Tras el telón del populismo de Trump: cacerías raciales, soldados en la calle y cerrojo a pobres en la Justicia

25 de agosto de 2023, Fulton, Georgia (EEUU). El preso número PO1135809 sale de prisión tras pagar una fianza de 200.000 dólares. Lo hace después de haber declarado como acusado de la friolera de 13 delitos, cuya eventual condena supondría una estancia en prisión de 76 años. La descripción de la ficha policial habla de un varón blanco, de 97,5 kilos de peso, 192 centímetros de altura, pelo rubio y ojos azules. Pero quizás le conozcan más por su nombre: Donald J. Trump.

También más conocido por otras numeraciones, la 45º y la 47º, es decir, la primera y la actual Presidencia de EEUU que ocupó y ocupa, es el mismo mandatario que hace solo unos días sorprendía -e indignaba- con su última rúbrica en una orden ejecutiva. En el mismo Despacho Oval en el que, desde el pasado enero, se han ordenado múltiples y contestadas medidas autoritarias, Trump firmó el fin de la libertad sin fianza. O, en otras palabras, el hombre que el año pasado pudo pagar su libertad a golpe de talonario activó una cruzada que afecta a aquellos que no pueden ni destinar un dólar a esa misma cuestión.

Es tan solo una más de la batería de medidas que ha ido aprobando en su segundo mandato el presidente estadounidense, pero que han hecho saltar las alarmas del progresismo y las organizaciones de derechos humanitarios. Tras el telón de promesas populistas que le valió a Trump para arrasar en el voto social -es el político republicano y el segundo presidente más votado de la historia estadounidense tras Biden- había políticas populistas, pero también autoritarismo y una estrategia de asfixia económica a unos migrantes ya acorralados que también golpea directamente a las clases más desfavorecidas. 

Estas son todas las claves que engloban a las políticas de un presidente que lleva semanas en una acelerada autopromoción como favorecedor de desenlaces de conflictos internacionales -a no ser que sea la invasión israelí sobre la Franja de Gaza, claro-, mientras suena su nombre como posible Nobel de la Paz. Pero también son las claves que atañen a la misma persona que tuvo que realizar una aclaradora afirmación a la prensa: "No soy un dictador, sólo sé cómo frenar el crimen". Una frase que bien valdría el título del primer capítulo de una sexta temporada de la serie policial de culto The Wire.

Adiós a la libertad sin fianza, hola a la pena de muerte en Washington por homicidio

En las últimas semanas, la Administración Trump acumula varios titulares de peso relacionados con la Seguridad y la Justicia. En primer lugar, el mandatario ha asegurado que "le estamos poniendo fin" a una cuestión que entronca directamente con la Octava Enmienda de la Constitución de EEUU. Este añadido de 1791 a la carta magna estadounidense señala expresamente que "no se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles e inusuales", descargando esa responsabilidad en los Estados. La razón histórica pasaba por lo evidente, establecer cortapisas al poder y dar la oportunidad de defenderse en un proceso judicial a quien no tiene nada.

Como ocurre con la mayoría de medidas que aprueba Trump y entran en conflicto con la legislación estadounidense, la orden tiene varias características clave. La primera de ellos es que es una medida ideada directamente para actuar en la capital, Washington DC. El Distrito de Columbia emplea la figura de la fianza sin pago desde 1992, en una jurisprudencia o práctica que se aplica a los casos de personas que han cometido delitos sin riesgo significativo. Pero la ciudad del Capitolio también es la misma en la que Trump ha intervenido militarmente desplegando a la Guardia Nacional, exactamente como hizo antes en Los Ángeles, otra urbe en manos demócratas.

En este sentido, la garantía de aplicación de su orden que se ha asegurado Trump para forzar el fin de la libertad sin fianza allí donde se aplique pasa por otra amenaza a Estados gobernados por los demócratas. Sí, se le retirarán fondos económicos si no se actúa como él quiere. Por ello, también ordenó a la fiscal general que haga un listado con aquellas jurisdicciones donde se aplica esa figura legal llamando a "revocar subvenciones federales".

Pero Trump -entre otras órdenes, como imponer un año de cárcel para quien queme la bandera estadounidense, obviando la libertad de expresión que protege la Primera Enmienda- no solo quería enterrar, también quería rescatar del pasado otras cuestiones. De nuevo con Washington en el punto de mira y bajo el pretexto de que "no sé si estamos preparados para esto en este país, pero no tenemos otra opción". Se refería a recuperar la pena de muerte para aquellos condenados por homicidio en la capital. Cabe recordar que esta fue abolida en el DC hace 44 años, casi medio siglo, en 1981.

El presidente de los EEUU ha puesto sobre la mesa esta medida tan solo dos semanas después de haber movilizado en Washington a 2.200 efectivos de la Guardia Nacional (800 son de la ciudad, pero el resto proceden de seis Estados republicanos). Lo hizo ignorando los últimos datos de los informes policiales que recogen una cifra alta de criminalidad, pero también la menor de los últimos 30 años. Con todo, esta es una estrategia que Trump ya ha amenazado con llevar a otros territorios demócratas, con altos índices de criminalidad: Baltimore -al tiro de piedra del propio DC y asediada por la crisis del fentanilo-, Chicago y Nueva York.

