Presupuestos, vivienda, reducción de la jornada laboral, incendios... Tareas pendientes del Gobierno tras el fin del curso político

Suenan las campanas del colegio o, mejor dicho, del Congreso de los Diputados. Este jueves ha concluido un nuevo curso político para el Ejecutivo después de un año marcado por diferentes eventos históricos. La corrupción ha acaparado gran parte de las portadas de los periódicos, otros temas como el marco internacional también ha marcado el devenir de las agendas de los diferentes representantes públicos, pero sea como fuere, el pitido del final del partido ha sonado este 23 de julio. Fecha significativa porque también se cumplen tres años desde las elecciones cuyo resultado le posibilitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, otra legislatura en La Moncloa. 

Pese a todo lo que ha sucedido en los últimos meses, la pregunta que emerge en un contexto de pausa y de echar la vista atrás es la de qué tareas pendientes han quedado en el tintero y cuáles han sido las promesas incumplidas. El curso que viene se celebrarán unas nuevas elecciones generales, el cuándo depende exclusivamente de Sánchez, pero lo seguro es que no queda mucho más tiempo para aprobar las normas que desde el Consejo de Ministros se han tratado de llevar a cabo. Por ello, desde El HuffPost también hemos mirado al pasado para ver cuáles de esas medidas son las más significativas y necesarias para la sociedad en su conjunto. 

Quizá, entre el goce y disfrute de las vacaciones de nuestros representantes, el nuevo curso de septiembre pueda empezar con alguna buena noticia. Por pedir que no quede.

Vivienda, vivienda y más vivienda

Es la tarea pendiente por excelencia. La que aparece casi por inercia cuando se pregunta por el principal problema del país y la preocupación con la que millones de españoles se van a dormir cada noche. El acceso a una vivienda se ha convertido para muchos en un lujo y para otros en una condena. Los precios del alquiler siguen batiendo récords sin que parezca existir un techo, comprar una casa se ha convertido en una misión prácticamente imposible para buena parte de los jóvenes y la edad media de emancipación ya supera los 30 años. Mientras tanto, la sensación generalizada es que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para contener una crisis que no deja de agravarse.

El Gobierno ha convertido la vivienda en una de las grandes banderas de la legislatura. Ha anunciado promociones de vivienda pública, límites a los alquileres en zonas tensionadas (que la mayoría de comunidades no aplican), incentivos fiscales (sólo para propietarios) y medidas para combatir los pisos turísticos y el alquiler de temporada. Sin embargo, buena parte de esos anuncios todavía no se han traducido en cambios palpables para quienes buscan un piso.

La prueba más reciente es la prórroga de los alquileres para proteger a los inquilinos dada la inflación y la situación económica que atraviesan las familias. La primera decayó después de que Junts votara en contra del decreto presentado por Sumar aparte del ómnibus, dejando la posibilidad de acceder a la prórroga solo durante unas semanas. Ahora PSOE y Sumar han vuelto a anunciar una nueva prórroga, pero su recorrido parlamentario dependerá, una vez más, de que el Ejecutivo consiga reunir una mayoría suficiente. Pinta difícil. 

La vivienda se ha convertido así en el mejor ejemplo de una constante que ha acompañado al Gobierno durante todo el curso político: muchas iniciativas anunciadas, negociaciones interminables y una sensación creciente de que la realidad avanza más deprisa que las soluciones legislativas que son incapaces de llevarse a cabo por la nomenclatura parlamentaria. 

Vivir para trabajar o trabajar para vivir

Pocas iniciativas simbolizan mejor las tareas pendientes del Ejecutivo que la reducción de la jornada laboral. Presentada como una de las grandes conquistas sociales de la legislatura y defendida durante meses como el siguiente paso tras la reforma laboral, la propuesta pretendía reducir la jornada máxima sin recorte salarial y adaptar el mercado de trabajo a una realidad muy distinta de la que existía cuando se fijó el límite actual hace más de cuarenta años.

El objetivo era claro: repartir mejor el tiempo entre trabajo y vida personal, mejorar la productividad y acercar España a otros países europeos donde el debate sobre el tiempo de trabajo lleva años abierto. Pero, una vez más, la negociación se ha enquistado.

