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21/08/2020 11:46 CEST | Actualizado 21/08/2020 14:56 CEST

Un juez anula el veto al tabaco en la calle y el cierre del ocio nocturno en Madrid

El magistrado entiende que la norma limita los derechos fundamentales.

GETTY IMAGES
Protestas anti mascarillas.

Un magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Madrid ha anulado la orden del Gobierno regional que prohíbe fumar en espacios públicos sin la distancia de seguridad, así como comer en el transporte público o cerrar el ocio nocturno, entre otras muchas medidas, según ha avanzado El País.

El juez entiende que la normativa regional no se puede aplicar al hacer referencia a una orden del Ministerio de Sanidad que aún no ha sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un hecho que produce “indefensión para los ciudadanos”, según explica, y que por tanto la convierte en “nula de pleno derecho”.

Además, ha detallado que la instrucción del Ministerio de Sanidad que recoge ese marco común para que las comunidades limiten aspectos como el consumo de tabaco o la actividad de ocio nocturno, y a la que se refiere la orden regional, no aparece como referencia en el Boletín Oficial del Estado.

El auto al que ha tenido acceso El País, expone a su vez que el Ejecutivo autonómico no puede limitar derechos fundamentales sin haber decretado el estado de alarma. Esta resolución judicial, contra la que cabe recurso, suspende su aplicación al no haber sido ratificada.

“Los derechos fundamentales no son ilimitados, pueden modularse cumpliendo los requisitos legales para ello y, aunque puedan justificarse determinadas decisiones desde el prisma de criterios no jurídicos, supuestos como el que se somete a nuestra consideración en el análisis de la orden, no adquieren la categoría de limitación y afectación de los derechos fundamentales, y, en el caso hipotético de que lo fueran, por lo dicho más arriba, no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la de la Consejería de Sanidad”, recoge la resolución.

Sanidad y las Comunidades tomaron esta decisión el pasado viernes, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ante el preocupante aumento de contagios e ingresos por coronavirus.

Madrid pide “aclaraciones”

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha mostrado su “pleno respeto” a la decisión judicial pero también su “contrariedad y plena disconformidad” por la medida que, según ha avanzao, recurrirán. Así, el Gobierno regional ha pedido urgentemente al magistrado que concrete a qué medidas se refiere la no ratificación y su motivación.

“Es confuso y vamos a pedir urgente aclaración del mismo. Un comunidad tiene competencia plena para aplicar medidas especiales de salud pública de 1986 y el resto de legislación en sanidad pública, permitiendo la limitación de actividades económicas y otra naturaleza, ya que medidas similares ya han sido aprobadas por otros jueces de lo Contencioso de la Comunidad de Madrid, sino de toda España”, ha esgrimido López.

El también secretario de Justicia e Interior del Partido Popular ha indicado que este auto “pone de manifiesto que vivimos en un dislate jurídico y es urgente la necesidad de actualizar la legislación sanitaria respecto a pandemia”. Por ello, ha recordado que el PP ha pedido al Gobierno de la Nación una nueva ley, pero “se fueron de vacaciones sin estar esta reforma”.

Según ha explicado Enrique López, esta legislación permitiría a las comunidades autónomas implementar medidas para proteger la salud pública, “permitiendo ciertas restricciones a derechos fundamentales, pudiendo ser recurridas posteriormente judicialmente”. “Sin perjuicio del debido control judicial, que se que pondere la salud pública y la protección de derechos, no solo los fundamentales”, ha añadido.

Por todo ello, ha pedido al Gobierno central que “suspenda sus vacaciones y a que se ponga a trabajar” en esta línea. “Ya advertimos antes del verano que había que hacerlo. El verano ha puesto de manifiesto que el virus sigue presente y que requerimos de esos instrumentos legislativos actualizados que el Gobierno se niega a utilizar”, ha dicho.

De hecho, el consejero madrileño ha afirmado que unos de los argumentos del auto de este juez que el Estado no ha publicado una resolución que diera soporte a las resoluciones adoptados por las comunidades. “Estamos ante un Gobierno que se encuentra ayuno de actividad, vago, renuente, que adopta medidas a destiempo y que debería estar más presente en la lucha contra el coronavirus”, ha concluido. 

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