"Exigimos solidaridad": la crisis en Ceuta desata una tormenta diplomática y revela la fractura en la UE sobre migración

La playa del Tarajal, en Ceuta, amanece una mañana más bajo la atenta mirada de patrullas del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil. En las aguas que separan el enclave español del territorio marroquí, un dispositivo especial ha colocado una barrera flotante de 500 metros, compuesta por flotadores inflables y boyas ancladas al fondo marino, con la que se trata de evitar que se repitan las escenas vividas en los últimos días, cuando decenas de miles de personas intentaron acceder a territorio español nadando alrededor de los espigones o bordeando la valla fronteriza. 

Las cifras oficiales reflejan la magnitud sin precedentes de lo ocurrido. Se estima que entre 50.000 y 80.000 personas cruzaron o intentaron cruzar la frontera desde Marruecos en apenas unos días. El episodio ha dejado un desgarrador saldo humano: al menos 72 personas han muerto en el lado español, algunas ahogadas en el mar y otras aplastadas en los aglomeramientos junto al espigón, y más de un centenar continúan desaparecidas. En el lado marroquí de la frontera ya se han confirmado 11 muertos más. 

Aunque el flujo masivo de entradas irregulares se detuvo durante el fin de semana, la tensión sigue siendo palpable en la ciudad autónoma. "No hemos vuelto a la normalidad porque todavía quedan varios miles de personas que deben ser retornadas, y persiste una atmósfera marcada por la inquietud y la preocupación", afirmó Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta. El mandatario del Partido Popular (PP) ha solicitado formalmente que todos los efectivos de seguridad desplegados permanezcan en la zona para garantizar la protección de la población.

En los alrededores de los centros de acogida de la ciudad, decenas de personas procedentes del área subsahariana y de Marruecos esperan aún acontecimientos. Souleil Boyan, un joven de 19 años originario de Senegal, resumió a la agencia AFP el sentir de muchos de los que lograron cruzar: "Esperamos ir a Europa para trabajar y ganarnos la vida, eso es todo. Todos sabemos que en África no hay muchas oportunidades".

Este martes, rompiendo las vacaciones en pleno agosto, los ministros de Interior tienen una videoconferencia crucial para valorar la situación, una cita en la que España "exigirá" a los socios europeos "solidaridad" a sus pares. "Ha habido países, estados y gobiernos que no han estado a la altura. El Gobierno italiano es uno de ellos", expresó ayer en una entrevista en TVE el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. 

Entre la pasividad marroquí y la cautela comunitaria

El desencadenante de esta crisis inmediata vuelve a poner el foco en las complejas relaciones entre España, Marruecos y la Unión Europea. Diversos testimonios e informes señalaron que cientos de jóvenes avanzaron hacia la frontera desde la vecina ciudad de Castillejos (o Fnideq) en grupos coordinados a pie, en motocicletas y en automóviles. Fuentes periodísticas, entre ellas The New York Times, indicaron que las fuerzas de seguridad marroquíes habrían permitido o incluso alentado el avance de las multitudes sin ejercer los controles habituales.

Sin embargo, a diferencia de episodios anteriores en los que la UE tildó de "ataques híbridos" las maniobras fronterizas promovidas por países como Bielorrusia o Rusia, la reacción de Bruselas hacia Rabat ha sido de marcada cautela. Altos funcionarios comunitarios han evitado la especulación y han preferido alabar la colaboración de las autoridades alauitas, afirmando que habían cooperado "muy plenamente" a medida que se desarrollaban los hechos. Para la diplomacia europea, mantener la alianza con Rabat -considerado un socio indispensable en la gestión migratoria, pero también en narcotráfico- parece haber primado sobre cualquier reproche público.

Por su parte, desde La Moncloa se ha atribuido la marejada migratoria a la acción de mafias dedicadas al tráfico de personas. El Ejecutivo español argumenta que estas organizaciones criminales se aprovecharon de un reciente fallo del Tribunal Supremo (TS), que determinó que las personas interceptadas en el mar al intentar acceder a Ceuta o Melilla, las dos ciudades autónomas en suelo africano, no podían ser devueltas de forma sumaria bajo las reglas especiales anteriores. Las investigaciones de la Inteligencia española concluyen que Rabat permitió la entrada masiva de migrantes a Ceuta pero no la planeó, ha informado este lunes el diario El País, mientras que la Cadena SER señala que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó en varias ocasiones al Ministerio del Interior de que se avecinaba una entrada masiva desde Marruecos. 

