El presidente del Gobierno ha asumido la responsabilidad de incumplir con los de Puigdemont y ha anunciado la aprobación de un real decreto que contiene varias de las demandas de los posconvergentes. ¿Servirá de algo? ¡Vota!
El candidato elegido por el Partido Popular y apoyado por Vox ha comenzado su intervención cumpliendo la promesa que anunció hace unos días en la que aseguró que pediría disculpas a las víctimas de la tragedia del 29 de octubre de 2024.
"ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez", ha dicho concretamente la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La compañía reacciona a la denuncia de Ábalos, que ha asegurado en las últimas horas que la esposa de Sánchez "gestionó" la operación, mientras que su asesor, Koldo García, insinúa que llegó a cobrar por ello.
El presidente del Gobierno elude hablar de 'lawfare' por respeto a la Justicia, al estar familiares suyos inmersos en procesos judiciales, pero se muestra confiado de que en instancias superiores García Ortiz tendrá un fallo jurídico distinto. Y le deja un recado a Ayuso y a González Amador.
Amama había denunciado en Sevillla al Servicio Andaluz de Salud pero ahora se indica que las consultas masivas hicieron que el sistema dejara de funcionar con normalidad. Y eso, concluye, no es un delito.
24 personas obtienen sus documentos en la Embajada de Londres, parte de los 171 que se beneficiarán de la medida en todo el mundo. "¿Por qué hay tantos españoles que se resisten a hablar de aquello?", se preguntan.
El ministro de Agricultura califica el encuentro de "positivo", aclara que solo hay dos casos confirmados, y anuncia la "buena noticia" que llega desde el país asiático.
La banda terrorista abandonó la actividad armada en 2011 y se disolvió de manera definitiva en 2018. A pesar de todo, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el PP recurren de manera constante a ETA como si todavía existiese.
El presidente del Gobierno ha comparecido este lunes en los premios Anastasio de Gracia en los que ha hecho una defensa de la Constitución, además de Asturias y el sindicalismo.
Los grupos consideraban que, aunque Pradas está obligada a comparecer ante la comisión, podría acogerse a su derecho a no declarar por estar investigada judicialmente por la gestión de la DANA.