favor de cinco de los siete magistrados.
En total, según afirma la defensa, se llevaron datos de "7 meses y 22 dias de información", así como un móvil con información desde 2018. Sin embargo, el auto fijaba el límite temporal entre el 8 de marzo y el 30 de octubre de 2024.
Después de que varios periodistas aseguraran ante el juez que accedieron al contenido del correo horas antes y se haya defendido "por seguridad" el borrado de los mensajes y correos que efectúa periódicamente García Ortiz.