Las diferencias entre los socios, las reticencias de parte de la patronal y la falta de una mayoría parlamentaria sólida han terminado por frenar una medida que el propio Gobierno convirtió en uno de los símbolos y emblemas de esta legislatura. El resultado es que, a las puertas de un nuevo curso político y con el horizonte electoral cada vez más cerca, millones de trabajadores continúan esperando una reforma que el Ejecutivo presentó como prácticamente inminente hace meses. Ahora, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que se presentará para presidir la OIT, ¿en qué quedará la reducción? Todo un misterio.

Regularización, sí; ¿y los saharauis, qué?

Si la reducción de la jornada representa una promesa laboral todavía pendiente, la política migratoria deja otro ejemplo de compromiso incompleto. Después de meses de presión de organizaciones sociales y de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas, el Gobierno terminó comprometiéndose con una regularización extraordinaria para cientos de miles de personas migrantes que viven y trabajan en España sin autorización administrativa. Ya nos contó en El HuffPost Augustin Ndour, quién firmó la ILP, lo que supuso para toda la población que vivía en situación irregular. Fue una victoria y una norma de la que cientos de miles de personas van a poder tener una vida digna.   

Sin embargo, el acuerdo también dejó importantes zonas grises. Entre ellas, la situación de numerosos solicitantes de asilo y, especialmente, la de ciudadanos saharauis que denuncian encontrarse en un auténtico limbo administrativo desde que España modificó su posición sobre el Sáhara Occidental. Algo que, por ejemplo, Tesh Sidi de Más Madrid lleva reclamando desde la regularización. 

Las organizaciones que trabajan con este colectivo consideran que el Ejecutivo ha dejado fuera a personas especialmente vulnerables y reclaman una respuesta específica que, por ahora, sigue sin llegar. El resultado es una sensación agridulce: mientras el Gobierno presume de una de las mayores regularizaciones de Europa, miles de personas continúan esperando una solución que nunca termina de materializarse.

Un despido más caro... que nunca llegó

Hay reformas que apenas ocupan titulares, pero cuyo impacto puede afectar directamente a millones de trabajadores. Es el caso de la modificación del sistema de despido. El Ejecutivo se comprometió a adaptar la legislación española a la Carta Social Europea después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales cuestionara el actual modelo de indemnizaciones por despido improcedente.

La intención era revisar el sistema para reforzar la protección de los trabajadores y acercar España a los estándares europeos de despido. No obstante, la reforma continúa paralizada. Los sindicatos llevan meses reclamando que el Gobierno dé el paso definitivo, mientras la patronal rechaza un endurecimiento de los costes empresariales.

Entre ambas posiciones, el proyecto permanece en un cajón parlamentario que parece acumular cada vez más asuntos pendientes. La norma, incluso, ni siquiera ha iniciado su tramitación parlamentaria en las Cortes. 

La trata sigue esperando

Es una de las que más dolor generan. Alguna esperas eternas afectan directamente a colectivos especialmente vulnerables sin ocupar apenas espacio en el debate político. La futura Ley Integral contra la Trata es uno de esos casos. Organizaciones feministas y entidades especializadas llevan años reclamando una norma que unifique la protección de todas las víctimas, independientemente de si la explotación es sexual, laboral o de cualquier otra naturaleza.

Actualmente, la respuesta institucional depende en gran medida del tipo de delito sufrido, algo que las organizaciones consideran insuficiente. El Gobierno asumió el compromiso de sacar adelante la ley y la incluyó entre las prioridades del curso político. Sin embargo, la norma continúa esperando.

La regeneración democrática también espera

Si ha habido una palabra que ha marcado el curso político esa ha sido "corrupción". Las investigaciones judiciales y el desgaste político han ocupado durante meses buena parte de la agenda informativa, hasta el punto de eclipsar muchas de las iniciativas legislativas del Ejecutivo. Paradójicamente, una de las normas llamadas a reforzar los mecanismos de prevención de la corrupción sigue sin aprobarse o aplicarse. Fue cuando Sánchez se tomó los 5 días de reflexión y que, tras reaparecer, anunció esta norma como elemento revolucionario. 

