Europa no puede dejar caer su pilar social

El Fondo Social Europeo (FSE) es, probablemente, uno de los instrumentos menos conocidos de la Unión Europea y, al mismo tiempo, uno de los más importantes. Desde su creación en 1957, su función ha sido clara: invertir en las personas. A través de este fondo, la Unión cofinancia en los Estados miembros programas de empleo, formación, inclusión social y lucha contra la pobreza. Es decir, financia aquello que permite a las personas acceder a un trabajo, mejorar sus capacidades, transitar a la vida adulta con autonomía o salir de situaciones de vulnerabilidad.

No es un fondo abstracto. Está detrás de programas de inserción laboral para quienes necesitan apoyo en conseguir un empleo, de formación para jóvenes, de apoyo a personas en riesgo de exclusión o de refuerzo de servicios sociales. En la práctica, es la principal herramienta con la que Europa convierte sus principios -cohesión, igualdad de oportunidades- en políticas concretas.

Por eso preocupa el debate que se ha abierto actualmente sobre su futuro.

En las negociaciones del próximo marco financiero europeo, que entrará en vigor en 2028, el papel del FSE está en cuestión. La Comisión Europea estudia reorganizar los fondos, agruparlos en grandes instrumentos más “flexibles” y dar mayor margen de decisión a los Estados.

El argumento es conocido: simplificar la gestión y ganar eficiencia. Pero esa simplificación tiene un coste. El Fondo Social Europeo no solo financia políticas; garantiza que existan. Tiene objetivos definidos, presupuesto asignado y reglas comunes. Si se diluye dentro de un marco más amplio, sin una estructura propia, lo social deja de ser una prioridad asegurada y pasa a competir con otras necesidades. Y el contexto no ayuda. Europa está desplazando su foco hacia la seguridad, la defensa o la competitividad económica. Son prioridades legítimas, pero el riesgo es que se consoliden a costa del pilar social.

Las consecuencias pueden ser relevantes. Sin un instrumento fuerte y bien definido, las políticas de inclusión dependerán más de decisiones nacionales, condicionadas por ciclos políticos y presupuestos variables, es decir, con riesgo de reducción. Eso rompe uno de los principios básicos de la Unión, el de que la cohesión social es una responsabilidad compartida, que sólo a través de una Europa cohesionada se garantiza el bienestar y el futuro de la Unión.

Además, hay una cuestión de eficacia. La experiencia demuestra que invertir en inclusión es más rentable que gestionar sus consecuencias. La pobreza, el desempleo o la exclusión no desaparecen si se reduce la inversión; se agravan y generan costes mayores a medio plazo.

En países como España, el modelo actual ha permitido que estos fondos lleguen de forma efectiva a quienes más lo necesitan gracias al trabajo conjunto de administraciones y entidades sociales especializadas. Organizaciones como Acción contra el Hambre desarrollan, con apoyo del Fondo Social Europeo, programas de inserción laboral, acompañamiento y formación para personas en situación de vulnerabilidad en numerosos en 11 Comunidades Autónomas .

Por eso, el debate sobre el futuro del FSE puede parecer una discusión lejana o exclusivamente institucional. Pero tiene consecuencias concretas sobre la capacidad de sostener políticas de inclusión, de generar oportunidades y de evitar que miles de personas queden fuera, empeorando el bienestar colectivo de Europa y afectando a su competitividad exterior.

Europa puede reforzar su seguridad. Pero no debería hacerlo debilitando el instrumento que sostiene su cohesión social. Porque, si lo hace, el problema no será solo presupuestario. Será de modelo, de identidad, de futuro. Y sin un pilar social sólido, el proyecto europeo pierde equilibrio y sentido.