Alarma en Europa: niveles "preocupantes" de discurso de odio y acoso a quienes lo combaten

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés), un órgano dependiente del Consejo de Europa, ha encendido las alarmas en su último informe anual. El organismo advierte sobre una creciente banalización del respeto al otro y un aumento "alarmante" de los discursos de odio en todo el continente, un fenómeno que no sólo victimiza a minorías específicas, sino que ya amenaza directamente la calidad democrática de las sociedades europeas.

De acuerdo con el documento, el origen étnico o nacional encabeza los motivos de estas agresiones verbales "preocupantes", seguidos muy de cerca por la religión, la nacionalidad, la orientación sexual y la identidad de género. 

El estudio es eminentemente de naturaleza eminentemente cualitativa, jurídica y política, por lo que no aporta estadísticas, pero sí tendencias sociales y normativas.

La radiografía presentada por la ECRI muestra un empeoramiento generalizado en todos los frentes. La radiografía, desde luego, es desoladora. Por ejemplo, el antisemitismo y la islamofobia reflejan un repunte drástico en las estadísticas oficiales de diversos países, con niveles muy superiores a los registrados antes del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y el consecuente genocidio en Gaza.

El endurecimiento de las políticas migratorias en el continente también ha venido acompañado de una mayor prevalencia de discursos xenófobos, en paralelo al ascenso de fuerzas de ultraderecha. El pueblo gitano, por su parte, sigue siendo un blanco recurrente, instrumentalizado a menudo como una supuesta "amenaza a la seguridad" o la "salud pública".

En el caso del colectivo LGBTI, la transfobia continúa en ascenso, situando a las personas transgénero como el sector más vulnerable dentro de este grupo, señala el dossier. 

Hay 21 Estados miembros que ya incluyen de forma explícita la orientación sexual dentro de su legislación penal contra el discurso y los delitos de odio (o la contemplan como un factor agravante), y 12 que van un paso más allá e incluyen de manera específica la identidad de género. Apenas dos de los Veintisiete cubren legalmente de forma explícita las características sexuales (intersexualidad).

La responsabilidad política y la desinformación

El informe enfatiza que los ciudadanos extranjeros, el colectivo LGBTI, los musulmanes y la comunidad gitana son las principales dianas de la retórica política basada en estereotipos negativos y desinformación, un problema que se agudiza notablemente durante los periodos electorales. A esto se suma la creciente preocupación por las campañas de desinformación teledirigidas desde el extranjero.

El presidente de la ECRI, Bertil Cottier, es tajante al respecto: "El discurso de odio no solo ataca a personas individuales, sino a la sociedad en su conjunto. Cuando la gente se siente insegura por ser quien es, se autoexcluye y se retira de la vida pública, dañando a la propia democracia. Los líderes políticos, funcionarios y plataformas digitales deben asumir su responsabilidad, rechazar estos discursos y promover narrativas inclusivas", expone.

Por ello, su organismo insiste en la necesidad de la autorregulación de los partidos políticos a través de iniciativas como el Pacto de los Partidos Políticos Europeos por una Sociedad No Racista e Inclusiva.

La moderación de contenidos en redes sociales y plataformas de mensajería sigue siendo uno de los mayores desafíos técnicos y legales para los Estados miembros. El uso de perfiles anónimos y bots entorpece las investigaciones y la aplicación de sanciones eficaces. Por ejemplo, varios estudios analizados por el ECRI detectaron un incremento de hasta un 30% en la toxicidad de los mensajes en redes durante los periodos de mayor tensión geopolítica y debates de endurecimiento migratorio.

Si bien la ECRI ve con optimismo el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para detectar y gestionar el odio en línea, Cottier recuerda que estas herramientas aún son limitadas y "deben ir acompañadas de una estricta supervisión humana y canales claros de denuncia, apoyándose en la figura de los 'denunciantes fiables' (trusted flaggers)".

Desconfianza policial y "efecto disuasorio"

El informe saca a la luz dos realidades críticas que complican la situación, más allá del incremento de casos. Una es la falta de denuncias de este tipo de delitos. Colectivos como el musulmán o el gitano suelen quedar fuera de las políticas de protección debido a que defender sus derechos no siempre se considera "electoralmente ventajoso". Esto, sumado a los bajos niveles de confianza en la policía por parte de estos grupos de riesgo, provoca que la gran mayoría de los incidentes no se reporten.

El otro es el acoso a los defensores de derechos, a quienes ponen el dedo en la llaga, los que insisten en que ese odio se erradique y, quien lo saque, lo pague. Parlamentarios, jueces y activistas de la sociedad civil que se alzan contra el racismo y la homofobia están sufriendo en carne propia amenazas de muerte y campañas de acoso, provocando un peligroso "efecto disuasorio" que silencia las voces críticas.

La ECRI muestra una profunda preocupación, además, por el impacto del odio en niños y jóvenes, quienes actúan tanto de víctimas como de perpetradores, especialmente en internet. El organismo advierte que las narrativas divisivas se propagan con facilidad en los entornos escolares y que el profesorado actual no cuenta con las herramientas ni la preparación suficiente para atajarlas. Ante esta situación, urge a los Ejecutivos europeos a reforzar la educación en derechos humanos y la alfabetización mediática.

Como contraofensiva institucional, el Consejo de Europa confía en que el recién lanzado Nuevo Pacto Democrático para Europa sirva de plataforma para apuntalar los principios de tolerancia en el continente, utilizando como base los estándares de monitorización de la ECRI. Del papel tiene que pasar, de veras, a la práctica.