La idea es sencilla: una persona se instala temporalmente en una vivienda mientras los propietarios están fuera y, a cambio, se encarga de tareas como cuidar mascotas o mantener la casa. Sin alquiler, pero con responsabilidades.
El Ministerio que dirige Elma Saiz asegura que los contratos están extintos desde 2017 y no cabe base legal para la prórroga, mientras los inquilinos denuncian "desahucios invisibles" por parte del Ejecutivo.
El departamento concluye que la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar derechos de los consumidores y "aprovechar su posición de predominio de mercado".
La protagonista de la serie inmobiliaria reconoce el impacto de la crisis de vivienda mientras el Gobierno estudia limitar las compras especulativas y el mercado se tensiona aún más.
El Congreso de los Diputados tiene en sus manos el Real Decreto sobre vivienda que Sumar logró aprobar tras un tensísimo Consejo de Ministros para plantear 'respuestas' a la crisis surgida de la guerra en Irán.
Para facilitar la labor de los grandes rentistas, el Ministerio de Pablo Bustinduy ha facilitado un modelo con sello gubernamental para que los inquilinos puedan solicitar una medida "de obligado cumplimiento".
Se deben prorrogar obligatoriamente los contratos de alquiler que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 si así lo solicitan los inquilinos.
La organización llena hasta la bandera el salón más grande de la librería y ateneo La Maliciosa, en Madrid, para resolver dudas de más de un centenar de arrendatarios.