El pacto de Estado frente a la Emergencia Climática de Sánchez: una propuesta en el aire casi imposible de alcanzar

Otro verano y otra tragedia protagonizan todas las últimas horas. Los incendios vuelven a dejar tras de sí campos y montes repletos de ceniza, pueblos enteros desalojados, viviendas arrasadas por el fuego, gente que no podrá volver al que un día fue su hogar... Da la sensación de que cada año sucede lo mismo: que cuando el calor empieza a instalarse en la península, sólo es cuestión de tiempo de que las llamas se despierten. En este 2026, Madrid, Ávila, Toledo o Castellón son los lugares más afectados por los siniestros que ya llevan calcinadas más de 170.000 hectáreas.

Tras la emergencia vuelve a aparecer un concepto que lleva mucho tiempo instalado en el debate político: el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Una iniciativa que el Gobierno presenta como imprescindible para coordinar a todas las administraciones ante un fenómeno que ya no se considera excepcional, sino estructural. Sin embargo, el acuerdo continúa siendo poco más que una declaración de intenciones y se encuentra muy lejos de que en algún momento pueda realizarse.

"Todas las administraciones debemos estar y actuar unidos contra el fuego, tal y como estamos haciendo. La emergencia climática se está agravando año tras año y los ciudadanos nos exigen que estemos unidos en la prevención. El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática", ha afirmado Pedro Sánchez durante su comparecencia de balance del curso político este martes, recuperando una idea que lleva defendiendo desde hace más tiempo del que pudiera parecer.

Aunque el mensaje ha cobrado fuerza este verano, la propuesta viene de lejos. La primera vez  que el presidente del Gobierno planteó públicamente la necesidad de alcanzar un gran pacto de Estado fue en 2022, cuando visitó la provincia de Cáceres. Sánchez aseguró entonces que había que interpelar a los diferentes implicados y administraciones para "convertir las políticas medioambientales en políticas de Estado", asegurando que "trascienden a comunidades autónomas y a legislaturas". Durante un tiempo, esta propuesta paso más desapercibida hasta que llegó el verano de 2025 y una nueva crisis de incendios dramática que dejó a sus espaldas miles de hectáreas calcinadas y vidas destrozadas.  

Tras otra suma de tragedias y episodios meteorológicos extremos, el líder del Ejecutivo defendió con mayor contundencia un acuerdo permanente que implicara al Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los agentes sociales para reforzar la prevención, mejorar la coordinación entre administraciones y preparar al país frente a los efectos del cambio climático. Desde entonces, la propuesta apenas ha avanzado. Ya sea por incompatibilidad en los acuerdos o por dejar los deberes para última hora. 

Los bloqueos que impiden el consenso

Las dificultades para sacar adelante ese pacto responden a dos obstáculos que el Ejecutivo no ha conseguido superar. El primero tiene un claro componente ideológico. Mientras el Gobierno y la comunidad científica vinculan el aumento de incendios, las olas de calor, danas o las sequías prolongadas con el calentamiento global, parte de la derecha como el Partido Popular y, especialmente, Vox, continúan cuestionando esa relación o rechazando que el cambio climático deba condicionar las políticas públicas. Esa falta de consenso sobre el propio diagnóstico hace prácticamente imposible construir un acuerdo de Estado de largo recorrido. Se ha visto hasta en los momentos más críticos de los incendios de este verano.

"Se utiliza como mantra el cambio climático para que no hablemos de la mala gestión del Gobierno y de lo que no hacen ni de lo que dejan de hacer", declaró a principios de semana la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, llegando a afirmar incluso que "durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado, eso es de perogrullo. Yo creo que esto de que el cambio climático mata, de que el cambio climático es el responsable de todo es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tiene".

El rechazo al cambio climático no sólo viene desde la dirección nacional de Génova. También desde el ámbito autonómico se ha puesto en entredicho el efecto del cambio climático. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde uno de los territorios más afectados, restaba importancia al asunto: "Yo lo que tengo claro es que tenemos que ver qué incendios han sido causados por la acción del hombre, que estamos viendo que en toda España están siendo la inmensa mayoría". Una línea similar mantenía Juanfran Pérez-Llorca. El presidente valenciano apuntó a que la solución era "poner penas más duras" a los responsables de los incendios a los que llamó "atentados medioambientales". 