¿Afectará a los siguientes números de criminalidad? Es complicado saberlo aún, pero en todo este tiempo, desde el 11 de agosto, se han practicado más de un millar de detenciones y se han intervenido un centenar de armas de fuego. Pero según organizaciones de derechos humanos, esta reforzada presión sacando militares con fusiles de asalto a las calles también se ha traducido en más detenciones de migrantes indocumentados, por parte de organismos o cuerpos federales como Antiinmigración, el FBI o la DEA (la agencia antidrogas).

Las 'casualidades' con las medidas de 'Seguridad' de Trump: migrantes y pobres siempre en la diana

A nadie se le escapa que los últimos anuncios de la Administración Trump representan una ramificación de lo que prometió que sería uno de los pilares de sus políticas, la expulsión indiscriminada de migrantes ilegales del territorio estadounidense. Pero más allá de esas primeras fotografías que llegaron de un Los Ángeles tomado por el organismo federal con el acrónimo que despertó infinitud de juegos de palabras hablando de corazones helados. El ICE (United States Immigration and Customs Enforcement, o, en castellano, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los EEUU).

Las revueltas contras las redadas de inmigración en la 'Ciudad de la Luces' eran la aplicación práctica de una política que también opera en el plano administrativo y, derivado de este, en el bolsillo. Por ejemplo, hace menos de un mes, la Administración Trump actuó también sobre las fianzas, pero de forma muy concreta y en el sentido contrario de lo que firmó hace dos días. The Washington Post desveló la existencia de un memorando del ICE que declaraba que aquellos migrantes indocumentados  o que accedieron sin visa a territorio estadounidense -millones- no podían acceder a una audiencia para decretarse su eventual libertad bajo fianza. Aquí sí le preocupó a Trump que alguien, un extranjero concretamente, pudiese pagar su libertad.

Es una medida que actúa en múltiple planos. En un contexto en el que migrantes que, a pesar de no tener documentación, sí tenían un empleo pero dejaron de acudir a su puesto para evitar ser capturados en una redada del ICE, esta vía le permite mantener a los migrantes encerrados bajo su jurisdicción, a la espera del proceso, en un lapso que a veces puede alargarse años. 

Y con otro trasfondo financiero, claro, pues Trump ha inyectado 45.000 millones para aumentar la capacidad de detención del ICE, con nuevas instalaciones (cárceles) y más efectivos. En ese marco han surgido centros de detención polémicos como el de los humedales de Florida, bautizado como Alligator Alcatraz. Hasta julio estaban arrestando a unas 56.000 personas al día, lejos de las 100.000 que se buscan, pero necesarias para llegar a la cifra anual prometida. El republicano quiere llegar a un millón de migrantes expulsados en su primer año tras regresar a la Casa Blanca.

También incide otro componente coercitivo desde el punto de vista económico y al que hay que remontarse a los primeros 100 días de lo que va de mandato. Trump anunció la creación de un registro online obligatorio de migrantes indocumentados, conocido en términos burocráticos como el Formulario G-325R y que incluye datos biométricos. ¿Qué sentido tiene establecer la obligación de un listado de personas que de por sí están cometiendo un delito y qué potencial existe de que lo notifiquen por el mero hecho de existir tal listado? La clave no es la lista, la clave es lo que pasa si te pillan sin estar en la lista.

Dicho registro establece la obligatoriedad de -bajo pena de incurrir en un delito federal menor- inscribirse "todos los extranjeros de 14 años o más que no fueron registrados ni se les tomaron huellas dactilares (si se les requería) cuando solicitaron una visa para entrar a Estados Unidos y que permanecen en Estados Unidos por 30 días o más". Más allá de que pone el foco también sobre los menores, el verdadero instrumento de presión contra la migración es la sanción si incumples: 5.000 dólares y hasta seis meses de cárcel. Se puede dar el caso de que alguien puede ser detenido -en muchas ocasiones rompiendo la unidad familiar- y asfixiado económicamente al mismo tiempo.

Pero ese formulario contrasta en gran medida con otro tipo de medidas estrella de la segunda Administración Trump. En plenos primeros compases de la guerra arancelaria y preparando ya el registro de migrantes, Trump también anunció a bombo y platillo otra medida dirigida a extranjeros que deseaban instalarse en el 'país de las oportunidades'. Pero muy distinta a las otras. Hay extranjeros que pueden quedarse a cambio de una inversión multimillonaria representada en la llamada golden card -tarjeta dorada, muy similar a la golden visa que imperaba en España-.

Al más puro estilo de un billete que abre las puertas de la fábrica de Willy Wonka, Trump se sacó de la manga una tarjeta áurea con su efigie grabada en ella que simbolizaba un nuevo formato de la ya existente green card [programa EB-5]. Este es un programa ya existente que permite acceder a permisos de residencia estadounidense a cambio de una inversión económica. El cambio con la visa dorada, además de que se paga a la friolera de 5 millones de dólares, es que además de la residencia también abre la puerta a obtener la ciudadanía estadounidense.

"El argumento es que soy un dictador, pero freno el crimen", le explicaba Trump a todo su atento gabinete con su habitual discurso capaz de transformar, a ojos de sus partidarios, una realidad incómoda sobre su política... en un eslogan electoral que le favorezca: "Así que mucha gente dice, ya sabes, si ese fuera el caso, preferiría tener un dictador. Pero no soy un dictador, sólo sé cómo frenar el crimen". Quizás el mundo haya olvidado que lo que Trump siempre ha sido es empresario. Solo que ahora en sus manos está el poner precio al 'sueño americano'.