Esta explicación ha sido cuestionada por expertos en el ámbito del asilo, como Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha advertido contra los análisis simplificadores. "A diferencia de lo que ocurre en las Islas Canarias, no estamos ante personas que se suben a una patera en alta mar. Aquí hablamos de estar a escasos metros de una frontera terrestre, saltar al agua e intentar bordear un espigón", explica. Valiente subraya que las llegadas a Ceuta venían registrando ya un incremento constante durante todo el año y que establecer una relación directa de causa y efecto con la sentencia judicial o con el crimen organizado "carece de fundamento".

El episodio trae el recuerdo de la crisis de mayo de 2021, cuando unos 10.000 migrantes entraron en Ceuta tras un relajamiento de los controles por parte de Marruecos, motivado entonces por la atención médica prestada en España a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Aquel roce diplomático se recondujo en 2022 cuando Madrid dio un giro histórico al respaldar el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental. La frágil estabilidad regional volvió a verse sacudida el pasado 20 de julio, cuando Pedro Sánchez viajó a Argelia -el primer viaje oficial de un jefe de Gobierno español a ese país en cuatro años- para escenificar un deshielo con el principal rival geopolítico de Rabat.

De Schengen y 'fake news'

La magnitud del cruce fronterizo no sólo ha provocado una emergencia humanitaria y de seguridad sobre el terreno, sino que ha dinamitado la cohesión entre los socios europeos. Lo que comenzó como un problema de gestión fronteriza se transformó rápidamente en una agria disputa política entre el Gobierno progresista español y los ejecutivos de corte conservador y de extrema derecha del resto del bloque.

El detonante en el plano comunitario llegó desde Roma. El Gobierno italiano anunció la suspensión temporal, por el plazo de un mes, de las disposiciones del espacio Schengen en sus conexiones con España. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, responsabilizó directamente al Ejecutivo de Sánchez, criticando la iniciativa para regularizar la situación de más de medio millón de personas migrantes en España. Según Tajani, este plan generó un "efecto llamada" perjudicial y constituía una política "profundamente equivocada".

La respuesta del líder español fue inmediata y tajante. En una dura carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin -cuyo país ejerce la presidencia semestral del Consejo de la UE-, Sánchez cargó contra lo que definió como "noticias falsas", "desinformación" y actitudes guiadas por el "prejuicio o el interés político". El socialista defendió que la actuación de España se ajustó estrictamente al derecho internacional y humanitario, e increpó a los países que utilizaron la crisis para atacar a su Gobierno. Recordando los datos de Frontex, el jefe del Ejecutivo español señaló que la frontera sur de España es una de las menos porosas del bloque, registrando la mitad de las entradas irregulares que las contabilizadas por Italia en años recientes.

El cruce de reproches expuso dos visiones contrapuestas en el seno de la UE, que no es nuevo, pero cada vez está más resaltado. Por un lado, está el bloque crítico, liderado por la Italia de la ultra Georgia Meloni y por Dinamarca, que pese a estar comandado por la socialdemócrata Mette Frederiksen en cuestiones de migración y asilo parece del bando contrario. Ambas naciones han criticado la gestión del Gobierno español y han llegado a insinuar la necesidad de apartar a España del espacio libre de circulación de Schengen. No obstante, en ese bloque cuentan con un apoyo parcial, el de Finlandia, Austria, República Checa o Suecia. También Polonia, cuyo primer ministro, Donald Tusk, ha recomendado en concreto a España que "tome ejemplo" de su país y militarice la frontera con Marruecos como medida imprescindible para que "el espacio Schengen sobreviva" a la crisis.

Deseosos de hablar y preocupados por lo que pasa están también Bélgica y Alemania, pero ni por asomo se plantean la exclusión de España del espacio Schengen. El diario POLITICO indicaba este lunes en su principal análisis diario que Sánchez, por este bloqueo, "ahora es prácticamente un paria en el bloque", "el líder más solitario de la UE".

Solitario no es igual a solo. Madrid tiene aliados y se encuentran más cerca. La liberal Francia, a través de su ministro del Interior, Laurent Nuñez, descartó rotundamente cualquier medida que afectara la pertenencia de España a Schengen, calificando la cooperación bilateral de "excelente". Aún así, se han detectado controles extra en los puntos fronterizos. Portugal, gobernado por la derecha de Luis Montenegro, ni se ha llevado las manos a la cabeza ni ha pedido que Schengen se pare, compartiendo más de 1.200 kilómetros de frontera. Ha desplegado un dispositivo para reforzar la vigilancia, la detección y la interceptación de embarcaciones, por si acaso. Ninguno de los dos países ha firmado la carta, como no lo han hecho Irlanda ni Luxemburgo, gobernados por conservadores y liberales.

Fuera de la UE pero no de Europa, el recién llegado primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, laborista se puso en contacto con Sánchez para ofrecer la ayuda que fuera necesaria, en un momento en el que las políticas migratorias se han endurecido en el país y se miran con lupa. 