Se trata de la futura Ley Orgánica de Integridad Pública, incluida por el Gobierno entre las prioridades del Plan Anual Normativo y concebida para endurecer los controles sobre los conflictos de intereses, mejorar la transparencia de las instituciones y reforzar los sistemas de prevención de malas prácticas en la Administración. La norma incluye hasta 84 medidas que, como diría Robe, están en Stand By.

La Comisión Europea lleva tiempo reclamando a España avances más rápidos en esta materia y ha advertido de que las reformas emprendidas hasta ahora siguen siendo limitadas. La futura ley debía convertirse en una de las principales respuestas institucionales a las exigencias de Bruselas y al creciente debate público sobre la calidad democrática. De hecho, es uno de los argumentos que ha utilizado Alberto Núñez Feijóo para pedir el adelanto electoral.

Sin embargo, el proyecto continúa pendiente mientras la regeneración democrática se ha convertido en uno de los principales argumentos políticos tanto del Gobierno como de la oposición. Resulta difícil encontrar una imagen más representativa del curso que termina: la corrupción monopolizando titulares y una de las leyes destinadas precisamente a reforzar la integridad pública esperando todavía su oportunidad para aprobarse. 

El gran pacto frente a los incendios

Los incendios forestales tampoco están dando tregua este verano. Las imágenes de pueblos evacuados, hectáreas calcinadas y centenares de efectivos luchando contra el fuego han vuelto a convertirse en una constante informativa en los telediarios. No es algo exclusivo de este año, lo mismo sucedió el año pasado con los fuegos brutales en Galicia, Madrid o Castilla y León. 

En este contexto y de la misma forma que el curso anterior, Pedro Sánchez ha vuelto a reclamar un gran Pacto de Estado frente a la emergencia climática, defendiendo que los incendios "no entienden de colores políticos". El mensaje fue ampliamente compartido. El acuerdo, no. Porque, más allá del refuerzo de medios de extinción o de los dispositivos de coordinación, el consenso político prometido continúa sin materializarse. Se trata del segundo año consecutivo que se da esta situación. 

España, así, continúa respondiendo a los incendios cuando ya se han producido, en lugar de construir un marco estable de prevención y adaptación frente a un fenómeno que los expertos consideran cada vez más frecuente como consecuencia del cambio climático.

Los Presupuestos, el gran suspenso de la legislatura

Hay una tarea pendiente que sobrevuela todas las demás: la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno afronta el final del curso político sin haber conseguido sacar adelante unas nuevas cuentas públicas, una situación que le ha obligado a gobernar con los presupuestos prorrogados. Ni siquiera el paso previo, una senda de estabilidad que el Congreso ha vuelto a rechazar este jueves en la última votación del curso. 

Aunque el Ejecutivo defiende que esa prórroga no ha impedido desplegar políticas públicas ni mantener el crecimiento económico, la falta de unas nuevas cuentas limita el margen para poner en marcha parte de los compromisos adquiridos y obliga a recurrir con mayor frecuencia a decretos o negociaciones puntuales.

Más allá de las cifras, las cuentas del Estado son el principal instrumento para materializar cualquier agenda política. Sin ellas, muchas de las promesas anunciadas durante la legislatura —desde nuevas políticas de vivienda hasta inversiones sociales o reformas estructurales— continúan dependiendo de un equilibrio parlamentario que el Gobierno no ha logrado consolidar, especialmente por Junts.

El tiempo empieza a agotarse

Todas estas promesas tienen algo en común. No son medidas descartadas. Tampoco compromisos oficialmente incumplidos. Son reformas que el Gobierno mantiene abiertas, pero cuyo margen para convertirse en realidad se reduce conforme avanza el calendario político y las orejas de las elecciones aparecen cada vez más intensidad —aunque la fecha siga dependiendo exclusivamente de Pedro Sánchez—, el Ejecutivo afronta el último tramo de la legislatura con una agenda social todavía repleta de asuntos pendientes.

La vivienda sigue sin dar un respiro. La reducción de la jornada continúa esperando el voto definitivo del Congreso. La reforma del despido permanece bloqueada. La ley contra la trata no termina de despegar. La situación de los solicitantes de asilo saharauis sigue sin resolverse y el gran pacto frente a los incendios continúa siendo, por ahora, más una declaración de intenciones que un acuerdo político. Quizá septiembre traiga alguno de esos deberes hechos. Pero el reloj ya ha empezado la cuenta atrás.