Pedro Sánchez ha convertido precisamente estas ideas en uno de los ejes de su discurso, insistiendo en que "el negacionismo climático es el peor de los combustibles". Para el Ejecutivo, mientras siga existiendo una parte del arco parlamentario que niegue la dimensión del problema, cualquier pacto nacerá debilitado y prácticamente inviable. "Qué más tiene que pasar para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país", se preguntaba el presidente del Gobierno en el balance anual del curso político. "¿El PP quiere que le llamemos? No quieren. Insisten en que no quieren un pacto. Ojalá lo quisieran. Entonces, ¿para qué les vamos a llamar?", ha resaltado. Con la extrema derecha fuera de la ecuación desde la primera instancia, en Moncloa ni siquiera esperan que el Partido Popular acerque posturas. 

El segundo gran obstáculo se encuentra entre los propios socios parlamentarios del Gobierno. Los partidos nacionalistas comparten, en términos generales, la necesidad de reforzar las políticas de adaptación al cambio climático como respalda la mayoría de estudios científicos, pero rechazan que ello implique ceder competencias autonómicas. La gestión forestal, la protección civil o la ordenación del territorio son materias transferidas y cualquier mecanismo que fortalezca la coordinación estatal, o que por lo menos lo aparente, despierta recelos en formaciones como PNV, Junts, EH Bildu o ERC, que interpretan esos movimientos como una posible recentralización.

"Nosotros desde el Parlament de Cataluña ya estamos trabajando y haciendo nuestras propias propuestas", aseguró de hecho el portavoz de Junts, Josep Ruis, al ser preguntado por el Pacto de Estado que ha anunciado Sánchez desde hace unos días. Tras la propuesta del líder del Ejecutivo el año pasado, los Grupos Parlamentarios ERC, Junts, PNV y EH Bildu la rechazaron porque "recentralizaría" competencias. "Desde Cataluña no permitiremos que nos toquen el trabajo hecho", decía entonces la diputada de Esquerra Teresa Jordà. "El formato pacto de Estado, con nuestra vocación y orientación, no nos gusta. Pacto de Estado de entrada apunta a un componente centralista", apuntaba EH Buldi en palabras de su diputado Mikel Otero. 

El resultado final al planteamiento del Gobierno es un bloqueo por motivos muy distintos: unos cuestionan la necesidad del pacto y otros discrepan sobre quién debe ejercer el liderazgo del mismo. Sea como fuere, Sánchez parece solo clamando en el desierto ante una medida que, casualmente, solo emerge cuando se producen tragedias como las que se están viendo este verano. Si hubiera que apostar, nadie lo haría porque la prevención esté en la línea discursiva de cualquier representante político entrado el otoño y el invierno. 

La realidad avanza más rápido que la política

Mientras las negociaciones permanecen inexistentes, los incendios siguen aumentando. España ha superado ya las 170.000 hectáreas quemadas en lo que va de 2026, una cifra que supone hasta seis veces más respecto al mismo periodo del año anterior y que sitúa este ejercicio entre los peores de las últimas décadas. Y eso que 2025 tampoco fue un buen año: España tuvo hasta siete incendios en la misma fecha; hoy hay 35. Todo ello refleja una tendencia de la que los expertos llevan años advirtiendo: las temporadas de incendios son cada vez más largas, más intensas y más difíciles de controlar.

Los científicos coinciden en que el aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y la acumulación de combustible vegetal favorecen incendios de comportamiento extremo, capaces de generar sus propias condiciones meteorológicas y de superar con facilidad los dispositivos tradicionales de extinción. Por eso, cada vez son más las voces que defienden que el debate ya no debería centrarse únicamente en cómo apagar los incendios, sino en cómo reducir su riesgo mediante una política coordinada de prevención, gestión forestal y adaptación al cambio climático.

Una tarea pendiente

Cuatro años después de que Pedro Sánchez reclamara por primera vez un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, la iniciativa continúa sin materializarse. Las diferencias ideológicas, el negacionismo climático presente en una parte importante de la oposición y las discrepancias competenciales con formaciones políticas impiden que el acuerdo pase de las declaraciones políticas a los hechos. Mientras tanto, cada verano vuelve a recordar que la emergencia climática no espera a que llegue el consenso. El fuego avanza con más rapidez que las negociaciones y España sigue afrontando una de sus mayores amenazas ambientales sin el gran acuerdo político que el propio Gobierno considera imprescindible.