Desde Bruselas se ha recordado que Ceuta y Melilla cuentan con un régimen fronterizo especial dentro de los acuerdos comunitarios, que impide el tránsito no autorizado de migrantes desde las ciudades autónomas hacia la Europa continental. De hecho, las autoridades confirmaron que ninguna de las personas que ingresó en el enclave logró trasladarse a la península ni al resto del territorio Schengen, pese al miedo azuzado desde posiciones extremistas, mayormente xenófobas y racistas. 

Sirva como ejemplo la visita a la ciudad autónoma de Zia Yusuf, portavoz de Asuntos de Interior de la formación británica Reform UK, que afirmó haber conversado con varios de los migrantes, asegurando que su objetivo final era llegar al Reino Unido, nada más y nada menos. En el ámbito local y estatal, el partido Vox ha tachado lo sucedido de "invasión militar" y de "acto de guerra", exigiendo una militarización permanente del perímetro fronterizo. Agitadores cercanos a su pensamiento, como Vito Quiles, también se han dado un paseo por Ceuta, en la misma línea. 

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, considera que la desinformación ha sido el "elemento clave" que desencadenó el pasado jueves la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta. "Hubo una sincronización de la internacional reaccionaria que con mucha rapidez salió a amplificar lo que estaba ocurriendo y también a difundir mentiras y falsas noticias sobre el espacio Schengen", denunció en su entrevista. "Desgraciadamente -abundó- estos bulos han sido amplificados incluso por algunos Gobiernos europeos". Contra quien con más dureza ha cargado ha sido contra Italia, el primero en levantar la liebre. "Ya le gustaría a un país como Italia, que es el que tiene el mayor número de entradas irregulares en Europa. El doble que España", dijo. 

En la arena parlamentaria europea, los grupos de extrema derecha -entre ellos Patriotas por Europa, la Europa de las Naciones Soberanas (ESN) y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR)- solicitaron la interrupción del receso estival para celebrar un pleno extraordinario en el Parlamento Europeo. La petición fue descartada al no contar con el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE). El debate sobre la crisis de Ceuta se pospuso formalmente para las sesiones ordinarias del mes de septiembre.

La búsqueda de una respuesta comunitaria

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió ayer una carta a Pedro Sánchez en la que ha elogiado su gestión "eficiente y eficaz" de esta última crisis migratoria y también insiste en dar una "respuesta europea común", unida y solidaria. "Quiero elogiar la rápida gestión de las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa", expone la derechista alemana. 

Von der Leyen no tuvo flores para Madrid cuando, en las primeras horas de la crisis, dio un toque diciendo que aunque "contamos con un sistema sólido" de control de fronteras europeas, "es necesario reforzarlo aún más". Ahora, con el flujo fronterizo ya bajo control militar y policial, la atención se desplaza ahora a las instituciones comunitarias. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, se puso en contacto con el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para ofrecer un refuerzo del apoyo operativo y financiero, incluida la posibilidad de desplegar contingentes de la agencia Frontex.

Bruselas confía en que las herramientas del recién aprobado Pacto sobre Migración y Asilo sirvan para encauzar este tipo de contingencias mediante mecanismos de solidaridad compartida y protocolos específicos para situaciones de crisis. Paralelamente, la Comisión trabaja en la negociación de un gran acuerdo migratorio con Marruecos -similar a los alcanzados con Túnez o Egipto- que combine apoyo financiero a fondo perdido a cambio de un mayor celo en la contención de las fronteras. En ningún caso se señala a Marruecos como posible culpable de la llegada masiva de personas, ni de que sea un episodio de guerra híbrida para presionar a España por hacer nuevos negocios con Argelia o prometer ciudadanía a saharauis. 

Los embajadores de la UE celebrarán una reunión de emergencia hoy para abordar la crisis a las 14:30 horas y estará seguida por una videoconferencia de los ministros de Interior del bloque. El encuentro, que estará presidido por el ministro irlandés Jim O'Callaghan, buscará calmar los ánimos, evaluar las necesidades operativas de España y reconstruir la unidad perdida. "Combatir la migración irregular requiere solidaridad y una respuesta europea unida", declaró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, al valorar positivamente la convocatoria del encuentro.

No obstante, el equilibrio político sigue siendo frágil. La verdadera prueba para la cohesión del bloque se producirá en otoño, cuando las instituciones deban revisar el reparto de los fondos comunitarios destinados a la gestión de las fronteras exteriores, recuerda Euractiv. En Moncloa confían en que la contención de la crisis y el respaldo de países clave sostengan su posición, mientras que en las calles de Ceuta la población espera que las promesas de seguridad y cooperación europea se traduzcan en una estabilidad duradera.